Etcar responde a señalamientos de contratación irregular

28 de mayo de 2019 01:51 PM
Etcar responde a señalamientos de contratación irregular
Según la Escuela Taller, la empresa tenía la pretensión de obtener una prorroga de cinco años, pero las condiciones estipuladas en el contrato del 2014 hacían casi imposible obtener ese beneficio. //ARCHIVO- EL UNIVERSAL

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El pasado 26 de mayo, El Universal hizo pública unas denuncias hechas por María Victoria Maldonado, representante legal de la Empresa Administradora de Recursos Turísticos y Patrimoniales (EART), quien envió una carta a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, con copia a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. En el escrito denunció presuntas irregularidades en contratación por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar).

En términos generales, la representante legal de EART manifestó que hubo una terminación del contrato sin previo aviso y, posteriormente, se le dio el espacio a una empresa que obtuvo el Registro Nacional del Turismo el día de la firma del contrato, y que se hizo de manera directa, entre otras presuntas irregularidades.

Ante los señalamientos, la entidad encargada de la administración de los BIC (Bienes de interés Cultural) se defendió y dio su versión de lo ocurrido con la empresa que brindaba servicios de audioguías desde una taquilla en el Castillo de San Felipe.

“El contrato que existió con la señora Maldonado y su empresa había vencido el 15 de octubre de 2017 -se suscribió en 2014-, sin que se haya renovado. Hay una norma que determina que ningún contrato de la administración pública se puede prorrogar tácitamente. Cuando el contrato se terminó, a todos los contratistas se les dijo de la situación y se les ofreció la prorroga hasta diciembre de 2017 para que a partir de 2018 implementaran los nuevos contratos, pero con el caso de EART no ocurrió así. Nunca firmaron la póliza de la nueva prórroga”, dijo Nelson Navarro, asesor jurídico de la entidad.

Según la Escuela Taller, la empresa tenía la pretensión de obtener una prórroga de cinco años, pero las condiciones estipuladas en el contrato de 2014 hacían casi imposible obtener ese beneficio.

“La pretensión de prorrogarlo va fundamentada en mantener las condiciones de ese mismo contrato, en el cual hay tres consideraciones que son difíciles de sostener. La primera es que ese contrato no genera ningún ingreso de recurso, la empresa EART no pagó ni un solo peso por la permanencia en ese sitio de venta de sus servicios. Segundo, no colaboraron con el tema de servicios. Tercero, el tema tecnológico, había que mejorar el servicio”.

Las razones por las cuales esta empresa duró tantos años en una taquilla de un BIC sin pagar un solo peso, no pudieron ser muy bien explicadas por Etcar debido a que el contrato se celebró hace muchos años, bajo la dirección de Germán Antonio Bustamante, y desconocen los motivos exactos de por qué se dio. Ese contrato es el segundo que firmó la empresa, ya que el primero fue en 2009. “El primer contrato contemplaba el pago del 10% por cada venta de audioguías a favor de la Escuela Taller, pero en el segundo contrato esa obligación desapareció, simplemente se estipuló que la contraprestación sería lo que pudiera solicitar la escuela para el servicio educativo, pero si se revisa ese componente se determinará que nunca hubo eso”.

Debido a que no se dio la prórroga del contrato entre EART y la Escuela Taller, se procedió a la liquidación del mismo. Por eso, explica la entidad, quedó un espacio vacío que podía ser ocupado por cualquier empresa que cumpliera con los estándares y ofreciera un buen servicio.

La contratación

La ventanilla que dejó EART fue entregada en arrendamiento a la empresa Caribe Cultural, que suministra el servicio de audioguías de una manera digital a través de la aplicación Sound Walkrs.

“El proceso corresponde a una contratación directa por arrendamiento de inmuebles, la cual está consagrada en la Ley 1150. En este caso, la Escuela Taller no está pagando ni está contratando un servicio, figura como parte arrendataria porque entrega un espacio con fundamento en lo que consagra el PEMP”, dijo Navarro.

El arrendamiento de inmuebles es, como lo explica el jurista, una de las fuentes de ingreso de la Escuela Taller, ya que no recibe recursos por orden distrital ni nacional. “Los recursos de autogestionamiento provienen de ingresos de taquilla al Castillo San Felipe, ingresos por parte de eventos en las murallas, y eventualmente algunos convenios de cooperación”.

El contrato con esta empresa vence el 31 de diciembre de 2019.

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