“Queremos construcción y traslado por la vida de los niños”, se leía en una de las pancartas que representantes de la JAC de El Prado y padres de familia de estudiantes de la IE Rafael Núñez, sede Simón J. Vélez, usaron en la mañana de ayer para protestar contra el Distrito.
Según ellos, el alcalde y la Secretaría de Educación Distrital han desacatado fallos de tutela de primera y segunda instancia que ordenan arreglar esa sede. Paredes “podridas” y húmedas, que en ocasiones se calientan y “patean” a quienes entran en contacto con ellas hacen parte de su problemática.
En diálogo con El Universal, John Jairo Rodríguez Serrano, jefe jurídico de la Secretaría de Educación, aseguró que los fallos sí se están cumpliendo, pero los padres de familia se oponen a la ejecución de las obras, alegando que representan un riesgo para los estudiantes.
“El Juzgado Doce Administrativo, el 6 de agosto de 2018, ordenó al alcalde mayor y al secretario de Educación Distrital, realizar los trámites administrativos presupuestales para garantizar la disponibilidad y la ejecución de unas obras de intervención de infraestructura en la Institución Educativa Rafael Núñez, sede Simón J. Vélez”, contó Rodríguez.
Esa decisión fue impugnada por el Distrito y, en segunda instancia, el 17 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar la ratificó. “Modifica el artículo segundo. Nos da un término de 4 meses para realizar las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias (...) e impuso que en los ocho meses siguientes al vencimiento del término anterior se ejecutaran las obras que resolvieran de manera definitiva la problemática. Primero nos concede cuatro meses y después ocho, es decir, un año”, explicó el jurídico.
Señaló que “también nos da 48 horas para realizar un diagnóstico de la problemática, en forma conjunta con la Secretaría de Infraestructura y Dadis. El informe concluyó que no hay ningún riesgo inminente para la vida de los educandos y del personal administrativo y directivo docente. Es así como firmamos un contrato por mínima cuantía, el 14 de diciembre de 2018, para cumplir con los fallos”.
Sin embargo, apenas se dispusieron a ejecutar las obras fueron “frenados”. “Nos encontramos que la JAC, la veeduría y algunos padres no quieren que las obras se ejecuten estando los estudiantes allí. Eso es lo que vamos a estudiar para ver qué decisión tomamos. El contrato no se puede suspender porque entraríamos a situaciones legales”.
Rodríguez manifestó que tras la protesta, las partes en discordia se reunieron, pero no llegaron a un acuerdo. “No hemos tomado una decisión definitiva de lo que se va a hacer. Estamos realizando trámites internos para llegar a un acuerdo y solucionar la situación presentada”.
Agregó que se realizaría una segunda reunión, “a más tardar el viernes”, en aras de tomar una decisión definitiva.
El Universal conoció que detrás de la oposición a un aislamiento de la zona de obras, para que se ejecuten en presencia de los estudiantes sin ponerlos en riesgos, habría el interés de un líder comunitario de que se arriende una casa. Para no caer en su pretensión, el Distrito propondría trabajar 24 horas en Semana Santa.
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