La llegada del primer caso de COVID-19 a Cartagena encendió automáticamente las alarmas de las autoridades distritales y las obligó a tomar medidas que, si bien en un principio parecieron drásticas, resultaban necesarias para mitigar la propagación del nuevo coronavirus que recién se esparcía por Cartagena.
Una de ellas fue la prohibición del parrillero en moto, que en un principio se implementó solo en los barrios de la zona turística (tan solo semanas después de que el alcalde William Dau había anunciado sus intenciones de motivar el desmonte gradual de esta medida), y luego en toda la ciudad. Esto por cuenta que el transporte en moto implica un estrecho contacto entre personas, cuando las recomendaciones a nivel mundial radican en mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas.
Si bien la medida generó polémica en un inicio, principalmente por parte del gremio mototaxista que vive del día a día, eventualmente los líderes llegaron a un acuerdo con la administración para cesar sus actividades en vista de la coyuntura.
Sin embargo, las semanas pasaron, la cuarentena se extendió y con ellas las necesidades, por lo que hoy – aunque esté prohibido – es común ver motos con parrillero por las calles de la ciudad, violando lo decretado por el Distrito y las medidas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19.
Pero esas necesidades van más allá del sustento diario, pues a ellas también se le suma el panorama de la escasez de transporte que “obliga” a algunos a acudir a medios informales para poder satisfacer sus necesidades de movilización por la ciudad, poniendo en riesgo sus vidas al utilizar medios que no cuentan con las condiciones de bioseguridad adecuadas.
Según cifras del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), este año se han impuesto 128 comparendos por servicio ilegal de transporte, de los cuales 76, es decir el 59,3%, corresponden a los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que ha estado vigente la cuarentena nacional.
En cuanto a las infracciones por circular en horarios prohibidos, zonas prohibidas o llevar parrillero en moto, los comparendos ascienden a 958 durante el periodo que va del 17 de marzo al 16 de junio.
Según Carlos Lemus, presidente del sindicato de mototaxistas de Cartagena, el tema de por qué se siguen dando este tipo de desacatos a las medidas por parte del gremio tiene que ver con el problema de antaño relacionado a la falta de una caracterización de quienes se dedican a esta actividad en Cartagena.
“Este es un tema complejo. Muchos han seguido trabajando porque el Estado no pudo subsanar las necesidades de su economía. Desde hace mucho tiempo nosotros venimos pidiendo un censo, porque realmente no se sabe cuántos mototaxistas hay en la ciudad, quiénes son y dónde viven.
Ahí es donde viene el desorden”, explica Lemus, quien afirma que recién expedido el primer decreto que limitaba la movilización de las motos con parrillero, se reunió con el Distrito para definir cómo sería la operación del gremio tras las restricciones.
“A nosotros nos reunieron para que paráramos y fuéramos colaboradores para que no se extendiera el virus y lo hicimos. Dejamos de trabajar y a algunos les llegaron ayudas. Pero llegó un momento en que la gente comenzó a sentirse abandonada y le tocó volver a salir porque tiene necesidades en sus hogares”, señala.
Para el mototaxista, no hubo una planeación adecuada de parte del Distrito para atender a estas personas, pero agrega que no se puede echar toda la responsabilidad a la administración actual, porque la inexistencia de una base datos para ubicar a los mototaxistas que están organizados en Cartagena es una deuda que se tiene desde hace varios años.
Por otro lado, otros sectores dedicados al transporte agregan que es necesario que por parte del Gobierno se decreten medidas más flexibles en cuanto a la ocupación de buses y su circulación, ya que el hecho de que haya tan pocos lo que hace es que la gente busque formas alternas para movilizarse que no siempre son las más seguras en medio de la pandemia.
Según Hernando Tatis Gil, director de la Cámara de Transporte de la Andi, lo que se debe hacer en este caso es habilitar más medios de transporte legal que cumplan con las medidas de bioseguridad y estén en la capacidad de satisfacer la demanda de movilización actual, de tal manera que el transporte ilegal pueda ser reducido.
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