Dimar se defenderá en segunda instancia de sanción por desacato

11 de abril de 2019 10:19 AM

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El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó un día de arresto para el capitán de puerto de Cartagena, Pedro Prada Rueda, quien, además deberá pagar una multa de más de cuatro millones de pesos.

De acuerdo con el despacho público, el funcionario no amparó a los carperos del corregimiento de La Boquilla, quienes exigían que se realizara una consulta previa, antes de que el Hotel de Las Américas tomara en concesión las playas donde los nativos tenían entre 15 y 20 años trabajando.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que “en virtud de lo ordenado en la decisión judicial en el año 2012, la autoridad marítima solicitó al director de consulta previa del Ministerio del Interior dar inicio al trámite, participando en las reuniones convocadas por el Mininterior para el desarrollo del proceso consultivo, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte”.

Asimismo que “el capitán de puerto asumió las acciones de verificación y apoyo a la Alcaldía de Cartagena para la restitución física de las zonas y adoptó medidas para garantizar el desarrollo de las faenas de pesca y demás usos tradicionales que tienen lugar en este sector”.

Señaló que desde 2012 Dimar “ha realizado más de 500 inspecciones de litorales en su jurisdicción y ha emitido 223 solicitudes de restitución, de las cuales 16 han sido efectivas, contribuyendo al uso y disfrute adecuado de los bienes de uso público de la Nación”.

La historia

El dirigente cívico Benjamín Luna Gómez contó que todo este proceso comenzó con una acción de tutela que él instauró en 2011, con el fin de amparar los derechos de la nativa Jovannys Pardo Castro, quien tenía un negocio de carpas frente al Hotel de las Américas, pero el Consejo de Estado falló en contra.

En 2012 la Corte Constitucional revisó el fallo y le dio la razón a Jovannys Pardo, exponiendo que se debía hacer una consulta previa antes de tomar la determinación de volver a dar las playas en concesión al Hotel de las Américas.

Asimismo, indicaba que el alcalde de turno debía hacer una inversión social incluyendo a La Boquilla en el Plan de Desarrollo, para evitar que la vulnerabilidad de los nativos se siguiera deteriorando.

Sin embargo, estos dos mandatos no fueron acatados, por lo cual la Corte Constitucional revisó nuevamente el fallo y reiteró que esas órdenes debían cumplirse, pero no fue así, lo que generó que sancionaran al entonces alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo; y posteriormente al alcalde Manolo Duque Vásquez, quien, según Luna Gómez, logró que el Consejo de Estado ordenara archivar el caso.

En consecuencia Luna Gómez instauró, el año pasado, un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que acaba de pronunciarse mediante el presente fallo donde sanciona al capitán de puerto por haber dado la orden de concesión de playas sin haber hecho la consulta previa pertinente a las comunidades afrodescendientes.

El despacho explicó que no sancionó al alcalde (e) Pedrito Pereira por llevar apenas cinco meses en el cargo, lo cual no lo exime de cumplir con las inversiones sociales que están consignadas desde que se dio el primer fallo, acto que de no cumplirse sí ameritaría sanciones para el burgomaestre.

No solo a los carperos

Javier Girado Puerta, un gestor comunitario de La Boquilla, advirtió que la consulta previa no solo debe enfocarse a los carperos sino también a los masajistas, ostreros, pescadores y peinadoras, quienes viven, según él, al cien por ciento del turismo playero.

John Jairo Ortega, presidente del Consejo Comunitario, agregó que más de cuarenta carperos llevan seis años sin realizar su oficio, porque no pueden ocupar las playas concesionadas, “mientras que la consulta previa permitiría no solo que ellos vuelvan a sus trabajos sino también que se invierta en un buen puesto de salud, zonas recreativas infantiles, pavimentación de calles y reducción de la inseguridad”.

Dice la Dimar

1. De conformidad con el fallo de tutela, una vez el Ministerio del Interior declaró el agotamiento del proceso de preconsulta ante la inasistencia del representante del Consejo Comunitario de La Boquilla, la autoridad marítima realizó el Test de Proporcionalidad, emitiendo la Resolución No. 0518 de 106 de octubre de 2014, dando concesión a la sociedad Inversiones Talarame & S.C.A., en la cual señala el alcance y límites de la concesión, la prohibición de que las playas se conviertan en propiedad privada, el derecho al tránsito de la colectividad y, en especial, la preservación de todo uso tradicional de la comunidad sobre el sector de Cielo Mar.

2. La autoridad marítima colombiana dará a conocer, en segunda instancia, ante el Consejo de Estado, los informes sobre las actuaciones y demás pruebas de su labor como aporte al proceso.

3. La Dimar respalda las acciones adelantadas por el capitán de puerto en su ejercicio como autoridad marítima de Cartagena y ratifica su apoya a la comunidad bolivarense, garantizando el adecuado uso de los bienes de uso público y seguridad para el desarrollo de diferentes actividades en zonas de playa y en el mar.

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