Con el propósito de vigilar y controlar los bienes de uso público de la Nación que se encuentran bajo su jurisdicción, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de su Capitanía de Puerto en Cartagena, ha realizado 108 inspecciones en lo que va corrido de este año.
De los 108 bienes inspeccionados, la autoridad marítima determinó que 32 se ubican en zonas de playa y se encuentran invadidos, por lo cual presentó ante las alcaldías menores la solicitud de restitución de los mismos. A la fecha, tres de esas solicitudes fueron ejecutadas en el sector del anillo vial, en los terrenos ocupados por los restaurantes Blas el Teso y el Gran Chef Marino. Pero aún falta mucho por hacer.
En entrevista con El Universal, el capitán de Navío, Pedro Prada Rueda, quien está al frente de la Capitanía de Puerto, afirmó que “llevamos tres restituciones. Hace rato no se hacían, hay más interés por parte de Cardique y el EPA en todas las zonas donde hay atentados contra los bienes de uso público, contra el medio ambiente”.
Sostuvo que lo que más dificulta la recuperación de los bienes de uso público identificados como invadidos, es el tiempo que demoran las alcaldías menores para emprender acciones.
“Nuestra función es inspeccionar y reportar o denunciar ante las alcaldías locales, para que tomen las acciones. Pero uno avisa hoy que está la invasión y la respuesta muchas veces es que no tienen recursos, que no tienen los medios, que los alcaldes locales no pueden, y así se va prolongando la invasión, la siguen construyendo o sigue ahí (...) Lo ideal es que la alcaldía local (a quien le corresponda) de una vez actúe y haga la restitución del bien si es una invasión pequeña, porque eso va creciendo”.
Prada indicó que hoy, invasiones de bienes de uso público hay “en todos lados, desde la Ciénaga de la Virgen, en especial a la altura del sector Puerto Rey, que es un proceso andando en la Fiscalía; hasta la Vía Perimetral. Es decir, casi en todos los sitios donde hay playa hay invasiones. Hay rellenos a la orilla del mar, en la vía que conduce a Crespo y muchos sectores que han sido intervenidos por particulares, como Playa Blanca y la vía hacia Playetas”.
Estas invasiones no solo han sido puestas a la vista de las alcaldías locales. “Se les manda copia para lo de su competencia a Cardique, EPA, Fiscalía y Procuraduría. A las autoridades ambientales, porque si hay rellenos en los cuerpos de agua o cortes de mangle para aprovechar un área que es del Estado, se está cometiendo un delito que genera impacto en el medio ambiente y tienen que investigarlo. A la Fiscalía, porque el aprovechamiento irregular de un recurso y los delitos ambientales están prohibidos en las normas, y a la Procuraduría para que esté informada de la labor que estamos haciendo”, anotó Prada.
Cómo lo hacen
“Tala de mangle, relleno y construcción”, es lo que “normalmente” hacen los invasores en Cartagena, para apoderarse de los bienes de uso público en zonas de playa. Así lo sintetizó el Capitán de Puerto.
“Invaden para construir casas, edificios, restaurantes; es una mafia, tienen su modus operandi. Primero, al bien de uso público se acerca una persona pobre, supuestamente bien necesitaba, y empieza a montar su cambuche, a rellenar, a traer escombros; un año o dos años después, van diciendo: “Yo estaba asentado aquí hace tantos años”, saca el título de propiedad y se la vende a una tercera persona, esta se la vende a otro, y ese a otro; es una cadena que se evidencia en La Boquilla. El último propietario empieza la construcción de la casa, edificio o restaurante; ahí el daño está prácticamente hecho”, explicó Prada.
Pero -añadió- “de todos modos se toman las acciones”, es decir, se abre una investigación por la ocupación ilegal de un bien de uso público. “La persona se defiende, porque tiene derecho al debido proceso, muestra sus escrituras, y le corresponde al Estado confirmar o descartar la invasión”. De ser confirmada, el invasor se expone a pagar una multa que va de cero a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, y a restituir el predio del que pretendía apoderarse.
La Capitanía de Puerto de Cartagena recalcó que desde el año 2000 hasta la fecha, ha emitido al Distrito 315 solicitudes de restitución de bienes con características de uso público, comprendidas en zonas urbanas, zona norte y zonas marítimas como Playa Blanca, donde actualmente se encuentran concesionados a particulares seis predios: Hoteles Decameron, Sociedad Inversora Los Navegantes, Club Náutico Punta Iguana, Sociedad Cementos Argos, Isla del Encanto y Aviatur.
Qué dicen los alcaldes locales
El Universal consultó a los alcaldes locales sobre las acciones que han llevado a cabo o prevén realizar en 2018, para restituir los bienes de uso público invadidos.
Carlos Mieles, alcalde de la Localidad 1, compartió una agenda según la cual, desde el 27 de julio hasta el 13 de septiembre, se tienen programados seis operativos en Punta Arena, El Cabrero, El Bosque (sector Zapatero), avenida Malecón y caño Juan Angola. Cumplida este agenda se continuarán programando acciones para recuperar espacio público en zonas de bajamar.
El documento precisa que del 4 de julio al 17 de julio pasado se efectuaron operativos en Punta Arena, El Cabrero (sector Juan Angola), isla de Barú (ciénaga de Puerto Naito) y San Bernardo del Viento.
Sin responder se quedaron Gregorio Rico, alcalde de la Localidad 2; y Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3.
En Playa Blanca
En Playa Blanca, el Capitán de Puerto aseguró que en zonas de playa hay más de 100 invasiones. “Eso varía todos los días”.
Contó que “pegadas al mar hay construcciones, cuando hay fuerte oleaje el agua les inunda las casas, restaurantes, hoteles, entre otros. La alcaldía local y Cardique ya iniciaron trabajos para recuperar esa zona, están en estudios previos para determinar un área protegida, sacando a todos los invasores de allí, pero la acción la toma la alcaldía.
“Nosotros los acompañamos por si tienen dudas de si el predio es o no es bien de uso público. Si está en la playa lo es, qué mejor definición que eso. La alcaldía local decide si restituye todos los bienes de una vez o si lo hace de a uno (dependiendo cada caso), porque hay puestos de venta que llevan mucho tiempo allí, tienen confianza legítima; hay gente que está allí hace muy poquito tiempo, pero ¿cómo se les comprueba?”.
Agregó que en general, restituir bienes de uso público invadidos “es un proceso lento, pero por lo menos se debe garantizar que no se den más invasiones, sobre todo en Playa Blanca, para ver si se logra recuperar. La idea es que haya un restaurante cada 50 metros, con el mismo tipo de construcción, y un buen servicio. Muchos roban a la gente con sus precios y no toda la gente se anima a denunciar”.
Caso Emblemático
El Capitán de Puerto recordó el emblemático caso del Hotel Hilton, al cual un fallo de acción popular proferido el 6 de marzo de 2013 le ordenó restituir 26.961 metros cuadrados arrebatados al mar en El Laguito, con la construcción de un megaparque en ese barrio.
Ignacio de Villareal, presidente de Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito (Asobocala), afirmó que no sabe en qué va ese proceso, reconociendo que en El Laguito “no hay un sitio que tenga las dimensiones para la compensación”. El Universal intentó contactarse con el Hotel Hilton y no fue posible.
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