Como una "violación grave a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario" calificó el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez el ataque perpetrado por las Farc a un bus en la ruta Cali-Tumaco, el pasado viernes 19 de noviembre. El atentado, que dejó un saldo de seis personas muertas y 11 heridas, es calificado como "un ataque directo a la población civil", por lo que para la Defensoría del Pueblo demuestra "que sus responsables no tienen ningún respeto por la vida humana". Pérez culpó a la Columna Mariscal Sucre de las Farc, que opera en el municipio de Ricaurte, Nariño, como el responsable del "acto terrorista". La Defensoría del Pueblo también alertó que en el municipio de Ricaurte operan además de las Farc, grupos armados ilegales como Águilas Negras y los Rastrojos, quienes son acusados de desplazamiento forzado, homicidio, extorsiones, masacres y amenazas contra la población civil. Por su parte, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó el ataque y advirtió a los miembros del grupo guerrillero "que los ataques indiscriminados contra la población civil son prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario". Asimismo, manifestó que "Quemar pasajeros medio dormidos en un bus, asesinar y herir niños indefensos son actos de barbarie que condenamos fuertemente". Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado al Estado colombiano para "castigar a los responsables de este crimen".
Cartagena
Defensoría del Pueblo condena ataque de las Farc a bus en Nariño
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