Gobernación pretende tumbar proceso de mercados

La Gobernación de Bolívar no se da por vencida dentro del caso de los millonarios contratos para mercados y medicinas que debían suministrarse a los damnificados por el invierno del 2007 y que tanta controversia ha generado en Cartagena. Ahora espera que el Consejo de Estado falle a su favor una tutela con la que pretende revocar la orden de entregar y pagar los elementos anotados. Precisamente el Consejo de Estado, en segunda instancia, debe decidir si mantiene o no una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que denegó la pretensión de la Gobernación, solicitada a través de tutela. Según el Tribunal, con la tutela no es factible echar atrás un proceso en el que la Administración ha tenido oportunidad de apelar las decisiones tomadas en Derecho. VIOLAN DEBIDO PROCESO Según el director de la Oficina Jurídica del Departamento, Johan Toncel, para la Gobernación fue flagrante la violación del debido proceso en que incurriera el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena –contra el que se interpuso la tutela–, durante el trámite de una acción popular que pretende evitar el pago de los contratos millonarios. Sin embargo, pese a que la acción perseguía que el Gobierno Seccional no pagara los contratos y la no entrega de los alimentos y medicinas por considerar que hubo irregularidades en el proceso de adquisición de los mismos, el Juzgado ordenó lo contrario como medida provisional. La actuación de la juez Décimo Administrativo, Elsy María Rodríguez Usta (hoy magistrada provisional del Tribunal Administrativo de Bolívar), también fue objeto de denuncias ante la Fiscalía Seccional por el delito de prevaricato por acción. NO LOS QUEMA Esta misma juez ordenó posteriormente la incineración de las medicinas y mercados, dado que se encuentran dañados. A esta orden la Gobernación de Bolívar también se opone tras anotar que destruir estos elementos sería favorecer a las firmas contratistas con las que se suscribieron los contratos, y se borrarían todas las evidencias, ya que están en curso varias investigaciones por posibles irregularidades de la administración pasada al firmar estas contrataciones. En todas sus decisiones, dice Toncel, la juez ha violado el debido proceso, por lo que esperan que el Consejo de Estado ordene echar atrás las ordenes de dicha juez. El caso apenas está para reparto entre los magistrados del alto ente judicial de lo contencioso administrativo.