El Tribunal Superior de Bolívar, mediante fallo de segunda instancia, declaró improcedente una acción de tutela que instauró un particular que reclama los predios donde está construido un parque en la urbanización La Troncal.
Esta polémica comenzó hace unos tres años cuando el ciudadano español Juan José Santaolalla reclamó el lote, ya que presuntamente lo había adquirido por $75 millones.
Pero la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que el lote sí pertenece a la comunidad, por lo cual debía inscribirse su matricula a nombre del Distrito, ya que se trata de una zona verde comunal, que desde 1982 había sido cedida por el constructor Héctor García Romero, quien erigió la urbanización La Troncal.
Efraín Ortiz Hernández, abogado de la comunidad, contó que se hizo una solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que corrigiera y ordenara que se inscribiera correctamente la escritura de cesión y que el predio quedara a nombre del Distrito.
Dicho pronunciamiento fue objeto de apelación por parte de Juan José Santaolalla, quien también instauró una acción de tutela ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, para que se obligara a Instrumentos Públicos a echar hacia atrás el fallo en el que ordenó inscribir la escritura en forma legal.
Las pretensiones de esa tutela fueron negadas en primera instancia por el Juzgado Séptimo, lo cual fue apelado por el español y el recurso subió al Tribunal Superior de Bolívar, que confirmó ayer la negativa de esa tutela.
Ahora, la comunidad está pendiente de que la Superintendencia de Notariado y Registro, en Bogotá, se pronuncie sobre el fallo que dio su sede en Cartagena, dado que el predio quedaría definitivamente a nombre del Distrito de Cartagena.
Alfonso Martínez Ferrer, abogado de Juan José Santaolalla, advirtió que su cliente seguirá en el proceso, ya que el terreno fue cedido al Distrito por el constructor García Romero, pero nunca se protocolizó dicha propiedad.
Posteriormente, Santaolalla, acreedor de García Romero, obtuvo el lote como parte de pago de una deuda y comenzó a pagarle impuestos al Distrito.
“En ese aspecto --dijo Martínez Ferrer-- hay una irregularidad de parte del Distrito, porque si supuestamente el terreno es de su propiedad, ¿por qué han seguido cobrándole impuestos a mi cliente?”.
Una de las solicitudes que hará el abogado será el resarcimiento de los dineros pagados por Santaolalla a la Alcaldía de Cartagena.
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