Más de $1 billón están en juego por cuenta de las demandas arbitrales instauradas por Sotramac y Transambiental en contra del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe, que atraviesa una profunda crisis financiera.
Las demandas fueron presentadas el año pasado ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio y principalmente tienen que ver con el riesgo económico que se produjo con el desequilibrio entre la tarifa técnica y la tarifa de usuario. (Lea aquí: Transcaribe agoniza: operadores demandan al sistema por $1 billón y medio)
Según el informe de este 2021, mover a un pasajero en Transcaribe cuesta un total de $5.500, pero la tarifa regular a los usuarios es de $2.600, lo que produce una amplia diferencia de $2.900 por pasajero que al multiplicarse, le cuesta millones de pérdidas al sistema.
La situación se agrava más ahora que el recaudo está suspendido y que menos personas se movilizan pagando la tarifa regular.
Si bien las demandas fueron presentadas en 2020, es poco lo que se ha avanzado en el proceso. Sin embargo El Universal conoció a través de Funcicar, que el Distrito ya contrató su servicio de representación judicial por $714 millones.
El contratista es la Sociedad Meza Armenta Abogados S.A.S y la firma se dio el pasado 22 de abril, bajo la modalidad de contratación directa, aunque la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) se dio el 27 de abril.
Sobre ello, Transcaribe informó que los recursos para este contrato se apropiaron en el presupuesto para la vigencia del 2021 aprobado a finales de 2020, teniendo en cuenta las demandas presentadas por los operadores.
“El ente gestor también era consciente de que la contratación de esta representación judicial sería necesaria, al no contarse dentro de la planta con personal que permita desarrollar las actividades de defensa judicial, las cuales exigen una experticia y conocimiento altamente técnico y especializado para la defensa dentro del campo arbitral, propio de firmas de abogados con amplia experiencia e idoneidad en dicha área”, manifestaron.
En este sentido añadieron que la selección del contratista se realizó en cumplimiento a los principios de economía, transparencia, selección objetiva y responsabilidad.
“Es válido resaltar que los honorarios de la defensa en este tipo de litigios dependen del valor de los honorarios de los árbitros de cada proceso. En este sentido, en esta contratación primó el principio de economía, ya que se logró concertar el valor de los dos tribunales, por un costo muy inferior al que se hubiese llegado, que para este caso rondaba los $1.200 millones, como es de público conocimiento, por las múltiples ofertas que se recibieron para lograr esta contratación”, puntualizaron.
Las demandas
Si bien las demandas de Transambiental y Sotramac parten de un mismo punto, a fin de cuentas constituyen procesos diferentes, pues el primero solicita la terminación anticipada del contrato, mientras que el segundo solo exige que Transcaribe cumpla.
En el caso de Transambiental, la demanda suma más de $710 mil millones y espera que se declare que Transcaribe cometió un incumplimiento grave del contrato de concesión al no asumir los efectos de la variación de la tarifa técnica y de usuario ni la obligación de restablecer el equilibrio económico del SITM agravado por la pandemia de COVID-19. Por este motivo argumentan la terminación.
Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, por su parte, explicó que en su caso prefieren agotar el primer recurso de demandar por incumplimiento antes que solicitar la terminación anticipada del contrato, pues esto le costaría al SITM aproximadamente $850 mil millones.
Este tribunal ya tiene árbitros y en estos momentos están corriendo los términos para que el SITM conteste la demanda arbitral.
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