La decisión fue del Tribunal Administrativo de Bolívar al rechazar la petición de una demanda de reparación directa.
La demanda fue interpuesta por Manira Mercado y se quejó de que en el año 2002 cuando el Distrito inició las obras de construcción de la Casa de Justicia varias casas vecinas al lote donde se realizaban las obras empezaron a presentar grietas, las cuales fueron atribuidas al uso de maquinaria pesada y a los trabajos de compactación del terreno.
La demandante señala que su casa quedó en mal estado, por lo cual se vio obligada a arrendar otra vivienda.
Sin embargo, el reclamo de la demandante no tuvo eco ni en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, ni en el Tribunal Administrativo de Bolívar, pues en ambas instancias denegaron la pretensión del pago de los daños, coincidiendo ambos entes judiciales que no había pruebas certeras que los daños presentados en la vivienda de la quejosa y otras vecinas fuese por las obras de la Casa de Justicia.
Sin embargo, la demandante aseguró, en su acción, que hay suficientes pruebas que las máquinas compactadoras ejercieron un movimiento de tierra en el sector, quedando las casas vecinas afectadas.
El Tribunal señaló además que la demandante no acreditó ser propietario de la vivienda afectada, pues solo acreditó escritura pública de la venta del inmueble, y tampoco demostró que los daños generados en su casa tuviesen alguna relación con los trabajos que se hacían en la edificación pública.
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