Cartagena


“Hemos cumplido a cabalidad el contrato”: concesión de alumbrado público

Leonardo Olarte, apoderado especial y abogado de la concesión habló sobre las condiciones del contrato y la propuesta que se hizo para modernizar el sistema.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

30 de noviembre de 2020 12:00 AM

En 1998 la Alcaldía de Cartagena suscribió un contrato de concesión por 20 años con las firmas Ecosodio y Electroconstrucciones LTDA (hoy Consorcio Iluminemos), para la modernización del alumbrado público. Si bien la prestación del servicio es responsabilidad de los municipios o distritos, la ley tiene previsto que se puede prestar de manera directa o indirecta, como ocurrió en la ciudad.

“Al no tener una dependencia específica que contara con la experiencia técnica, financiera, jurídica y regulatoria para la prestación del servicio, se acudió a un tercero experto en la materia, capaz de ejecutar todas las actividades propias del servicio. En el caso de la concesión, se tienen actividades de inversión para realizar la modernización del sistema de alumbrado público, asimismo sus expansiones y las reposiciones”, afirmó Leonardo Olarte, apoderado especial y abogado de la concesión.

Según contó, en el año en que se firmó el contrato el país afrontaba una crisis energética, ya que todos los sistemas de alumbrado público estaban en una tecnología de mercurio, la cual tenía un alto consumo, representaba un alto riesgo para la salud de las personas y generaba un impacto ambiental muy fuerte.

“Se observó que para ese momento la tecnología más conveniente era el sodio, entonces se hizo, en cumplimiento de las obligaciones del contrato, una modernización de mercurio a sodio entre 1999 y 2002”. (Le puede interesar: Siguen dudas por proyecto de alumbrado público en el Concejo Distrital)

La forma de pago

Teniendo en cuenta la cantidad de recursos que implicaban los trabajos, se estipuló que la concesión se pagaría con el impuesto de alumbrado público del Distrito, que se recauda a través de un comercializador de energía conforme a lo que dispone la Ley 1819 a través de su artículo 382.

“La ley le atribuyó a los comercializadores de energía la facultad de ser agentes recaudadores de los impuestos de alumbrado público, el cual desde el inicio de la ejecución del contrato se maneja en un patrimonio autónomo, una fiducia mercantil. Una vez ingresan los recursos, se dispone el 10,8% para hacer el pago al concesionario y lo que está fuera de ese porcentaje son recursos de excedente que son propiedad del Distrito de Cartagena y se encuentran en la fiducia constituida para tal fin”, explicó Olarte.

¿Por qué no modernizaron?

Con el paso de los años, y tras cumplirse las obras de modernización y expansión, se comenzó a abrir un nuevo escenario de tecnologías más amigables en el ámbito del alumbrado público. “Inicialmente nosotros pasamos al sodio, que es la tecnología actual, pero todo evoluciona y hoy tenemos las LED que propenden por los mismos efectos de ese momento, como disminución en el consumo de energía eléctrica, ser amigable con el medio ambiente y no tener impacto nocivo sobre la salud de las personas”, manifestó Olarte.

Agregó que “desde 2015, entendiendo la realidad que afrontaba la prestación del servicio en el Distrito, el concesionario realizó una propuesta de inversión por $107 mil millones, para migrar hacia una tecnología LED, que es necesaria frente a todo el alumbrado público”.

De igual manera, la propuesta contemplaba obras de expansión en los sitios de la ciudad que se encuentran en completa oscuridad porque no hay conexiones, incluyendo las playas.

“La propuesta presentada en ese entonces satisfacía ambas necesidades, modernización y expansión. Proyectamos una extensión del contrato por nueve años porque en ese momento era el tiempo que le restaba de ejecución y que de acuerdo con la ley no se pueden extender más de 30 años. Así las cosas, esa inversión se visualizó en un flujo financiero para no impactar los ingresos del impuesto de alumbrado público, pero desconocemos la metodología de cálculo tenida en cuenta por el Distrito en la valoración de la propuesta presentada por el concesionario”.

Balance de ejecución

Tras la negación de esta propuesta, las condiciones del contrato seguían siendo las mismas y se preveía que en 2018 este llegaría a su fin, sin embargo, el Distrito no tenía un plan para asumir el servicio y pidió una prórroga de un año, situación que se repitió en 2019 y se extendió nuevamente hasta el 4 de enero de 2021.

“Hoy, ad portas de estar terminando, el balance es muy favorable. Es un contrato que en 22 años solo ha tenido siete otrosíes, de los cuales cinco han sido modificaciones propias de las necesidades que ha tenido el sistema en cuanto a la semaforización, alumbrado, efectos del impuesto de alumbrado público, que se han ido incorporando normativamente, y dos prórrogas de un año cada una”, sostuvo el apoderado especial.

Aunque el alcalde William Dau ha dicho reiteradamente que el servicio se ha prestado con deficiencias porque hay varios lugares de la ciudad sin ningún tipo de alumbrado, la luz es opaca y el sistema no ahorra mucha energía, para Olarte no es comparable el escenario de modernización para el momento en que se celebró el contrato, con la actualidad.

“La interventoría ha manifestado que el contratista ha cumplido con las obligaciones del objeto contractual a lo largo de toda la ejecución y nunca ha tenido ni siquiera un inicio de un proceso de incumplimiento o sancionatorio; no ha sido controvertido jamás por organismos de control, es un contrato que nunca ha tenido ese nivel de cuestionamiento, lo cual habla de una buena gestión. Se cumplió desde el punto de vista financiero, técnico y jurídico con las obligaciones de modernización”.

Añadió que también se han realizado las obras de expansión que ha solicitado el Distrito y que han sido avaladas y vigiladas por la interventoría.

“Los términos de eficiencia del contrato nunca han estado por debajo de lo establecido, que es 95% del sistema encendido en la noche y apagado en el día, esa es la manera de medirlo. Todo esto está documentado en el expediente contractual”.

¿Qué sigue?

De acuerdo con la concesión, al momento de terminarse el contrato le corresponderá a la administración distrital tomar las decisiones que considere pertinentes para garantizar la prestación del servicio de alumbrado público.

“El Distrito tiene la autonomía de elegir, dentro de todos los esquemas previstos en la ley, el mecanismo para la prestación del servicio, ya sea abrir una convocatoria pública, adelantando un proceso como el actual o que nos de la posibilidad de presentar nuevamente una propuesta frente a una eventual prórroga del contrato, la cual involucre, muy acorde con los tiempos y dentro del marco legal, esas actividades de inversión con miras a una modernización del sistema y la ejecución de obras de expansión requeridas”.

Pese a que el alcalde ha dicho que se niega a una prórroga, el concesionario no cierra sus puertas ante una eventual propuesta, pues el futuro del alumbrado público aún es incierto. (Lea aquí: Distrito insiste en cambio de operador de alumbrado público para Cartagena)

“Siempre hemos manifestado nuestra buena fe contractual, nuestra voluntad de más allá de ser unos contratistas, ser unos colaboradores de la administración, y en ese sentido estamos abiertos a que en la autonomía de la decisión que tome la Alcaldía, nosotros presentar la propuesta que nos sea permitida, pero es una decisión que no depende de nosotros porque somos un tercero y abrir ese espacio es una autonomía del Distrito”.

Niegan participación de Hilsaca

En una de las recientes declaraciones del alcalde William Dau respecto al futuro de la concesión de alumbrado público, este afirmó que no la continuaría porque “el servicio ha estado por más de 20 años en las manos de un mismo concesionario, la Unión Temporal Ecosodio S.A. - Electroconstrucciones Ltda., empresa del empresario Alfonso Hilsaca Eljadue”.

Frente a estos señalamiento, el empresario expresó su rechazo y manifestó que no tiene, ni ha tenido participación alguna en la concesión.

A su vez, el apoderado especial de la Unión Temporal que compone la concesión aseveró que “de los registros de los libros de accionistas de cada una de las empresas no se encuentra, ni ha sido parte desde la constitución hasta el día de hoy, ni directa ni indirectamente, el señor Alfonso Hilsaca. Es un dato que se puede verificar en la Cámara de Comercio”.

Cabe recordar que la Unión Temporal Ecosodio S.A tiene una participación del 65% y Electroconstrucciones del 35%. Los nombres que están detrás de la concesión son: el economista barranquillero José Villalba Beltrán, William Arabia Valderrama y Jairo Ghisays Ganem.