Los propietarios de apartamentos en los 16 edificios levantados por el denominado ‘clan Quiroz’ recibieron con asombro la noticia de que los estudios patológicos y estructurales que hará la Universidad Nacional en estos inmuebles empezarán la semana que viene. (Lea aquí: La semana que viene arrancan estudios en edificios de los Quiroz)
Respecto a las declaraciones del secretario de Planeación de Cartagena, Irvin Pérez, quien afirmó que expertos de esta universidad hicieron una visita preliminar a los edificios hace dos semanas, los propietarios aseveraron que esto no se ha dado y que tampoco han sido notificados sobre los estudios.
“Lo que dice el secretario respecto a las visitas de ingenieros de la Universidad Nacional en los edificios es falso, al menos que los expertos hayan llegado hasta acá por ósmosis (...) En el edificio Portales de Los Caracoles I y II no hemos recibido recientemente visitas de ingenieros, es más, la última vez que expertos llegaron hasta acá fue en enero cuando técnicos de la Fiscalía inspeccionaron los edificios”, dijo Yoneida Viloria, propietaria de apartamento y representante legal en Portales de Los Caracoles I y II.
Estudios y desalojos
Otro de los asuntos que más genera inquietud entre las familias afectadas es que para aplicar estudios es necesario un desalojo y que hasta el momento no han podido evacuar sus propiedades porque el Distrito no ha pagado los subsidios de arrendamiento.
“Al parecer, de manera descabellada se dice que van a empezar los estudios la semana que viene y para eso tienen que estar evacuados los edificios, pero ni siquiera han pagado los subsidios pese a que varias personas ya han aportado la documentación requerida”, agregó Viloria.
“No nos tienen en cuenta”
Los propietarios de Portal de Los Caracoles aseguran que el Distrito no los ha mantenido al tanto de todo el proceso tras la sentencia de la juez Tercera Penal con Función de Control de Garantías, Yuri Ponce, tras la audiencia de medidas de protección con la que se buscó el amparo por parte del Distrito a las 108 familias afectadas.
“De acuerdo a la sentencia del 30 de enero hay que notificarnos de toda esta situación, pero hasta el momento no nos han mostrado el contrato de los estudios y tampoco nos han tenido muy en cuenta en el tema de los subsidios de arrendamiento (...) De hecho, tenía que haber una mesa de trabajo en la que por lo menos participaría un representante de las víctimas”, concluyó Viloria.
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