Los candidatos a la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar afinan sus discursos y propuestas para sumar votantes para las elecciones del 27 de octubre. Como es normal en época electoral, gran parte de la conversación política se basa en “qué hacer” y muy poco en “cómo hacerlo”.
Para analizar el discurso y las promesas de las campañas, El Universal creó Paredón, una sección en la que se le hace fact checking a los candidatos. Cada semana podrá leer una entrega en nuestra versión impresa y en la edición digital podrá consultar el seguimiento diario y leer notas adicionales ingresando a www.eluniversal.com.co/elecciones/2019.
Verdad/Probable: El discurso del candidato corresponde con la realidad y lo que propone es completamente realizable.
Discutible: El discurso del candidato puede considerarse como cierto pero tiene algunas condiciones.
Poco probable/Inexacto: El discurso del candidato presenta inconsistencias, no muestra con claridad cómo se materializará y su materialización es de muy alta dificultad.
Falso/Improbable: El discurso del candidato es falso ya que lo que dice no corresponde con la realidad o no es realizable.
No verificable: No hay datos suficientes para poder verificar la información o esta corresponde a una opinión personal.
Candidato: Fernando Araújo.
Indicador: Discutible
Después de que se anunciara que el pasaje de Transcaribe podría subir $600 si la Alcaldía no pagaba sus deudas con el sistema, el candidato del Centro Democrático, Fernando Araújo, publicó un video en el que propuso una tarifa diferencial de Transcaribe para estudiantes, deportistas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
De acuerdo con Humberto Ripoll, gerente del SITM, el servicio cuenta con la tecnología necesaria para implementar este tipo de tarifa, pero haría falta que el Distrito destine los recursos necesarios para permitir que la medida sea sostenible.
"Hay diferentes fondos de subsidio de tarifa diferencial que podrían utilizarse, pero lo que nosotros necesitamos es que el Distrito nos diga cuánto va a ofrecer por cada persona registrada dentro de los grupos contemplados", comenta Ripoll.
Además, Transcaribe también posee un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el cual se utilizaría en aquellos casos donde la Alcaldía no aportara los recursos suficientes para asegurar su funcionamiento, sin embargo, como señala Ripoll, "el fondo duró mucho tiempo en ser implementado y solo fue firmado hasta el pasado mes de marzo, por lo que no tendrá recursos hasta el 2020".
Así las cosas, la propuesta de una tarifa diferencial va más allá de la voluntad política de los candidatos y pasa por el tema económico. El Distrito, que es operador del sistema, debe crear un plan presupuestal para financiar el subsidio de las tarifas, que parte de la identificación de la población beneficiaria.
Una posibilidad puede ser el FET, pero aún no cuenta con el monto necesario para ejecutar el proyecto; destinar recursos del presupuesto que el Distrito tiene destinado a subsidios, aunque tendría que hacer recortes en otros programas sociales; o incluir en la tarifa de los demás pasajeros el subsidio de los beneficiarios, lo que significaría un alza en el precio del pasaje.
¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay dinero para hacerlo? Ese es el cómo que debe explicar el candidato Fernando Araujo, teniendo como contexto la realidad económica de la ciudad y el papel de la Alcaldía como operadora de Transcaribe.
Candidato: Minerva Romero
Indicador: Falso / Improbable.
“Construiremos una gran autopista elevada desde la entrada del barrio El Pozón hasta un deprimido que se construirá en las inmediaciones del Cerro San Felipe de Barajas, para no afectar su visibilidad y entorno”. Esta es una de las propuestas de la candidata por el partido ADA, Minerva Romero, quien afirma que tal obra se haría con una inversión privada. La idea, aunque visionaria, lastimosamente no está acorde con la realidad presupuestal del Distrito ni tiene un punto de equilibrio financiero que lo haga atractivo para privados.
Jorge Mendoza, expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, va más allá y señala que “es una cosa traída de los cabellos”. Según explica, tratándose de una obra pública, solo se podría financiar directamente con recursos del Distrito o a través de medidas como peajes, sin embargo, la inversión de un proyecto de tal magnitud difícilmente podría ser recuperada.
Por otra parte Ramón Torres, ingeniero e investigador en movilidad vial de la Universidad de Cartagena, aseguró que ese viaducto sería más largo que el de la Vía del Mar, pues mediría aproximadamente 8 o 7 kilómetros.
En comparación, el viaducto del Gran Manglar tiene unos 5 kilómetros y costó más de $600.000 millones, lo que equivaldría a más del 40% del presupuesto distrital del 2019. Los kilómetros adicionales solo elevarían esas cifras, y más si se tiene en cuenta el alza del dólar. A esto hay que sumarle, además, que para ejecutar este tipo de proyectos es necesaria la compra de predios y posibles demoliciones de algunas edificaciones.
La candidata Minerva, para financiar este viaducto, tendría que lograr que el proyecto sea declarado como de interés nacional, como hizo Enrique Peñalosa con el metro de Bogotá, para jalonar recursos del Estado. Lastimosamente, la situación fiscal del país no juega a favor de la candidata, el país tiene otras prioridades de inversión y técnicamente no hay cómo argumentar la necesidad de una construcción de esta envergadura.
Candidato: Sergio Londoño.
Indicador: Discutible
“Evaluaremos la creación de un programa que financie el examen de admisiones en universidades públicas en el Distrito, a jóvenes en condición de vulnerabilidad que no puedan pagar el PIN”, dice textualmente Sergio Londoño en su programa de gobierno.
El aspirante tiene pensado “cruzar los datos del Sisbén con el listado de quienes quieren aplicar a la universidad pública y con eso sacar una base de datos”.
“Lo que haremos es buscar quienes hayan sacado los mejores puntajes en las pruebas Saber 11 y con eso escogemos -depende de cuánta plata tenemos para eso- a quién le podemos financiar el examen de admisión”, sostuvo el candidato.
La cantidad de estudiantes que se beneficiarían de este programa dependerá de los recursos de libre destinación del Distrito. Aunque cabe resaltar que es menester esperar que el actual alcalde, Pedrito Pereira, presente el presupuesto 2020 para poder hacer cálculos exactos.
“Hay dos fórmulas: hacer un giro directo de los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito o hacer una modificación al programa de Becas Bicentenario al cual se le añadiría un porcentaje pequeño para que cubra los exámenes de admisión”.
Cada PIN de la Universidad de Cartagena tiene actualmente un precio de $126.118 y los estudiantes tienen dos oportunidades en el año para aspirar a un cupo. En el 2018 se inscribieron cerca de 24.238 estudiantes, de los cuales solo 5.406 fueron admitidos.
Aunque la propuesta del candidato es prometedora, seguramente deberá enfrentar varios procesos antes de hacerse realidad, pues en una ciudad en donde el presupuesto es tan ajustado a veces es difícil hacer ciertas movidas.
Candidato: William García.
Indicador: Verdad / Probable.
William García hizo del “agua gratis” su eslogan para las elecciones del 2015. Hoy, esa idea vuelve a sonar en su campaña. Implementarla es tan posible como lo permitan el interés de un gobernante y las finanzas de la ciudad.
En el caso de Cartagena, donde García propone implementar el Mínimo Vital de Agua (MVA) en los estratos 1, 2 y 3, se impactaría a 212.389 viviendas que consumen un promedio de 11,74 metros cúbicos de agua al mes, según datos de Aguas de Cartagena.
El costo de los 7 metros cúbicos por casa que propone el candidato recaería directamente sobre el Distrito, que tendría que incluir este nuevo subsidio en su presupuesto.
Destinar dinero para el “agua gratis” supone menos recursos para otros proyectos, salvo que García, o quien decida aplicarlo, encuentre una fuente de ingresos extra.
La fórmula de García, según lo ha explicado en varias entrevistas, se basa en pagar el subsidio con una parte de las utilidades que recibe el Distrito como accionista de Aguas de Cartagena. La medida se realizaría de forma gradual, priorizando a los hogares que más necesiten esta ayuda.
Desde que se expidió la Sentencia T-426 de 1992, la Corte Constitucional ha venido construyendo conceptualmente el MVA como un derecho fundamental “que protege de forma especial a las personas en situación de necesidad manifiesta”.Además, este subsidio no es nuevo y ya se ha aplicado en otras ciudades como, por ejemplo, Bogotá, Medellín, y Bucaramanga.
Candidato: Hernando Padauí.
Indicador: Poco probable/Inexacto
El candidato a la Gobernación de Bolívar, aspira a que el barrio El Pozón se convierta en el municipio número 47 de este departamento o así lo hizo saber en abril de este año a través de una columna de opinión publicada en diversos m edios cuando recién arrancaban los vientos electorales.
La propuesta hecha en 2014 por el exgobernador Juan Carlos Gossaín, conserva para Padaui “plena vigencia” y “sería una gran oportunidad de desarrollo para esta comunidad” ubicada en la zona suroccidental de Cartagena.
Sin embargo, según el abogado y especialista en derecho contencioso administrativo, Milton Pereira Blanco, la sola propuesta es un “error”. Manifiesta que, aunque el barrio El Pozón cumpliría con los requisitos formales para ser un municipio de conformidad con la norma vigente esa solución no garantiza que salga de las condiciones de vulnerabilidad en la que hoy se encuentra.
“En Bolívar existen municipios autónomos que padecen problemáticas similares a los del barrio El Pozón. Cartagena tiene problemas de diversa índole, y hoy escindir parte de su territorio, implicaría un nuevo y mayúsculo problema”, expone.
No obstante, para Padauí la condición de municipio “le permitiría a El Pozón acceder por derecho propio a los recursos del Sistema General de Participación en materia de salud y educación, podría disponer de las regalías que el Sistema Nacional concede para cada municipalidad, tendría acceso directo y más eficiente a un recaudo propio de tasas contributivas e impuestos prediales y de industria y comercio”.
En contraposición a lo expuesto por el candidato, Jorge Cárcamo, especialista en estudios políticos y máster en gestión pública, quien asegura que tales condiciones no son garantía de un mejor bienestar para el barrio, el cual, de ser declarado municipio, “enfrentaría el inconveniente de financiar una carga burocrática costosa: alcalde, concejales, secretarios y muchos cargos más”. En otras palabras, falta mucho trecho para llevar a cabo esta propuesta teniendo en cuenta que en el departamento de Bolívar ya hay municipios que requieren recursos en vías, acueducto y alcantarillado y obras públicas para su desarrollo.
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