Por la carencia de “las herramientas necesarias”, como personal técnico y vehículos, los inspectores de Policía de Cartagena tienen dificultades para cumplir con las nuevas atribuciones que, con la expedición del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 del 29 de julio de 2016), recayeron sobre sus hombros.
“Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación”, es solo una de las competencias que les otorga el Código, en el artículo 206.
Mónica Herazo Morales, inspectora de Policía de la comuna 13, en El Recreo, y representante de los inspectores de Policía de Cartagena, contó a El Universal cómo la falta de las herramientas mencionadas les dificultan asumir las competencias asignadas.
“Nosotros estamos cumpliendo todas nuestras funciones. Hemos tenido dificultad para cumplirlas porque, con los cambios de administración, las contrataciones no son por mucho tiempo. Para lo que es control urbano y espacio público necesitamos técnicos, sean arquitectos o ingenieros, que nos apoyen con los conocimientos. Estas personas no son de planta, son de OPS, y en febrero les hicieron un contrato por cuatro meses, es decir, en mayo nos quedamos otra vez sin técnicos”.
Herazo explicó que “por ejemplo, cuando voy a visitar una construcción, si la persona no tiene licencia es fácil, porque de una vez suspendemos; el problema es que la persona tenga licencia. ¿Cómo sé que está cumpliendo con los retiros y aislamientos?, ¿cómo verifico que se está cumpliendo si soy abogado, no arquitecto o ingeniero? Como inspectora de Policía no puedo salir a vigilar una obra o espacio público si no llevo al arquitecto o al ingeniero. Esa es una dificultad grandísima”.
Señaló que en este momento tiene asignado un arquitecto, quien la apoya en tales labores, “pero lo comparto con la comuna 9. La zona donde estoy es el Triángulo de Desarrollo Social, donde está el mayor auge de la construcción, tengo Parque Heredia, Ciudad Jardín, y una cantidad de obras que para poder revisar tengo que ir con el técnico”.
La falta de vehículo es otra “grandísima” dificultad. “Ahora mismo estamos sin vehículo, el año pasado los tuvimos intermitentes. Cuando hay quejas, como los usuarios que se quejan quieren que les hagamos las visitas, nos van a recoger, pero cuando es de oficio, porque es función nuestra vigilar, no podemos. Tengo una queja de una reja en espacio público en San José de los Campanos, pero mi oficina queda en El Recreo. ¿Cómo me voy para allá? Es demasiado lejos. Hemos hecho diligencias a pie hasta donde hemos podido”, manifestó la funcionaria.
Agregó que “a quejas por contaminación visual no hemos podido ir porque quedan lejos de nuestras oficinas. Lo mismo por medio ambiente. Toda la problemática se centra en la falta de técnicos y vehículos. Se requiere también un ingeniero ambiental cuando la problemática es de medioambiente.
“El alcalde ha hecho su mayor esfuerzo y ha conseguido, a través de la contratación, algunos funcionarios. Pero ahora solicitó una intervención de Función Pública (rediseño institucional) y están estudiando la planta del Distrito para ver si existe la posibilidad de incluir a esos profesionales, para que no tengamos ese problema. Del vehículo no nos han dicho. El secretario del Interior me dijo que están en eso”.
Herazo señaló que “para medidas correctivas, tenemos dos inspecciones de Policía permanentes. En esta semana entra la tercera, para que haya una en cada localidad, que son los compañeros que trabajan los fines de semana, nocturnos y festivos, y manejan la mayoría de los comparendos. Hacen su labor. El problema es que la mayoría de las inspecciones tienen un solo computador y a veces en una noche llegan 30 comparendos. Si la secretaria o el técnico tuvieran computador fueran agilizando el proceso”.
La escasez de computadores también retrasa la atención de los comparendos impuestos por la Policía. “Por cierres de establecimientos de comercio, a personas que riñen, orinan en la calle, consumen bebidas alcohólicas en el espacio público o protagonizan demás comportamientos contrarios a la convivencia, la Policía impone un comparendo y es el inspector de Policía quien impone la multa. Eso se hace a través de un procedimiento y algunas inspecciones no tienen ni impresora”.
La funcionaria resaltó que “no tenemos empresa de mensajería para notificar las actuaciones. Los recursos salen de nuestro bolsillo, y por eso le estamos solicitando al alcalde que necesitamos, como los juzgados, empresa de mensajería. Cuando el trámite es por una queja, las personas interesadas mandan por correo certificados, notificaciones, nos vienen a buscar, pagan el perito de la lista de auxiliares de la justicia, porque eso la ley lo permite, para que hagamos las visitas”.
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