Docentes pensionadas claman por su salud ante Clínica General del Norte

04 de mayo de 2016 12:00 AM

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Heydin Ramos Caballero, de 49 años, y Jackeline Atencio Martínez, de 46, son dos docentes pensionadas usuarias de la Organización Clínica General del Norte-programa Magisterio Bolívar, cuyo estado de salud ha decaído progresivamente.

La primera se encuentra internada en la Clínica Blas de Lezo desde el 17 de diciembre de 2015. Sus familiares cuentan que tras ser diagnosticada con miomatosis uterina, le programaron una histerectomía abdominal por laparoscopia. Ese fue el último día que hablaron con ella.

“Entró caminando, normal, pero durante la cirugía tuvo un paro cardiorespiratorio, tuvieron que reanimarla y eso le afectó el cerebro. En este momento mi hermana presenta un daño neuronal”, dijo Eisin Ramos.

Recalcó que “necesitamos trasladarla de la clínica a un sitio de rehabilitación, pues no le están prestando esos servicios (…) Viendo que pasaba el tiempo y ni la EPS ni la IPS nos resolvían, interpusimos una tutela (7 de marzo), pero el juez falló que no podíamos trasladarla a ningún lugar porque no había una autorización de los médicos que la estaban tratando”.

Jorge Luis Carmona Pérez, esposo de la docente, precisó que la orden médica para remitirla a una unidad de cuidados crónicos fue emitida desde el pasado 19 de febrero. “Ahí es donde nuestra EPS, que es la Clínica General del Norte no ha cumplido”.

Con ese documento en mano, el pasado 29 de marzo impugnó el fallo de tutela. Hasta el día de hoy no ha obtenido respuesta.

Carmona puntualizó que Heydin “tiene problemas de motricidad, mueve el cuerpo pero de manera involuntaria; no puede caminar (…) Le hicieron una traquectomía para mejorarle la respiración y una gastrostomía para introducirle los alimentos”.

Añadió que “la EPS está esperando que un juez ordene el traslado porque de su cuenta me han llevado de aquí a allá y no me resuelven la situación”.

HABLA LA CLÍNICA
En respuesta a un derecho de petición, el pasado 10 de febrero la Clínica Blas de Lezo comunicó que a Heydin “el servicio de neurología ha realizado diagnóstico de: encefalopatía hipóxica – isquémica, secundaria a reanimación cardio-cerebro-pulmonar, que en otras palabras significa que en su cerebro probablemente sufrió daño por el paro cardiorespiratorio que tuvo en cirugía”.

Según esa entidad, la rehabilitación de la paciente “se puede realizar tanto en el medio hospitalario, como en una unidad específica para tal fin, y por ello se han seguido realizando las actividades prescritas por el profesional de neurología”.

Así mismo dice que “sí es necesaria la remisión a otra institución para continuar su recuperación, esta debe ser asumida por su asegurador, en este caso el programa Magisterio”.

Culmina alegando que “según exámenes clínicos y de apoyo diagnóstico, el pronóstico de recuperación de la paciente depende de la respuesta que ella tenga a las terapias de rehabilitación, por tal motivo se debe continuar seguimiento a lo largo del tiempo (principalmente los primeros seis meses) según logros alcanzados en rehabilitación y de esta manera realizar evaluaciones periódicas que permitan detectar la mejora o en su defecto el estado estacionario o deterioro de su condición neurológica”.

NO RESPETAN TUTELA
Desde hace más de seis años, Jackeline sufre de una isquemia cerebral que controla con medicamentos. Sin embargo, “las dolencias no me dejan dormir, son cada vez son más fuertes. Ya no tengo fuerzas en las extremidades”, manifestó.

Aseguró que “el médico de la EPS, al ver que las dolencias no se me quitan, me mandó para una valoración por medicina nuclear”. Esa consulta se programó para el pasado 12 de febrero en la Sociedad de Medicina Nuclear (Somenuclear), en Barranquilla. No obstante en los datos clínicos se establece que Atencio llegó “remitida para consulta de tiroides”.

Ella explicó que “el especialista que me asignaron me dijo que mi caso no era con él, que necesito es que me trasladen a otro instituto donde esté la medicina nuclear que necesito porque mi caso es bastante delicado”.

“Han pasado más de dos meses -recalcó la docente- y la Clínica General del Norte ha hecho caso omiso, no ha dado la orden”.

Desesperada por su progresivo deterioro, se costeó una cita médica en el Instituto de Dolores de Cabeza y Enfermedades Neurológicas (Indocen), en Medellín. Allí, el pasado 25 de abril, un especialista “me mandó unos exámenes porque dice que la sangre que tiene que llegar al cerebro no está llegando, es decir, necesito oxígeno, pero para saber qué cantidad requiero de esos exámenes con urgencia”, sostiene la mujer.

Reprochó que “la EPS se niega a ordenarme los exámenes porque antes tiene que hacer una junta médica. No definen fecha para esa junta y sé que la programación de esos estudios se demora”.

Atencio resaltó que “por los problemas de salud que padezco, desde 2011 fue fallada a mi favor una tutela que dice que sin necesidad de volver a interponer ese recurso, la Organización Clínica General del Norte-programa Magisterio Bolívar debe cumplir con todo lo que se requiera para conservar mi vida. Les llevo copias de ese fallo y no hacen nada, mientras me sigo deteriorando”.

¿Y LA EPS?
Este medio intentó comunicarse con la Organización Clínica General del Norte para conocer su versión sobre los casos denunciados por las docentes y no fue posible.

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