A pesar de tener capacidad para 1.200 reclusos, custodiados por 128 guardias, la Cárcel de Ternera alberga a 2.306 detenidos, con el mismo número de guardias. De esos 2.306, más de mil son personas sindicadas que no le pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero sí le cuestan a su bolsillo.
El panorama lo reveló a El Universal Edward Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), quien explicó por qué los sindicados no son responsabilidad del Inpec, y recalcó que para aliviar la carga que generan, gestionó convenios con la Alcaldía de Cartagena en 2016 y 2017.
“La Ley 65 del 93, en sus artículos del 17 al 19; y la Ley 1709 del 2014, que modificó una parte de la ley anterior, establecen que los internos condenados le pertenecen al Estado y los sindicados a los entes territoriales. Esto quiere decir que las alcaldías deben tener una cárcel propia para sus sindicados”, afirmó Montaño.
Indicó que si los entes territoriales “no tienen una cárcel propia, pueden hacer un convenio interadministrativo con el director General del Inpec. La norma dice que deben cumplir con el pago de unos servicios, como alimentación, movilización de las personas privadas de la libertad, y el pago de los honorarios de los funcionarios, que es una prima extracarcelaria que llega a ser hasta del 30 % del valor del convenio. El restante se invierte en las necesidades del penal, según lo acordado en una reunión previa con el director de la cárcel, que es el supervisor del convenio por parte del Inpec. Se pueden comprar vehículos para la movilización de los internos, colchonetas, útiles de aseo, mejoras de la estructura, etcétera”.
En específico, la Ley 65 del 93, por la cual se expide el Código Penitenciario, reza en su artículo 17 que “corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”.
Recalca además que “en los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles (...) Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo”.
Sobre los convenios
La misma Ley 1709, en su artículo 19, establece que “los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Inpec, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales; provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos; reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios”.
Dos convenios ejecutados
Con el objeto de contribuir al funcionamiento de la Cárcel de Ternera, con el fin de que reciba a las personas sindicadas en detención preventiva y condenadas por contravenciones, que hayan sido privadas de la libertad por decisión de autoridad judicial; el Inpec ha suscrito dos convenios con la Alcaldía de Cartagena. Uno en 2016 y otro en 2017, bajo la administración de Manolo Duque.
El primero se firmó por 150 millones de pesos, el 19 de diciembre de 2016. Allí, de mutuo acuerdo con el director General del Inpec, Jorge Luis Ramírez Aragón, el mandatario de “Primero la Gente” se comprometió a “destinar dentro del presupuesto Distrital la cuantía de 150 millones de pesos, para ser distribuidos así: el total del valor del convenio, para el pago del sobresueldo de los funcionarios del establecimiento carcelario; destinar el servicio y remuneración permitidos en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993; ejecutar las sumas establecidas en la presente cláusula, de acuerdo con las destinaciones y procedimientos pactados”.
Al Inpec se le otorgó la responsabilidad de recibir, alojar y custodiar a los sindicados privados de la libertad en la Cárcel de Ternera, presentar al Distrito informes trimestrales de la ejecución del convenio, y la elaboración de otros informes y actas.
Montaño precisó que ese convenio “solamente se hizo por el pago de los honorarios de los funcionarios del Inpec, porque como llegó a fin de año no se alcanzaba a ejecutar nada más”.
Ejecutado al 100 %
Con el mismo Duque, el instituto penitenciario firmó convenio el 21 de julio de 2017. Las obligaciones del Inpec fueron las mismas pero variaron el monto aportado por el Distrito y sus obligaciones.
De destinar 150 millones de pesos en 2016, el año pasado se acordó destinar 500 millones de pesos, para distribuirlos así: el 30 % del convenio por un valor de 150 millones de pesos para compra de vehículo para el transporte de internos; el 40 %, por un valor de 200 millones de pesos, para dotación de colchonetas, kit de aseo y sábanas para los internos; y otro 30 %, por un valor de 150 millones de pesos, para pago de sobresueldo para los funcionarios de la Cárcel de Ternera.
Montaño sostuvo que este convenio “se ejecutó en su totalidad”, y añadió que “en los convenios no se estipula el número de internos (a recibir). Nos dicen, tengo 50, 100, 500 millones para hacer el convenio, y nosotros no exigimos nada.
“Se ha divulgado muchas veces que la cárcel está que se nos cae. Por esto se hace el convenio. Los alcaldes deben empezar a evaluar a qué rubro presupuestal pueden acudir para cumplir con esta disposición”.
El costo de un recluso
Según el presidente del SEUP, “cada uno de esos mil internos, que aproximadamente tenemos y que le pertenecen al Distrito, cuestan un millón 300 mil pesos mensuales, o sea, 13 millones de pesos al año. En total, cada año le cuestan más de 20 mil millones al Inpec”.
Indicó que “este año no hemos firmado convenio y si nos dan 600 millones de pesos, dividido por los 13 millones de pesos que cuesta un solo detenido al año, solo alcanza para 46”.
La solución
El guardia dijo que “desde hace más de un año venimos dialogando con los gobernadores y alcaldes de turno sobre la necesidad de que construyan su propio penal, o que en trabajo conjunto con el Inpec subsidien la construcción de una megacárcel, con presupuesto nacional y presupuesto distrital, con cupo para dos mil personas. Eso aliviaría las cargas. En Cartagena la Cárcel de Ternera quedó pequeña. Dicen que sí, nunca dicen que no, pero no ha quedado nada. Dicen que están trabajando en eso, pero nada”.
¿Criminalizados por el fiscal?
El presidente nacional del SEUP, Nelson Barrera Morales, denunció y rechazó las declaraciones dadas a la prensa por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el pasado 15 de mayo.
En las declaraciones, Martínez sugiere la comisión de una serie de delitos en contra del patrimonio público, ejercida por parte de algunos funcionarios del Inpec que “estarían solicitando sobresueldos” a los entes territoriales.
Para Barrera, “dichas afirmaciones, más políticas que jurídicas, en un momento coyuntural en donde en solo unos días se decide democráticamente el nuevo gobierno, respaldan los postulados efectuados por un candidato presidencial, quien de manera expresa ha manifestado su voluntad de acabar con nuestro instituto”.
Resaltó que “el fiscal General de la Nación, hoy desconoce lo citado en las leyes 65 de 1993, 1709 del 2014, 715 del 2001, 734 de 2002 y 1474 del 2011, donde establecen unas responsabilidades frente al sistema penitenciario y carcelario colombiano a cargo de los entes territoriales. Los artículos 17, 18, 19 y 19 A de la Ley 65 de 1993 desarrollan completamente dichas obligaciones, que no buscan obtener un sobresueldo municipal para los servidores penitenciarios, sino la dignificación y humanización de las cárceles y penitenciarías del país, a partir del cumplimiento de los deberes legales de los entes territoriales”.
SEUP exigió la retractación de las declaraciones efectuadas por Martínez Neira e invitó a no criminalizar la gestión efectuada por los servidores penitenciarios ante los entes territoriales.
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