El supuesto caso de acoso laboral al que habría sido sometido Mauricio Múnera, funcionario de carrera judicial en el cargo de oficial mayor en el Juzgado Décimo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cartagena, por parte de su jefa, la juez Zoa Pérez Torres, y la secretaria de este despacho, Nasly Guardo Martínez, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y será el magistrado Fernando Castillo Cadena quien defina si existe o no acoso laboral en este juzgado.
A través de una tutela, Múnera reclamó la vulneración de los derechos al trabajo en condiciones dignas y a la salud mental. En el documento, aseguró que fue maltratado verbalmente, sometido a gritos y expuesto a sobrecarga laboral.
Milton Pereira, apoderado especial de Mauricio Múnera, en conversación con El Universal, aseguró que por los inconvenientes laborales, su representado padece de un trastorno mixto de ansiedad y que, por esas situaciones, interpuso hace más de un mes una queja disciplinaria ante el Consejo Superior. Allí expuso las vulneraciones a las que supuestamente fue sometido y también, hace dos meses, acudió al Comité de Convivencia sin obtener respuesta alguna.
“Lo último que pasó en el caso fue que el Comité de Convivencia le solicitó para que hoy (ayer) se presentara a aclarar la queja, situación que no entendemos, ya que la queja es demasiado clara”, explicó Pereira.
El abogado agregó que simultáneo a todo este proceso, Mauricio fue hospitalizado durante dos semanas en la Clínica de la Misericordia, y luego se incapacitó extrahospitalariamente en su casa con ocasión del acoso laboral. Puntualizó que el trastorno de ansiedad mixto le genera a Mauricio ansiedad y depresión, lo cual le impide desarrollar sus labores y que generalmente tiene que tomar medicamentos de alto impacto.
Tras salir de hospitalización, Múnera retomó el pasado lunes sus labores en el Juzgado Décimo, pero a los pocos días de llegar la juez le notificó de un proceso disciplinario en su contra.
“Él retornó el lunes de esta semana, y a pesar que él manifestaba que no se sentía seguro de ir al trabajo y que tenía miedo, volvió de manera normal y este jueves recibe una comunicación por parte de la juez, donde le inicia un proceso disciplinario en etapa de indagación preliminar con ocasión a hechos que ocurrieron el 22 de febrero. Entendemos que esta situación es una persecución por todo lo que nuestro cliente está haciendo frente a las conductas de acoso laboral”, dijo Pereira, quien aseguró que no se conocen las supuestas faltas que motivaron este proceso disciplinario.
En cuanto a la tutela presentada, inicialmente el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Laboral manifestó que era improcedente.
“Hemos revisado esa sentencia y es una sentencia que es contraria a lo que ha manifestado la Corte Constitucional, porque el hecho de acudir al Comité de Acoso Laboral no es un comité que va a tomar medidas para garantizar derechos fundamentales, y el Tribunal ha dicho que tiene otro medio de defensa y ya dejamos claro que han pasado dos meses y el Comité de Convivencia no ha hecho nada”.
Pese a esto, la Corte Suprema de Justicia sí consideró la tutela procedente para garantizar la protección en este supuesto caso de acoso laboral. “La Corte ha dicho que la tutela es el método efectivo para garantizar la protección de derechos fundamentales producto del acoso laboral. Hoy el caso se encuentra en despacho de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, para que determine, de acuerdo a lo sustentado en el escrito, si concede el amparo del derecho fundamental”, concluyó Pereira.
El Universal se comunicó vía telefónica con la juez Zoa Pérez, quien aseguró que no daría declaraciones respecto a este caso, ya que es manejado por el departamento de recursos humanos de la Rama Judicial.
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