Cartagena


Consultoría de Aquarela, a la espera de la firma del acta de inicio

Si bien tanto el contrato de la consultoría como el de la interventoría ya fueron adjudicados, aún falta que se firme el acta de inicio para comenzar con los estudios.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

06 de agosto de 2022 12:00 AM

Desde hace varios años, el edificio Aquarela, ubicado a escasos metros del Castillo San Felipe, es símbolo de polémica en la ciudad.

La razón es que su construcción, tal como lo determinó la Unesco, pone en riesgo el estatus de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, algo que ha sido respaldado por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría que han insistido en la demolición de la estructura.

Lea aquí: ¿Se logrará demoler Aquarela antes de que finalice el 2022?

Con este propósito, y con el amparo de una medida correctiva de restitución del espacio público que ordenó la Inspección de Policía No. 2 en 2018, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) abrió el proceso para contratar una consultoría especializada que tiene como fin realizar los estudios, evaluaciones, diagnósticos y recomendaciones que permitan demoler la obra.

Este contrato fue adjudicado el 29 de abril de 2022 a la empresa Proyectos Urbanos y Construcciones del Caribe SAS; mientras que el contrato de interventoría fue adjudicado el 14 de julio de 2022 al Consorcio Interventoría Estudios Técnicos Aquarela.

Según detalló el FNGRD a El Universal, el pasado 3 de agosto se enviaron las instrucciones a la Fiduprevisora para la elaboración de los contratos, por lo cual esperan contar con la minuta y el acta de inicio para la consultoría al finalizar la segunda semana de agosto.

Habla la constructora
Frente a este proceso, la Promotora Calle 47 SAS, encargada de la obra, insistió en que la orden policiva en la que se ampara el proceso para demoler el edificio en realidad versa sobre un área mínima de la construcción (619 m²), por lo cual aseguran que se puede cumplir con la medida correctiva sin necesidad de demoler toda la estructura.

“Así las cosas, cualquier intervención en la obra sin orden judicial y/o administrativa constituye una actuación abiertamente antijurídica, con consecuencias económicas de gran significado para el Distrito y para los cartageneros en general”, puntualizaron.

Cabe recordar que para seguir adelante con este proceso, la Alcaldía de Cartagena requirió la asesoría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la cual emitió un concepto favorable sobre seguir adelante con el proceso en cumplimiento de la medida de restitución del espacio público.

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