El debate sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas

27 de enero de 2020 12:00 AM

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para esta semana se prevé conocer en detalle la decisión de fondo de la Corte Constitucional sobre la demanda contra seis normas del Código de Policía instaurada por la ONG ‘Dejusticia’ que dirige Vivian Newman.

La acción judicial busca que el alto tribunal derogue lo establecido por el Código de Policía en seis aspectos, entre los que se destaca la información que se obtiene o queda grabada de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas.

Dejusticia considera que los circuitos de cámaras, en establecimientos públicos pero también en los privados, “crean un estado de vigilancia permanente y masiva en la que las autoridades no solo observan mientras adelantan procesos judiciales, sino que, por el contrario, vigila de manera constante”.

Dejusticia cuestiona la utilización o manejo de la información que se le da a “todos los videos recopilados por las cámaras de vigilancia, no solo las que están en las vías sino también aquellas que están en conjuntos residenciales”. La ONG dice que se está en un marco de ley en la que existe una “recolección indiscriminada de datos”.

Lo que decida la Corte influirá notablemente también, advierten sectores, en el uso de videos grabados por particulares en las calles o en establecimientos públicos o privados.

Una sentencia preliminar

La sentencia T-114 del 2018 de la Corte Constitucional habla del acceso a la información pública y privada y la naturaleza de la información recopilada por los circuitos cerrados de televisión. Se cree que lo planteado en esta sentencia sea recopilado en la decisión que tome la Corte en relación a la demanda de Dejusticia.

En esta sentencia la Corte define las líneas de información recopiladas por vía de videos tanto públicos como privados.

La decisión obedeció a que una ciudadana pedía a una empresa unos videos, que le fueron negados, para esclarecer la muerte de su padre en un área de entretenimiento de la empresa.

“Se tiene que la información captada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de una persona es indiscutiblemente privada. De igual manera, la información captada por los equipos de vigilancia instalados en establecimientos privados abiertos al público también tienen la naturaleza de privada, debido a que continuamente se encuentra registrando información de las personas que frecuentan este tipo de lugares.

Cosa distinta, ocurre con los dispositivos de seguridad instalados en establecimientos y/o instituciones públicas, debido a que, según la tipología establecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está captando imágenes en un lugar abierto al público. Lo anterior sin perjuicio de las particularidades de cada caso, por cuanto, puede ocurrir que dentro de una residencia se instalen unas cámaras de seguridad por orden legal y/o judicial, circunstancia en la cual no se puede considerar que las imágenes que capten dichos equipos sean de carácter privado, toda vez que, la utilización de dicho material estaría destinado a fines completamente diferentes a los personales”, describió la Corte en esa sentencia específicamente.

Sin embargo la Corte le advirtió en este caso a la empresa privada citada que “debe custodiar los videos de seguridad aludidos, por cuanto, podrían ser requeridos por alguna autoridad judicial, si la afectada iniciaba un proceso judicial por el fallecimiento de su padre”, teniendo en cuenta que los videos “contenían información sensible”.

Lo anterior porque en el momento de los hechos de la muerte de la persona, que ocurrió en extrañas circunstancias en el establecimiento de comercio en una zona de esparcimiento de aguas termales, en aquel video quedaron grabados menores de edad que estaban en vestido de baño, lo cual fue considerado como información sensible por la Corte.

Este caso anterior marcaría los pasos a seguir por la Corte para la definición de la demanda de Dejusticia.

Opiniones en Cartagena

El presidente del Concejo, David Caballero, dijo que en los aspectos en que prime el interés público y general, “las cámaras de la ciudad deben preservar la seguridad ciudadana”.

Por su parte el dirigente y vocero de un sector de los comerciantes en Cartagena, Germán Zapata, opinó que “no se puede poner en riesgo la integridad física y la tranquilidad de unos ciudadanos por pensar en la individualización de otros; si bien es cierto, el interés general prima sobre el particular; los espacios públicos, deben ser de libre tránsito y tranquilidad de los ciudadanos; hay que prevenir antes que tener que reaccionar”.

“No se trata de perseguir al que disparó o al que atentó contra la vida de otro o materializó un hurto; las autoridades deben ser más preventivas que reactivas, evitar el disparo, el atraco o el atentado; pero sí para ello debe contar con todo el material suficiente para evitarlo, y cuenta con material de las cámaras de seguridad, pues están en el buen uso de sus facultades”, dice Zapata. “Igual ocurre con las cámaras en establecimientos de comercio; una cámara se convierte en un denunciante y no se puede poner en riesgo al propietario de dichas cámaras, debe haber garantías en los procesos judiciales y desafortunadamente esa es la percepción que no tenemos; más que tener las pruebas suficientes es que los jueces actúen con justicia en derecho. Muchas decisiones pasan de ser judiciales a ser políticas o corruptas”, dijo Zapata.

En Cartagena
La Policía Metropolitana de Cartagena en su más reciente reporte reveló que están habilitadas y en óptimas condiciones las 609 en la ciudad cámaras de videovigilancia que operan en barrios como El Pozón, Nelson Mandela, Villa Estrella, Henequén, El Milagro, 20 de Julio, La Candelaria, Pablo Sexto, Daniel Lemaitre, Fredonia, Albornoz, Ternera, Olaya Herrera, Bocagrande, El Laguito, Manga y Centro, entre otros.

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