Trabajadores de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad se reunieron ayer en la mañana en los bajos del edificio donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) en el Centro, pidiendo una respuesta clara sobre su situación, toda vez que ya han contratado a varios operadores y a ellos aún no les han adjudicado ningún contrato, por lo que con pancartas, arengas y con presencia del presidentes de Sintraeducar, Efrén Villalobos, piden que les definan su situación lo más rápido posible.
“Soy docente desde hace 13 años, he estado con varios operadores y ahora con el que estoy no nos contrataron y no sabemos qué pasará con nuestros empleos, pues no nos han dicho nada y no podemos seguir así”, dijo Margarita Polo, de la Corporación Los Ángeles.
Mientras estos trabajadores de los CDI pedían que el director regional del ICBF hablara con ellos, en las instalaciones de El Universal estaba Henry Keep, de la veeduría ciudadana Interveen, que se encarga de hacer un control social a las contrataciones que el ICBF realiza, de acuerdo a la Ley 850 de 2003.
Keep explicó que existe una norma, la Ley 80 de 1993, para contratar y es la que el instituto, desde dirección general, ha tenido en cuenta para este nuevo proceso de contratación.
“Los operadores que se han quejado de la contratación del ICBF, veo que tienen una desinformación con respecto al tema, porque ellos están omitiendo lo principal que es no tener en cuenta la libre concurrencia, pluralidad de oferentes, lo que quiere decir que un contratista del ICBF, como muchos que se encuentran perpetuados desde hace muchos años contratados con el ICBF, no dan espacio a otros contratistas y eso es una gran preocupación”, explicó el veedor, quien añadió que “esta contratación es directa, por decirlo así, desde el banco nacional de oferentes. La Ley 80 de 1993 habla de los principios de contratación, los cuales son de concurrencia, pluralidad e igualdad de oferentes”.
La contratación de los nuevos operadores se ha atrasado, según señaló Keep, porque muchos de los proponentes que no fueron aceptados, apelaron y por eso en el Secop, donde está la convocatoria, siguen aún recibiendo la documentación.
“Los que no quedaron habilitados por cualquier circunstancia con respecto a los requisitos, presentaron un recurso de apelación y eso es lo que tiene atrasado todo el proceso de la convocatoria que se abrió en diciembre de 2019”, indicó.
La última contratación se dio en el 2014 y, al parecer, muchos de los operadores que ahora están manifestando sus quejas, están funcionando desde ese año, por lo que Keep dice que por ley deben darle oportunidad a otros.
“Muchos oferentes cumplen con los requisitos y criterios legales para ser contratados, pero siempre se ha llamado a los mismos, por eso este nuevo sistema busca que en todas las regionales se puedan seleccionar a unos diferentes”, comentó.
Con esta nueva convocatoria, según señaló, lo que se busca es darles oportunidades a otros operadores que cumplen con las mismas funciones y así “buscar una maximización de una buena prestación de servicio en beneficio de los niños”.
Algo que tiene preocupados a los trabajadores de estos operadores es que quedarán sin trabajo, ante esto el veedor indicó que esto no es cierto.
“El ICBF tiene a madres en transición, ellas no pueden quedar sin trabajo, son acuerdos que están desde hace muchos años por parte de la sede nacional, son lo más importante en este caso, mantenerlas y conservarlas a ellas, mantenerles la continuidad en su trabajo, siempre ha sido así, por normatividad, por linamientos, las madres en tránsito no pueden ser excluidas, tienen que mantenerse”, comentó.
Respecto a las docentes, nutricionistas y demás personas del equipo interadministrativo, señaló que si cumplen con los lineamientos y estándares del ICBF, siguen prestando su servicio.
“En algunos casos ellos sí se pueden rotar, porque su contratación es por prestación de servicios, sin embargo, siempre se sigue tomando el mismo personal”, finalizó, añadiendo que “simplemente les pido a los operadores que comprendan y entiendan que existe una norma, una ley para contratar y es la de concurrencia y pluralidad de oferentes, no podemos perpetuar la contratación”.
El veedor alega que lo que más ha notado a en todas las regiones es que los operadores están preocupados por su empleo, pero no piensan en que los menores de edad se están atrasando.
“Es cierto que a nadie le gustaría quedarse sin empleo, pero creo que lo que más importa es la educación de los niños y niñas, pues los trabajadores no se quedan por fuera, además que muchos operadores son llamados a trabajar en otros lugares y así como algunos aceptan, otros no”, dijo.
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