Cartagena


Corte anuló fallo que entregó extensos predios en Barú a una nativa

Después de 12 años, la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó iniciar el proceso de cero. En 2008 se pretendía construir un complejo hotelero en el lugar.

REDACCIÓN CARTAGENA

20 de enero de 2021 05:16 PM

Los terrenos de Barú son quizás uno de los más codiciados en la ciudad. Su ubicación estratégica en medio de un conjunto de islas de aguas cristalinas hacen que cualquier empresario quiera instalar un megaproyecto hotelero y potenciar el destino turístico.

En medio de esos deseos, las instancias judiciales han tomado decisiones que han puesto un freno a varios proyectos. En 2008 el Tribunal Superior de Cartagena resolvió un litigio entre el Estado y nativos por un predio conocido como ‘Los Pantamos’, al conceder el titulo de propiedad a Lucía Alvarado Pacheco, nativa de la isla, y quien habría heredado las tierras de su abuelo.

Además, ordenó al Gobierno y a un grupo empresarial devolver las tierras donde se pensaba construir un megaproyecto hotelero que tenía como socios al Estado a través Fonade (actual Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial); Valorem, del grupo de Alejandro Santo Domingo; e Inmobiliaria Barú, de la familia de Gabriel Echavarría.

El proyecto proponía la construcción de cuatro hoteles de 250 habitaciones, 2.000 villas y un campo de golf de 18 hoyos.

Aunque se creía que el caso estaba cerrado, recientemente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dio un revés a la decisión y anuló el fallo del Tribunal Superior de Cartagena. En otras palabras, abrió la puerta para que se construya un nuevo proyecto ya que el proceso deberá iniciar de cero.

De acuerdo con la nueva decisión de la Sala Civil, el fallo de 2008 presentó una serie de irregularidades que habrían vulnerado los derechos al debido proceso y a la defensa del Gobierno nacional y los particulares, como por ejemplo, que no se convocó a varias sociedades que también tenían interés en el proceso: Redes de Colombia S.A., Primeother Ltda., y Primevaleuservice S.A.S.

“La imposición de esa condena, entonces, transgredió el derecho a la defensa (uno de los elementos constitutivos del debido proceso), traducido en la posibilidad de los justiciables de ser oídos con antelación a la determinación judicial de sus derechos y obligaciones”, dice el fallo.

Así las cosas, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para abrir investigaciones a los magistrados que firmaron el fallo inicial, a los funcionarios judiciales que participaron en dicho trámite, y a la secretaria del tribunal que no publicó la sentencia para que en ese entonces se pudiera apelar.

“Se sirva investigar la conducta de las partes y funcionarios judiciales que participaron en el trámite, con inclusión de los togados Alcides Mora y Edgar Serrato, quienes profirieron el fallo anulado”, se lee en uno de los apartes.