El periplo para el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego

18 de agosto de 2019 12:00 AM
El periplo para el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego
La cárcel la quieren trasladar a un predio en el sector Llave de Oro, en área de Turbaco.//Cortesía

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Son 111 mujeres, 13 de ellas condenadas y 98 sindicadas, las que aún duermen en las instalaciones de la deteriorada cárcel de San Diego. Pero probablemente muchas duermen intranquilas, pues las inspecciones de las autoridades sobre las condiciones de la infraestructura del reclusorio demuestran que está en pésimas condiciones y en cualquier momento podría ocurrir un accidente, como el que sucedió en junio pasado, cuando se desprendió parte de un techo que, aparentemente, no presentaba averías.

Se trata de un problema humanitario que intentan resolver las autoridades locales, pero los tropiezos no han faltado y la decisión de trasladar el penal a otro lugar sigue en veremos. Aunque el 14 de agosto pasado la Alcaldía de Turbaco emitió un concepto favorable para el traslado de la cárcel de mujeres de San Diego a un predio en el sector Llave de Oro, en la conurbación Cartagena-Turbaco, puso algunas condiciones que alargarán el proceso de traslado.

Primero, señaló que la Alcaldía debe hacer un estudio técnico profundo que garantice y avale que la estructura física del predio en Llave de Oro se encuentra apto para el funcionamiento de la cárcel y todo lo que ello conlleva.

Además, resaltó que para el traslado también se deben tener en cuenta las recomendaciones hechas por Inpec y Uspec, como la adecuación de varias zonas en la edificación donde funcionarán determinadas zonas de la cárcel, como un parque infantil para los menores que visitan a las reclusas, entre otras.

Respecto a la notificación del visto bueno, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, dijo que “es un gran avance que demuestra que la Alcaldía de Cartagena siempre ha buscado el traslado de acuerdo a la ley. Vamos a seguir cumpliendo todos los procedimientos legales de este caso. La Secretaría de Infraestructura realizará los estudios que piden”.

Los inconvenientes

El proceso para lograr el traslado de la cárcel distrital de mujeres no ha sido fácil. Primero quisieron trasladarla al lugar donde funcionaba el colegio Caribe Real, en la urbanización Beirut, en agosto de 2018, pero la comunidad del lugar se opuso y el proceso se vino abajo.

Luego, el objetivo se centró en pasarla al predio en el sector Llave de Oro. Pese a todos los esfuerzos y a que el Inpec y la Uspec avalaron el traslado, el objetivo aún no se logra y residentes y gremios del sector donde se piensa hacer el traslado se han opuesto.

Aunque en junio el alcalde había dado un visto bueno a los estudios de la edificación de cuatro pisos a la que quieren trasladar la cárcel, decidió tomarse un tiempo para estudiar la situación ante la denuncia de supuestas irregularidades en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), y la licencia de construcción de la edificación.

Ante el panorama, el procurador provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez, indicó que la situación de riesgo de las internas le preocupa mucho, señalando que está documentada y advertida por la misma Corte Constitucional, explicando que como órgano de control presentaron un desacato a la sentencia que ordena el traslado de las reclusas a un lugar en buenas condiciones.

“Hacemos seguimiento con el Distrito y hacemos mesas técnicas. Van varias reuniones y hemos asistido al centro penitenciario. Hemos hecho requerimientos al alcalde para que cumpla con el traslado hace varios meses. Con el desprendimiento de una parte del techo fue preocupante porque era una zona que no tenía grietas, sino que luego de varias lluvias ocurrió eso. Hemos citado al alcalde de Turbaco con su equipo, mirado la legalidad del PBOT de Turbaco; el Inpec y Uspec y todos apoyan el traslado a esa zona; nos reunimos con la comunidad, al punto que entendemos que es cuestión de gobierno y ahí la Procuraduría no puede entrar a administrar, pero también los gobernantes deben tener responsabilidad social con los ciudadanos. El alcalde tiene apoyo institucional para autorizar el traslado”, dijo el procurador.

El funcionario explicó que la edificación no está para que la cárcel funcione allí de manera permanente, pues no fue construida pensando en ello. Sin embargo, considera que sí funcionaría bien como un centro de reclusión transitorio, hasta que Cartagena y los municipios vecinos solucionen el tema penitenciario.

“Lo del PBOT está claro y hay un concepto técnico que dice que no se incumple. Es un predio institucional que permitirá que funcione allí. De lo que se habla es de irregularidades en la licencia de construcción, que si el cuarto piso estaba autorizado o no. El secretario de Planeación de Turbaco dice que sí es factible y ya se ajustó la licencia”, explicó Flórez.

También instó al alcalde de Cartagena a que conmine a los municipios a que firmen un convenio con el Distrito para que asuman los gastos de las mujeres oriundas de estas poblaciones que están internadas en la cárcel de San Diego.

“Turbaco tiene 18 reclusas, y cada reclusa cuesta unos 4 o 5 millones mensuales. Requerimos a la Contraloría para que haga un estudio si hay o no detrimento, pues es un gasto que deberían asumir esos municipios. Un dato es que encontramos que había más de 58 reclusas de responsabilidad del Inpec y que son gastos que está asumiendo el Distrito. Por eso oficiamos a la Contraloría para que nos diga qué ha pasado, que se asumen gastos del Inpec y de otros municipios que no han firmado el convenio. Es fundamental y va avanzado este tema. Hablamos con el Inpec y solicitamos al Ministerio de Justicia que asumiera responsabilidades y con una gestión se logró que la Policía apoyara con un avión para el traslado de varias reclusas”, explicó el procurador.

Ante este tema, el alcalde Pedrito Pereira dijo lo siguiente: “En la cárcel hay internas que son sindicadas del Distrito de Cartagena, pero también hay sindicadas de Turbaco, que son 18. Esto no es un problema únicamente del Distrito de Cartagena. Hay sindicadas que son de distintos municipios que son los que deberían asumir esta responsabilidad. Igual hay condenadas que no debieran estar en esta cárcel, y que el Inpec al ver el estado crítico de la cárcel ha ido trasladando a las internas a otros centros. Por esto también declaramos la calamidad púbica, a ver cómo podemos resolver esta situación”.

Agregó que han habido algunas inquietudes, inconvenientes con la comunidad de la zona, puntualizó que el Inpec y el Uspec certificaron que el bien permite que allí funcione el centro reclusorio, “que es más bien un centro de resocialización, una cárcel de mínima seguridad. Ha habido esos inconvenientes, pero no ha habido ninguna autoridad legal, administrativa o judicial que nos diga que allí no puede funcionar la cárcel. Desde que llegamos a este encargo hemos luchado por ese traslado”.

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