¿Existe algún delito para cancelar Sex Island o es solo un tema moral?

05 de octubre de 2017 05:25 PM

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En medio de la crisis política que atraviesa la ciudad, la viralización de un video que invita a una fiesta con 60 prostitutas a bordo de un yate y una isla privada ha desviado las miradas de las autoridades, funcionarios y ciudadanía en general. La publicidad de este evento, denominado Sex Island, muestra a Cartagena como un destino sexual para extranjeros brindando un espacio en el que un grupo de máximo 30 hombres pueden sostener relaciones con 60 mujeres.

El paquete, que tiene un costo de US$5 mil, incluye sexo con dos mujeres, alcohol y comida ilimitada, fiesta a bordo de una embarcación de lujo, acomodación en una isla del caribe colombiano y “luz verde” para consumir sustancias alucinógenas durante los cuatro días y tres noches que dura el evento.

La exposición mediática que ha tenido Sex Island gracias al número de reproducciones que logró su video promocional ha puesto en alerta a las autoridades de la ciudad que, con un discurso de no promoción de Cartagena como destino turístico sexual, han anunciado que tomarán cartas en el asunto. Según informó el mismo alcalde (e) Sergio Londoño y su secretario del Interior, Fernando Niño, trabajaran conjuntamente con Migración Colombia, Policía y Armada para impedir la realización de este evento.

“Este es un video obsceno que no obedece al turismo que queremos en Cartagena. Estos eventos dañan el buen nombre de los cartageneros, está a favor del consumo de las drogas y en contra de las mujeres. No los vamos a tolerar en la ciudad y después de una exhaustiva investigación sobre lo que sucede ya se tienen acciones puntuales para desarrollar”, manifestó Londoño Zurek, tras conocer la existencia de la pieza publicitaria de la compañía Good Girls Co.

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Cartagena ya estuvo en una situación similar a mediados de este año, cuando la realización de Lal Expo, un congreso internacional de cine de adultos, fue cancelado por ir en contra de la imagen turística que quiere proyectar Cartagena. En aquel momento, los organizadores instauraron dos acciones de tutela en contra del Distrito y la Gobernación, pero el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y el Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial fallaron en contra.

Las razones que dieron los togados dejaron más interrogantes que certezas: las acciones legales no estaban llamadas a prosperar y, además, no se observaba que ni la Alcaldía ni la Gobernación hubiesen vulnerado ninguno de los derechos fundamentales que señalaban las tutelas. Finalmente, los jueces subrayaron que la tutela no era la acción legal pertinente para resolver este caso. La cancelación del congreso, sin piso jurídico, quedó como una decisión arbitraria y unilateral por parte de las autoridades.

Cancelar Sex Island, otra decisión que no se apoya en la ley

Luego de conocerse que la Alcaldía “cazaría” a los organizadores de este evento y prohibiría su realización, El Universal se comunicó con un abogado especialista en derecho comercial y derechos humanos*,  para conocer si existe algún delito en la realización de este tipo de fiestas sexuales el cual soportara su cancelación, o las determinaciones del Distrito se soportaban únicamente desde la moralidad.

Según explicó, en el derecho existe un principio que dice: todo lo que no esté prohibido está permitido. Esto significa que todo aquello que no esté tipificado en el código penal, no se puede prohibir o amenazar con sanciones. En el caso de Sex Island, basándose únicamente en la información publicada por la organización, no se está incurriendo en ningún delito porque las prostitutas son mayores de edad y el evento se realiza en un sitio privado para no alterar el orden público.

“El código penal no castiga a las personas que se dedican a la prostitución, incluso, es una profesión defendida por la Corte Constitucional. Es un delito cuando son menores de edad o, siendo mayores de edad, son obligadas a hacerlo. Según el video que se mueve en redes sociales, este evento se hace en un yate y una isla privada, por lo tanto está amparado bajo el derecho fundamental a la intimidad. Si usted quiere invitar a 50 prostitutas a su casa y acostarse con todas es su problema siempre y cuando no afecte a la tranquilidad de sus vecinos, pues eso sí hace parte del Código de Policía”, indica el abogado.

Respecto a la promoción de Sex Island como actividad económica, dice el abogado, existe legitimidad aunque  Good Girls Co no esté registrada ante la Cámara de Comercio, pues el código de comercio de Colombia, a pesar de obliga a que se haga este registro, también presume como ‘comerciantes’ a toda persona que realice alguna actividad mercantil. Así las cosas, si el Distrito piensa cancelar el evento porque esta empresa no está inscrita ante la Cámara estaría incurriendo en un error. “Lo máximo que puede pasar al respecto es que la Superintendencia de Industria y Comercio es que la sanciones y obliguen a pagar los impuestos que no han cancelado”, manifestó.

¿La moral es suficiente para cancelar un evento?

Teniendo claro que la legislación colombiana no prohíbe eventos como Sex Island siempre y cuando no haya menores de edad inmiscuidos ni se base en la trata de personas, el rechazo a esta práctica se centra en la moralidad y buenas costumbres que promulgan las autoridades locales. Aunque el rechazo generalizado podría suponer suficiente motivo para prohibir este tipo de conductas, el abogado sostiene que la moralidad no es un tema jurídico sino un sistema normativo que, en este caso concreto, no limita la realización de una fiesta con prostitutas en una isla.

“La Moral, el derecho y la religión son sistemas normativos distintos. La Corte Constitucional ha dicho que las actividades de los colombianos no se rigen por la moral religiosa que es la que pudiera incidir que se prohibiera Sex Island. La moral social, para esta actividad, es que quienes participan no interpretan que sea inmoral. Las prostitutas están felices, los clientes están felices, el dueño del yate está feliz, el de la isla está feliz y la felicidad es un derecho fundamental. Si la moral de los cartageneros dice que es necesario prohibir estos eventos pues deben abanderar la creación de normas que lo prohíban”, finaliza el especialista en derecho comercial.

“Promocionaron este evento como público y no tiene permisos”

Más allá de la legislación nacional, la normatividad del Distrito sí supone un obstáculo para Sex Island, aunque de cumplirse la ley no supondría un motivo para su cancelación. Fernando Niño, Secretario del Interior, indicó que el evento dejó de ser privado cuando publicaron un video publicitándolo y, como evento público, debe tener un permiso por parte de su despacho.

Niño sostiene que, según el Plan Integral de Seguridad de Cartagena, las autoridades están llamadas a trabajar conjuntamente contra delitos sexuales como la explotación sexual infantil, el abuso de menores de edad, la trata de personas y pornografía infantil, por lo que le negaría los permisos a Sex Island.

“Al ser un evento público, según el Acuerdo 024, necesita un permiso de la Secretaría del Interior. Nosotros, teniendo como manual el  Plan Integral de Seguridad, tenemos la potestad para negarlo y, por lo tanto, no se podría realizar”, explicó el funcionario. (Lea aquí: Rechazan polémico video que promociona fiesta con sexo y alcohol en Cartagena)

En el caso concreto de Sex Island, ninguno de los servicios que ofrece van en contra del Plan Integral de Seguridad que expone Niño, por lo que no habría una razón para negar dicho permiso. Sin piso jurídico para cancelar, la decisión de hacerlo sería unicamente por motivos moralistas y la lucha de Cartagena por no ser vista como un destino sexual ante el resto del mundo.

*No se publica identidad del abogado por petición del mismo.

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