Distrito desalojará a familia que tiene 70 años de vivir en Canapote

01 de mayo de 2010 12:01 AM

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El próximo lunes, 3 de mayo, la Alcaldía Mayor de Cartagena pretende adelantar en el ba-rrio Canapote, la diligencia de restitución de un inmueble en donde vive desde hace, aproximadamente, 70 años una familia que se niega a desalojar. Se trata de la familia Bello Torres, cuyos actuales residentes son hijos y nietos del matri-monio conformado por José Bello Imitola y Mercedes Torres de Bello, quienes a principios del siglo pasado compraron el predio, por el que les expidieron un recibo de pago como úni-ca constancia del contrato. La vivienda está localizada en la calle 60 No.14-13. De acuerdo con lo relatado por Alfonso Bello Torres, hijo de la pareja en cuestión, José Bello y Mercedes Torres construyeron una vivienda, después de rellenar espacios cenagosos y poblados de maleza. En el lote nacieron sus ocho hijos, quienes, al ir conformando sus propios hogares, cons-truyeron accesorias en el patio de la vivienda y es así como ahora viven ahí 8 núcleos familia-res, que alegan no tener a donde ir. Cuentan los Bello Torres que en 1983, cuando el Gobierno Distrital iba a construir la Carretera Marginal del Sur, inició la compra de las viviendas que estaban a orillas del Caño Juan Angola, por lo cual la señora Mercedes Torres se apresuró a diligenciar, en la Notaría Segunda de Cartagena, la escritura de posesión material número 578 del 21 de abril de 1983, dada la cantidad de años que llevaba viviendo en dichos terrenos. Posteriormente, el Gobierno Nacional, facultado por la Ley 62 de 1937, expidió el de-creto 007 del 4 de enero de 1984, que le permite ordenar la recuperación de tierras, a través del relleno de caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena. ¿Hubo error? Como consecuencia de esas facultades, Edurbe legalizó la propiedad sobre el inmueble, como consta en la escritura pública No.1364 del 2 de junio de 1998, de la Notaría Quinta de Cartagena de Indias, registrada el 16 de junio de 1998, con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0171678. “Después —anota Alfonso Bello—, funcionarios de Edurbe nos visitaron y acordaron cancelarnos 40 millones de pesos. Al día siguiente, al momento de firmar los documentos de pago, entrega y desocupación del inmueble, el cheque había sido girado solo por la suma de 18 millones. Lógicamente, no lo aceptamos”. Soledad Caballero Pacheco, abogada de los Bello Torres, afirma que el Distrito cometió un error al constituir las escrituras de los predios sin antes dialogar con las familias para llegar a un acuerdo que no lesionara a ninguna de las partes. Como consecuencia, la familia Bello presentó denuncia contra el Distrito ante la Fiscalía de Cartagena. Asimismo, dicen haberle propuesto al Gobierno Distrital que les cancele la suma de 300 millones de pesos para abandonar el predio, a lo que el Distrito ha respondido que puede entregarles dos casas de interés social, propuesta que tampoco aceptan los Bello Torres, to-mando en cuenta que en la casa viven ocho núcleos familiares. Los Bello dicen tener más de 20 años de estar luchando con el Distrito para resolver la situación, pero mientras tanto no pueden vender ni hacer ningún otro tipo de negociación con el predio, por la declaratoria de “bien de uso público” que pesa sobre él. El desalojo va: Ricaurte El alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, José Ricaurte Gómez, encargado de la diligencia de restitución, se sostiene en que durante la diligencia se han hecho todas las acciones pertinentes durante las cuales la familia Bello no ha podido demostrar que el predio le pertenece. El funcionario ratificó que, en efecto, los Bello apelaron a su condición social y solicitaron que el Distrito los ayudara con una vivienda, por lo cual se hicieron las gestiones pertinentes ante Corvivienda y la Secretaría del Interior de Distrito y les propusieron dos viviendas de interés social, ofrecimiento que no fue acogido por la familia, que pide por lo menos cinco casa o, en su defecto, 300 millones de pesos. “En estas condiciones —afirma el alcalde— la diligencia de desalojo debe continuar, de-jando en claro que en ningún momento se cometió abuso contra los ellos”.

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