Gobernadores se oponen a sobretasa para Electricaribe

30 de marzo de 2019 12:00 AM
Gobernadores se oponen a sobretasa para Electricaribe
El pronunciamiento en contra de la sobretasa se dio tras un debate con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, entre actores del orden nacional. //Foto julio castaño - EU.

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Los gobernadores del Caribe colombiano dijeron no estar de acuerdo, con la sobretasa propuesta en el cobro del servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6 de Colombia, como medida de salvamento para la empresa Electricaribe.

El pronunciamiento surgió al final de un debate sobre fórmulas financieras para resolver la crisis de Electricaribe, que tuvo lugar en la Casa de la Moneda, en el Centro Histórico de Cartagena, y al cual asistieron también el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el vicecontralor general Ricardo Rodríguez Yee.

Refiriéndose a la sobretasa, los mandatarios seccionales recordaron que ese mecanismo fue utilizado durante muchos años en la Región Caribe, a partir de 1968.

“Los usuarios –prosiguieron– pagaron una sobretasa varios años, con la cual se construyó toda la infraestructura eléctrica regional, que después fue vendida por US$1.200 millones, y esos recursos los tomó la Nación como si fueran de su propiedad, sin tener en cuenta que era un patrimonio construido con los aportes de la sobretasa de la Región Caribe”.

Agregaron que respaldan el proceso de escogencia de un nuevo operador. “Seguimos atentos y es de nuestro total interés el fortalecimiento y el desarrollo de Electricaribe, para que brinde la calidad de servicio que el Caribe requiere. Estamos en la búsqueda de los inversionistas nacionales que encuentren las condiciones necesarias y atractivas, para hacer la inversión requerida en la empresa, y construir la gran compañía energética que se requiere para el desarrollo del Caribe colombiano”.

Insistieron en la importancia de ver la posibilidad de formalizar la gran “empresa energética del Caribe”.

“Existen diez empresas de energía del Caribe, que son manejadas con talento regional eficazmente, con resultados financieros. Ellas son: Urrá, Geselca, Transelca, Termocartagena, Termocandelaria, Tebsa, Termoflores, Gases del Caribe, Surtigás y Promigás, que bien podrían participar en este proceso, al aportar capital, experiencia gerencial y talento”, indicaron los mandatarios.

APRECIACIÓN DE
LA CONTRALORÍA

Al respecto, el vicecontralor Rodríguez Yee opinó que “el esquema de negocio de Electricaribe es deficitario; es decir, requiere de subsidios. No obstante, depende del legislador y del Gobierno la formulación de mecanismos que, de alguna manera, le aporten mayores recursos; pero esos recursos deben aportarse a la construcción de capital y a la operación eficiente de la empresa, y que no se desvíen, como históricamente ocurrió con el Fondo de Energía Social (FOES)”.

Asimismo, llamó la atención sobre que es obligatorio que en el Estado haya consenso para solucionar la situación de Electricaribe, “y debe ser un ejercicio construido en colectivo, ya que realmente la condición de operación comercial y de prestación del servicio está llegando a sus límites”.

En cuanto al proceso de liquidación de la empresa y a la prestación del servicio, comentó que hay indicadores que se sostienen, pero también hay otros asociados a la prestación del servicio que han disminuido.

“Por ejemplo, en el indicador de prestación de horas no continuas para el mismo, se pasó de 99 horas, y hoy la Región Caribe está teniendo un servicio donde está ausente de energía al año, de 112 horas”, explicó Ricardo Rodríguez.

GRUPO ÉLITE

El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que su despacho, junto con la Procuraduría y la Contraloría, integrarán un grupo élite “para que la actuación sea conjunta y podamos hacerle un acompañamiento al proceso que se está anunciando, pero también que podamos establecer qué pasó atrás, en la operación del inversionista y el operador que administraba Electricaribe, y se puedan establecer claramente las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, si llegasen a existir, a partir de una investigación unificada”.

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