Cartagena


Fortificaciones manejadas por privados, una “papa caliente” en Cartagena

La solo idea “levanta espinas” en la ciudad; las opiniones están divididas. El Universal consultó a cuatro expertos, conozca los diferentes puntos de vista.

ERICA OTERO BRITO

13 de diciembre de 2020 10:15 AM

Dejar en manos de privados la administración de las murallas y fortificaciones de Cartagena es una idea que ‘levanta espinas’ entre los defensores del patrimonio y la ciudadanía en general. El temor radica básicamente en que un particular se “apropie” del legado inmaterial histórico representado en estas estructuras centenarias y se restringa al residente y al visitante el libre disfrute de las mismas.

Sin embargo, el costo del mantenimiento de estas joyas arquitectónicas abre la puerta a debatir si es conveniente o no contemplar la participación de capital privado para ampliar las opciones de un ingreso seguro y estable que garantice el auto sostenimiento y su conservación en el tiempo, frente al reto que impone el cambio climático.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Las opiniones sobre el tema están divididas. Alfonso Cabrera, director de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), precisa que es valido estudiar la conveniencia de una asociación público privada (App), no con el concepto “simplista de llamarla privatización sino como un modelo de gestión integral en el que concurran en igualdad de condiciones la Nación y el Distrito a fin que no resulte un modelo que termine beneficiando a unos particulares”.

Alberto Samudio, arquitecto y restaurador, propone que la administración del patrimonio fortificado la asuma una entidad o corporación que tenga personería jurídica, de naturaleza pública, sometida al derecho privado, sin ánimo de lucro, de utilidad común e interés social. Esto quiere decir, que “el ente creado tendría autonomía administrativa y financiera, dentro del marco de los estatutos con los cuales se dote y no estaría sujeto a los vaivenes de la política. Lea aquí: ¿El futuro de las fortificaciones será la privatización?

La Nación tendría sus representantes en la asamblea y en la junta directiva, de manera que desde esas instancias pueda controlar o participar en las decisiones que se tome sobre la administración del bien”.

Hay que hacer claridad que en ambas propuestas, tanto en la de Cabrera como en la de Samudio, las murallas y demás fortificaciones seguirían siendo propiedad de la Nación, punto importante porque la Ley demanda que como bienes públicos no se pueden privatizar.

El restaurador de bienes muebles, Salim Osta Lefranc, se afianza en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo San Felipe para rechazar cualquier forma que involucre capital privado con participación en la toma de decisiones sobre el patrimonio fortificado. “El PEMP es el instrumento de gestión y por ley hay que apegarse a él para realizar las acciones que garanticen la protección, conservación, sostenibilidad y uso de las murallas. Es enfático en que su uso tiene un carácter social para el disfrute de los cartageneros y visitantes, por lo tanto una privatización no tiene cabida, ni validez”, recalca.

Bertha Arnedo, del Observatorio de Patrimonio de la Universidad de Cartagena, enfatiza en que las fortificaciones no son solo piedras, “sino la huella de nuestra historia, de nuestro origen, fundamento y multiculturalidad, el legado que nos da identidad, que nos hace distintos de otros en un marco particular, por lo que es necesario que la ciudadanía tenga libre acceso para garantizar ese conocimiento y aprecio de todo lo vivido desde nuestras identidades cartageneras”.

Arnedo se decanta también por el PEMP; expresa que este contempla estrategias de sostenibilidad financiera con usos temporales específicos, pero también incluye como premisa que la sostenibilidad social la da la gente. “El equilibrio en ese sentido es clave y la balanza siempre debe privilegiar el conocimiento, disfrute, apropiación y puesta en valor del patrimonio de los cartageneros para los cartageneros”.

ARRENDARLAS NO DEJA RECURSOS SUFICIENTES (cambio climático)

De los entrevistados, Cabrera fue el que más argumentó su postura de considerar una APP como alternativa. Entre las razones infiere que este modelo puede compararse con el de arrendar ciertos espacios de las murallas, como se ha hecho en el pasado, solo que los arriendos no dejan los suficientes recursos financieros para abordar el reto de conservar las fortificaciones frente al cambio climático. “El modelo debe optimizarse”, dice.

“La premisa en este momento en cualquier modelo de gestión integral que se elija para el manejo de nuestro legado material debe contener como parámetro principal el cambio climático, de lo contrario será una perdedera de tiempo. Los que ganen deben ser expertos y la convocatoria debe ser mundial porque nuestro patrimonio lo es, y apostarle a que nos queden unas murallas y fortificaciones para los próximos 100 años”, precisa Cabrera.

Expresa, además el funcionario, que en una APP también debe quedar consignado el rescate de vastas zonas arqueológicas que están todavía bajo tierra, como los antiguos revellines de la Media Luna o el revellín de El Cabrero u otras estructuras que están dentro de la muralla, aún cerradas para la historia, pero que son unas auténticas joyas arqueológicas que no han sido investigadas en serio.

EJEMPLOS INTERNACIONALES

Ejemplos de empresas privadas manejando patrimonios históricos hay varios en el mundo. Está el caso de las Pirámides de Egipto o el Coliseo Romano; sin embargo, esto no significa que las experiencias sean del todo positivas advierte Alberto Samudio.

“El tema del Coliseo Romano fue muy polémico porque lo que hizo Berlusconi fue darle a un particular una cesión de uso de ese emblemático monumento por 15 años prorrogables a cambio de 25 millones de euros para su restauración. Al Gobierno se le criticó que dio demasiadas libertades al concesionario y además que el recaudo por taquilla que le correspondía era desproporcionadamente alto en comparación con la inversión para restaurarlo”, expresa Samudio.

El ejercicio con las Pirámides de Egipto fue diferente; en este no hubo concesiones sino la contratación directa del gobierno a una empresa privada para que se encargara de la administración y el mantenimiento de los monumentos y aumentara la visita de turistas.

En conclusión el tema es delicado. La administración de las fortificaciones de Cartagena actualmente está en manos de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Ectar) y un cambio al respecto no está ni meramente considerado en el futuro inmediato. Sin embargo, el debate sobre la participación de gestores privados en esa tarea está abierto y entre las diferentes voces a favor y en contra se rescatan dos puntos en los que todos coinciden: las fortificaciones de Cartagena son propiedad de la Nación, y eso es invariable e inviolable, además sea cual sea el modelo que se elija en el futuro en nada debe afectar que los niños y niñas eleven cometas, los adultos las caminen, los enamorados se tomen la foto y que familias enteras las puedan pasear y disfrutar.