Vestidos con camisetas blancas, portando carteles con el nombre y la fotografía de sus padres, hermanas e hijos desaparecidos, estaban ayer en el paraninfo de la Universidad de Cartagena los familiares de personas que fueron desaparecidas de manera forzosas en medio del conflicto armado que se vivió en Sucre, entre 1988 y 2008, y de las cuales, hasta la fecha, no se sabe el paradero de sus cuerpos, por lo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para ayer y hoy a una audiencia de medidas cautelares o de protección a los familiares y a varias instituciones, mediante el Auto AT-058 de 2019.
En esta audiencia pública se tomaron decisiones inmediatas, las cuales fueron relatadas por el magistrado de la sección de ausencia de reconocimiento y responsabilidad de la JEP, Alejandro Ramelli, quien señaló algunos puntos que el alcalde y gobernador de Sucre deben hacer en el término de 5 días o 3 meses hábiles después de notificados, según sea el caso.
En agosto de 2008, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hizo una solicitud a la JEP, pidiéndole proteger no solo los cementerios en San Onofre y el corregimiento de Rincón del Mar, y sobre las fincas El Palmar y La Alemania; sino también les piden proteger otros 16 cementerios y tres fincas, donde se presume hay unos 229 cuerpos inhumados de personas no identificadas o desaparecidas, esto de acuerdo a los resultados que han arrojado las investigaciones realizadas.
Los riesgos que el grupo de apoyo técnico forense del tribunal para la paz ha hallado en los cementerios ha sido la ausencia total de registros, grietas, deterioros y daños estructurales. Además, las tumbas y osarios no tienen una marcación adecuada, encontraron estructuras óseas expuestas, no había personal vigilando estos lugares y no se cumplían con los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde, según señalaron, se presentaron exhumaciones ilegales, realizadas por particulares.
Desde un principio, se sabía que algunas fincas como El Palmar, en San Onofre, había sido utilizada por paramilitares para hacer negocios con políticos y empresarios, por lo que este sitio es conocido como un centro de tortura y desaparición.
“Muchas de las víctimas fueron fusiladas en el Árbol de Caucho y sus cuerpos eran enterrados en ese mismo lugar o en terrenos cercanos a la finca o lanzados al mar”, indica el informe entregado.
Durante la audiencia, se conoció que el 32% de los sucreños fueron víctimas de desplazamiento, homicidio y amenaza, pero principalmente fueron víctimas de desaparición forzada, donde 70 mil personas sufrieron desplazamiento y más de 945 personas sufrieron desapariciones forzosas.
“Se presentaron 53,8% de estas desapariciones forzosas en Ovejas, Sincelejo y San Onofre, y la mayoría de estos hechos ocurrieron en fincas”, sentenció uno de los voceros de una institución invitada.
Además de protección a los sitios donde hallaron cuerpos de personas no identificadas, las víctimas le piden a la JEP protección para ellos, puesto que algunos han recibido amenazas y solicitan que aquellos sitios donde ocurrieron tragedias, pero no hallaron cuerpos, sean declarados sitios de memoria e historia.
Los magistrados de la JEP ordenaron algunas condiciones durante la audiencia, entre las que se encuentran que el grupo de apoyo debe entregar a la alcaldía de San Onofre, en el término de 5 días hábiles después de ser notificados, el inventario de los cementerios de San Onofre y de Rincón del Mar. Como medida urgente pidieron protección de los 17 lugares y le pidieron a la administración de San Onofre que se encargue de ellos, además deben legalizar, sanear y titularizar el cementerio Rincón del Mar.
En cuanto a las amenazas a los defensores de derechos humanos, ordenaron brindarles la protección adecuada, pues no permitirán que hayan más líderes asesinados.
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