Vulnerados por sus Entidades Prestadoras de Salud (EPS) siguen dos de los 25 niños y niñas con enfermedades hemato-oncológicas, residentes en la Costa Caribe, por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para preservarles la vida y la integridad personal.
Las afectadas son Milagros Sulmay, usuaria de Ambuq EPS que padece anemia de células falciformes y requiere con urgencia un trasplante de médula ósea; y Karen Moya, de Coomeva EPS, quien padece la misma patología, pero presentó un aumento de presión intracraneal que le afectó la visión -progresivamente- hasta dejarla ciega.
Pese a que la CIDH emitió la medida cautelar el 16 de junio de 2017, hoy ambas siguen sin recibir tratamiento médico integral, adecuado y continuado para las enfermedades que padecen.
Fernando Barrios, vocero de la fundación United for Justice, que desde su sede en Washington (Estados Unidos) solicitó las medidas cautelares emitidas a favor de los niños, afirmó a El Universal que “Ambuq no cumple”.
Precisó que la última reunión de seguimiento y concertación a las medidas cautelares se realizó el 21 de noviembre de 2018 en la ciudad. Asistió la Cancillería, en representación del Estado, y las EPS involucradas, y “el compromiso de Ambuq fue el mismo que tiene desde enero del año pasado, que hicimos como tres reuniones”.
De acuerdo con el acta de esa reunión, Ambuq se comprometió a: gestionar y realizar examen de histocompatibilidad de Jesús David Villarreal (hermano de Milagros); una vez esté el resultado del examen de histocompatibilidad practicado a Jesús David Villarreal, asignar, de manera inmediata la cita de trasplante de la beneficiaria; solucionar el problema del proveedor del medicamento y, si es el caso, gestionar la actualización de la formulación con el médico tratante; y sensibilizar a los funcionarios de la EPS sobre la medida cautelar y, particularmente, ilustrarlos frente al caso de la beneficiaria.
Barrios reiteró que “se comprometió a que ocho días después de la reunión iba a cumplir con todo lo que requiere Milagros, sin embargo, a la fecha no ha cumplido”.
Afirmó que “el fin de semana hablé con la mamá. Está en San Jacinto del Cauca, porque ellas viven en el sur de Bolívar, y me contó que Milagros tiene cita el 16 de enero en Cartagena, para control, y no ha logrado que le entreguen los viáticos.
“Además, el hermano de Milagros, al que tienen que hacerle el análisis de compatibilidad, también vive en San Jacinto del Cauca y tienen que traerlo con viáticos. No se está dando ni se ha dado. Ese examen lo estamos persiguiendo hace un año y dos meses, el que no lo hagan le atrasa el proyecto de trasplante de médula a Milagros, que no se ha materializado”.
Del caso de Karen Moya, el abogado manifestó que “en Coomeva cambiaron a la directora regional, pusieron una nueva, que estuvo en la última reunión. Entonces, cada vez que nos cambian de directora empezamos de cero nuevamente, porque la que llega no conoce; mientras se informa de lo que está sucediendo y se apersona del caso, se pierde tiempo”.
Lamentó que “Karen Moya, como definitivamente no tuvo el tratamiento a tiempo, ya perdió la visión. Su médico tratante dice que hay que rehabilitarla por la discapacidad de la pérdida de la vista, necesita unas terapias de rehabilitación para ciegos y se la iban a dar en la Fundación REI, pero eso no está confirmado. Iban a hablar con el instituto, a ver cómo operaban, porque es el único que se dedica a eso en la ciudad, pero no tienen contrato con este. La mandaron a consulta, controles, pero las terapias para que Karen pueda ser independiente por la discapacidad visual no las está recibiendo todavía, iban a hacer los trámites de contratación”.
Como señala el acta, los compromisos adquiridos por Coomeva en noviembre pasado fueron: autorizar la remisión de la beneficiaria a la Fundación REI para la valoración que requiere, respecto de la discapacidad visual que presenta; autorizar todas las terapias que la Fundación REI determine para su proceso de rehabilitación; y realizar la ruta de atención integral de la beneficiaria, a más tardar, para el 21 de diciembre de 2018.
Este medio puso los casos en mención en conocimiento de las EPS involucradas.
Coomeva respondió que “la madre de la menor debe solicitar la cita de valoración directamente con el prestador autorizado (Fundación REI). Luego de dicha consulta, el especialista indicará las terapias a realizar y el tiempo de las mismas. Se le ha indicado a la madre de la usuaria sobre la solicitud de la cita para que la menor reciba el tratamiento requerido”.
De Ambuq no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
El vocero de la fundación United for Justice dijo que este mes se realizará una reunión de seguimiento y concertación con las EPS, para verificar el cumplimiento de los compromisos. La fecha la definiría la Cancillería en el transcurso de esta semana.
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