Cartagena


Consorcio de alumbrado público insiste en mesa de trabajo con el Distrito

Desde principio de año el consorcio ha solicitado el diálogo con el Distrito para definir ajustes contractuales.

EL UNIVERSAL

05 de mayo de 2020 10:00 AM

Es claro que Cartagena ha sido una de las ciudades más afectadas en Colombia a cuenta del coronavirus, varios sectores económicos hoy están tras las cuerdas debido al aislamiento social , que incluso ya deja estragos hasta en la financiación del alumbrado público.

Recientemente Raymundo Pereira, representante de la Concesión de Alumbrado Público de Cartagena, envió un oficio a la Alcaldía de Cartagena, con el fin de definir cómo será financiado la operación y el mantenimiento del alumbrado público, los cuales si bien son costeados a través del impuesto de alumbrado público, de acuerdo con Pereira, con el decreto 513 de 2020, la Presidencia habría modificado la fuente de pago de tal manera que ahora, debido a la emergencia por el COVID-19, corresponde a los entes territoriales hacerse cargo económico de este servicio.

(Lea aquí: Concesión de Alumbrado Público envía SOS a la Alcaldía de Cartagena)

Dos mil millones en Fiducia

El mismo decreto contempla que el Distrito puede remitirse al Fondo Nacional de Regalías para cubrir este gasto, sin embargo según cuenta Pereira, en la Fiduciaria de Occidente se encuentran depósitos por encima de $2 mil millones del recaudo de los meses de enero y febrero, los cuales podrían ser usados a disposición del alcalde siempre y cuando él lo autorice, por lo que pide urgentemente que se realice una reunión para tratar el tema.

En estos momentos, dada la situación, afirma que el consorcio tampoco tiene para pagar la nómina de los 30 operarios que hacen parte de él y que se encuentra sin posibilidades de cumplir todas sus obligaciones en administración, operación y mantenimiento del alumbrado público, por lo que pide a la Alcaldía a concertar una reunión para evitar que haya fallas en el servicio.

Secretaría General responde

Sin embargo, tras manifestar su preocupación, la secretara General del Distrito, Diana Martínez, le respondió a través de un oficio, que el servicio debe seguir prestándose y el pago de este no será asumido por el Distrito sino como se venía haciendo, es decir, a través del impuesto, pues a su parecer, el decreto de presidencia no es una imposición, sino que el Distrito puede acogerse o no a él.

“Consideramos que la medida relacionada en el Decreto tiene carácter facultativo y discrecional del ente territorial quien podrá analizar la vialidad de esta clase de proyectos previa verificaron legal y de la capacidad financiera que lo hagan procedente. Así las cosas, en nuestro criterio el servicio de alumbrado público debe continuar prestándose y facturándose en la forma que se viene realizando, sin que ello se óbice para revisar lo que acorde a nuestras competencias sea viable”.

De obligatorio cumplimiento

Así las cosas, el representante de consorcio, le manifestó que “la suspensión temporal de ese gravamen hecha por decreto legislativo es una decisión presidencial de obligatorio cumplimiento, no admite discusión ni interpretación y es un alivio para el contribuyente de todos los estratos. Es, quizás, la única medida que alivia a todos los colombianos que a la fecha de expedición del decreto eran sujetos pasivos del impuesto”.

En este sentido, Pereira insta a la administración a recurrir a los excedentes que se encuentran en la Fiduciaria de Occidente para que atender los costos de operación y mantenimiento, que en 2019 se establecieron en 430 millones de pesos mensuales, y así evitar que se puedan presentar fallas en la prestación del servicio.

Además le solicita al Distrito, ordenar a la Fiduciaria de Occidente trasladar a la cuenta de la Unión Temporal Ecosodio SAS – Electro Construcciones SAS, $200millones de pesos para completar los $430 millones de la operación y mantenimiento, que no pudieron ser recaudados en marzo debido a la crisis de la pandemia, que ha llevado a muchas empresas y sectores a no poder cumplir con el pago de servicios.

También pide al Distrito, que solicite a la Fiduciaria de Occidente trasladar a la misma cuenta, $100 millones de pesos por concepto de expansiones certificadas por la interventoría y $1,000 millones por operación y mantenimiento del sistema de semáforos.

Los otros temas

Ahora bien, pero la financiación de la operación y mantenimiento del alumbrado no es el único tema pendiente entre el Distrito y la concesión. Según informó Pereira, desde inicios de este año se tenía pensado instalar una mesa de trabajo con la Secretaría General para redefinir los costos de operación y mantenimiento, que en 2019 se establecieron en 430 millones de pesos mensuales, monto que resulta ser insuficiente para cubrir todas las obligaciones que tienen.

Tras la llegada de la pandemia, el proceso naturalmente suspendió y hasta el momento, siguen esperando respuesta de la Alcaldía para poder concretar ese asunto.

Lo que se pretende con dicha reunión es definir también un reclamo radicado en mayo de 2018 sobre el desequilibrio contractual. Definir cómo se continuará prestando el servicio del Sistema de semáforos de la ciudad, que tiene un costo de $300 millones mensuales, y que por disposición de la Creg es improcedente hacerlo con recursos del impuesto de alumbrado público y aún así ya se ha prestado en los meses enero, febrero, marzo y lo que va corrido de abril de 2020.