Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión de primera instancia contra cinco personas implicadas en posibles irregularidades en un contrato celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia, y ordenó sus capturas.
Los implicados son Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera de la fundación y esposa del concejal Américo Mendoza, así como los hijos de la pareja, Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, quienes se desempeñaban como proveedores. Además Olga Lucia Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación, y Patricia del Carmen Arnedo Pombo, representante legal durante el 2015.
Cabe recordar que tras adelantar la investigación, la Dirección Seccional de Fiscalía de Bolívar presentó el año pasado a las cinco personas capturadas ante una juez de Control de Garantías de Cartagena, quien en primera instancia acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, para sustentar que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, por lo que negó las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.
Los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014, por valor de $7.818.524.064, suscrito por el ICBF y la Fundación Prociencia para ejecutarse durante la vigencia de 2015. El objetivo era prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar.
Según la Fiscalía, tras las labores desplegadas por el equipo de policía judicial “se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de $1.500 millones, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.
Sobre los hechos mencionados, el ICBF no entregó declaraciones. El Universal conoció que el Instituto está en proceso de liquidar el contrato con la Fundación Prociencia.
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