Tal como lo anunció hace más de un año la Universidad de Cartagena, el riesgo que hay en varios de los edificios levantados ilegalmente por el denominado clan Quiroz está latente y por eso, a través de una misiva, la Universidad Nacional, institución que aplicó por segunda vez estudios estructurales y de sismorresistencia a estas propiedades, le recomendó al Distrito evacuar los edificios.
Hasta el momento, y según le explicó a este medio la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena, Laura Mendoza, la situación está bajo control, puesto que esas edificaciones que recomendaron ser desalojadas ya están desocupadas y que la tarea de esta dependencia es persuadir a las familias que habitan otros edificios que no han sido revisados por la Nacional, a que hagan lo mismo.
“A lo que la Universidad Nacional se refiere en un escrito es que se evacuen dos edificios que están deshabitados desde diciembre: Tsalach y Villa Mary.
“Ellos hacen referencia a que los edificios que han estudiado hasta el momento, que han sido seis, están con una patología similar a estos dos mencionados anteriormente. Lo que han visto es que las deficiencias estructurales que se presentan en estos edificios han sido iguales en los seis. Ellos alertan al Distrito, porque presumen que los edificios deben estar en las mismas condiciones porque normalmente utilizaron la misma forma de construcción”, explicó la funcionaria.
Sin embargo, la misiva enviada por la Universidad Nacional no hace la advertencia solo sobre los seis edificios estudiados sino sobre “todos los que son objeto de este contrato”, es decir, los 16 identificados hasta el momento.
Mendoza precisó que hasta el momento están desocupadas las siguientes edificaciones: Portal de Blas de Lezo I, Villa May, Villa Mary, Tsalach, Shalom, Alpes 31 y Portal de los Alpes. Añadió que faltan por desalojar Innova, Villa Naevia, Calipso, Portal de los Caracoles II, Brisas de la Castellana y Villa Ana.
Además, se refirió puntualmente a los edificios Villa Vanessa y Brisas de Blas de Lezo, en los que están por salir una persona en cada uno de estos, a las que el Distrito les tiene pendientes el pago de subsidios.
La funcionaria manifestó que en algunos casos el proceso de desalojo es complicado, porque hay familias que se resisten a evacuar, pero que en estas situaciones se está haciendo un proceso de persuasión para que desocupen sus apartamentos de manera voluntaria.
“Con las familias que no quieren salir, seguimos con el proceso de persuasión, sin embargo, empezamos a revisar otro tipo de medidas coercitivas, porque hay una orden judicial y una alerta de la universidad, lo que configurarían dos medidas que se tienen que cumplir. También está la autoprotección y el cuidado que las familias deben tener”, dijo.
Desde Gestión del Riesgo hay varias resoluciones listas, algunas ya firmadas y enumeradas, mientras que hay otras listas para pago.
“Hay 159 personas que están siendo beneficiarias de los pagos. Las resoluciones las estamos haciendo individualmente, es decir, una resolución por cada beneficiario. Los pagos que tenemos pendientes de 2018 también se tienen que hacer de manera independiente. Estaríamos hablado que serían 320 resoluciones”, concluyó Mendoza.
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