Cartagena


¿Es o no legal el convenio entre el DATT y la Policía de Tránsito?

JULIANA DE ÁVILA ROMERO

18 de enero de 2015 12:00 AM

El veedor nacional, William Marmolejo Ramírez, solicitó al alcalde Dionisio Vélez, a través de una misiva, cancelar el convenio entre el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y la Policía de Tránsito, por tratarse de una acción ilegal.

La solicitud fue enviada a principios de diciembre. “Me dirijo a usted con el fin de solicitarle, con base en el artículo 40.6 de la constitución de nuestro país, se sirva de tomar las acciones que correspondan para que se dé por terminado el convenio entre la Policía Nacional, para que agentes de tránsito de la Policía ejerzan funciones de tránsito en Cartagena”, indicó Marmolejo en la carta.

Ese mismo mes, el DATT contestó la misiva basándose en los artículos 6 y 7 de la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito), y concluyó que “no se accederá a su petición, al considerar que esta no tiene viabilidad jurídica”.

El Universal consultó la situación con el abogado especialista en derecho constitucional y derecho de transporte, Óscar David Gómez Pineda, quien explicó en qué caso estos convenios son permitidos y qué condiciones se deben cumplir para que este se haga de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

“En Colombia hay dos tipos de cuerpos operativos, el nacional que tiene como función apoyar al Ministerio de Transporte en el control operativo de todas las vías nacionales, por fuera del perímetro urbano, y los cuerpos operativos a cargo de las entidades territoriales de los organismos de tránsito, que tienen la función del control en la zona urbana. Esos cuerpos operativos pueden estar conformados de tres formas: por guardas civiles, por la Policía Nacional o por ambas”, explicó Gómez Pineda.

Para cada una de estas tres alternativas, hay una serie de condiciones. En el caso de los guardas civiles, estos deben ser servidores públicos, es decir que estén dentro de la nómina de la entidad administrativa, y también deben estar capacitados en tránsito, transporte, y seguridad vial.

Para el segundo caso, el conformado por la Policía Nacional, estos deben cumplir con los siguientes requisitos: los miembros de este cuerpo operativo deben pertenecer a la Dirección de Tránsito y Transporte, porque son quienes tienen la capacitación, y debe mediar un convenio entre la Policía y el organismo de tránsito.

“Pero hay una tercera alternativa, y es que los cuerpos operativos pueden estar conformados por guardas civiles y por miembros de la Policía Nacional, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, si los guardas civiles no son suficientes para cubrir la totalidad del territorio que tiene la obligación de cubrir el organismo de tránsito. Segundo, que con la falta de personal de guardas civiles se pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas, porque el Código Nacional de Tránsito le asigna a los alcaldes la función de organizar la circulación dentro de su jurisdicción y una de las formas es el control material del tránsito a través de personas que tengan la especialidad. Tercero, que esos miembros de la Policía pertenezcan específicamente a la Dirección de Tránsito y Transporte, y cuarto, siempre y cuando no exista concepto de función pública o capacidad presupuestal para ampliar la nómina de los agentes”, indicó el abogado.

En Cartagena, antes del convenio, habían 62 agentes de tránsito y la meta para lograr un buen funcionamiento en la movilidad de la ciudad era tener 290, es decir, el déficit era de 228, según indicó Cartagena Cómo Vamos, en la entrega de la Evaluación de Calidad 2013. Con la firma del convenio en noviembre, a los agentes de tránsito se sumaron 60 de la Policía de Tránsito. Ese mismo mes la Alcaldía aprobó la contratación de 100 agentes, de los que se ha contratado a cerca de 28 que son los únicos que han cumplido con los requisitos.

Así las cosas, la ciudad tiene hoy cerca de 150 agentes, y aunque la mejora en la movilidad a partir de la llegada de los nuevos agentes es cuestionable, al parecer el convenio firmado los primeros días de noviembre sería legal teniendo en cuenta la situación de la ciudad en ese momento.