La Contraloría General de la República puso el martes sobre la mesa un banquete de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de todo el país. El plato principal: los sobrecostos, las malas prácticas de contratación y la deficiente prestación del servicio en Cartagena durante 2016. Pechugas a $40.000 y $39 millones en canela ocuparon rápidamente los titulares de los medios de comunicación. Aparentemente se destapaba una nueva olla de corrupción.
Pero el tema del PAE en Cartagena va mucho más allá de pechugas y canela. Por años, el hambre de los niños ha alimentado a los avivatos que buscan una tajada del presupuesto público destinado al Programa de Alimentación Escolar de la ciudad. Las irregularidades en 2016, reveladas por la Contraloría, son un claro ejemplo, aunque el ente de control asegura que hasta el momento solo ha dejado ver la punta del iceberg.
El Universal revisó los contratos del PAE del año pasado y encontró que el listado de irregularidades se inició el 8 de abril, cuando el entonces alcalde Manuel Vicente Duque emitió la Resolución 2139, declarando una “urgencia manifiesta con el fin de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar”, sustentando la necesidad de darle “continuidad al servicio”. Con esta resolución, la Alcaldía podía contratar directamente a un operador sin necesidad de abrir una licitación pública, como lo ordena la ley.
Cinco días después de declarar la “urgencia manifiesta”, el 13 de abril, Duque firmó un contrato de $8.428 millones con la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario (Redcom), una fundación ubicada en Pasto, Nariño. Este contratista, que inició la ejecución el 26 de abril, tenía que encargarse de la prestación del servicio por 45 días, en el caso de los estudiantes de jornada única; y 30 días, para los de jornada ordinaria.
El problema con este contrato, el UM-PAE-01-2016, radica en la forma como fue adjudicado y que tiene entre sus protagonistas a la ex contralora Distrital Nubia Fontalvo, hoy privada de su libertad por presunta corrupción. Al haberse hecho una contratación directa, sustentada en una urgencia manifiesta, el contrato entra a revisión por parte de la Contraloría para que esta defina si se cumplió o no con los requisitos. El 5 de junio de 2016, Fontalvo emitió un concepto favorable sobre los motivos por los cuales se emitió la urgencia, dándole la razón al exalcalde Duque.
Una urgencia no tan urgente
Tras revisar el caso, y diferente al concepto de la excontralora Fontalvo, la Contraloría General de la República no encontró motivos suficientes que le permitieran a la Alcaldía de Cartagena declarar una urgencia manifiesta para hacer una contratación directa. ¿Por qué? El calendario escolar se inició en enero y no fue sino hasta abril, 65 días después, que la Alcaldía decidió poner en marcha la contratación del PAE. Es decir, hasta ese momento no había sido tan “urgente” para el Distrito.
“Con la declaratoria de la urgencia manifiesta no se buscó garantizar la ‘continuidad del servicio’, pues de ser así se hubiese decretado una vez configuradas las circunstancias que impedían adelantar un proceso de selección objetiva de contratista, y no esperar hasta el 8 de abril para decretarla”, indicó la Contraloría.
Así las cosas, la Alcaldía debió declarar la emergencia cuando empezaron las clases y no dos meses después. Además, desde el 29 de febrero, el PAE tenía una asignación presupuestal de $8.863 millones provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) y el Sistema General de Participaciones, lo que significa que el Distrito pudo iniciar el proceso de contratación desde ese momento y no esperar hasta abril.
Licitaciones públicas no garantizan nada
La contratación directa de Redcom no fue la única irregularidad del PAE en 2016. La Alcaldía de Cartagena abrió una licitación pública el 21 de junio, a la cual solo se presentaron dos proponentes: el Consorcio Proescolares 2016 y la Unión Temporal Capitaliños Cartagena; entre las empresas que componían a esta última estaba Redcom, sin embargo, no cumplió con los requisitos y quedó fuera del proceso.
El Consorcio Proescolares 2016 fue el ganador de esta licitación y firmó un contrato de prestación de servicios por $15.831 millones. Este contrato garantizaba la ejecución del PAE por 76 días en el caso de los estudiantes de jornada única y 57 días para los de jornada ordinaria. Posteriormente, el 29 de diciembre, tuvo una adición de $7.886 millones, para un total de $23.000 millones.
Ahora, ¿quiénes estaban detrás de este consorcio? Proescolares 2016 estaba conformada por dos empresas: Cooperativa de Suministro de Alimentos de Colombia y Fundación Impacto social, esta última obtuvo su Registro Único de Proponentes el 10 de junio de 2016, solo 11 días antes de que se abriera la licitación. Pero más allá de la suspicacia que pueda despertar este hecho, la polémica se centra en la otra empresa socia.
La Cooperativa de Suministro de Alimentos de Colombia (CSAC), que cuenta con 75 actividades en su objeto social, es una vieja conocida del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, y su operación va más allá de 2016. Según el Centro Investigativo de Estudios del Trabajo, hasta el 22 de diciembre de 2015 esta empresa se llamó Cooseheroica, un operador cuestionado por la Contraloría que ha ganado la licitación desde 2014.
Precisamente ese año, según un informe presentado por la Contraloría a finales de 2016, la entonces Cooseheroica no pudo soportar dos órdenes de pago por $1.477 millones y $1.182 millones, lo que significan irregularidades por más de $2.659 millones. Para 2016, ya como CSAC, la empresa volvió a quedarse con la licitación pública del PAE en Cartagena, a pesar de las continuas fallas en la prestación del servicio y las alertas de los entes de control.
2017, el mismo camino
Las recientes denuncias de la Contraloría General respecto al PAE de Cartagena en 2016 son el reflejo de cómo el Distrito realizó la contratación. Un contrato adjudicado a dedo y otro entregado a un consorcio conformado por una empresa con antecedentes no podían arrojar un mejor resultado. Se esperaría que con la “enseñanza” que dejó el año pasado, y las continuas quejas de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, se realizaría una mejor contratación para 2017, sin embargo, todo siguió por el mismo camino.
El 15 de mayo de 2017, el exalcalde Manuel Vicente Duque firmó un contrato por $15.412 millones con el Consorcio Nutrición Escolar para que este operara el PAE. ¿Qué empresas componen este consorcio? las mismas que, en 2016, conformaban el Consorcio Proescolares: Cooperativa de Suministro de Alimentos de Colombia y Fundación Impacto Social. Incluso, en el contrato del PAE de 2017 se le pasó un error a la Alcaldía de Cartagena. En la firma del representante legal de Nutrición Escolar escribieron “Consorcio Proescolares 2016”. Con esta evidencia parece que, en Cartagena, el hambre de los niños se convirtió en un negocio que siempre queda en manos de los mismos.
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