A puerta cerrada delegados del Ministerio de Ambiente y Transporte se reunieron para debatir “la preocupación ambiental” que se teje alrededor del macroproyecto del canal del Dique. Esto porque la semana pasada, Susana Muhamad, ministra de Ambiente, aseguró que desde su cartera se tienen listos los informes técnicos que le ayudarán a tomar su decisión. (Lea: “Preocupación ambiental”, la nueva discusión alrededor de la APP del Dique)

La jefe de la cartera ambiental se refirió al tipo de preocupaciones que les causan los estudios del proyecto: “Hay incertidumbres en un estudio que se hizo, que no son menores. También habría que tomar medidas adicionales por parte de la empresa a la que se le adjudique”. (También le puede interesar: ¡Por fin! Luz verde para que adjudiquen el proyecto del canal del Dique)

Mientras se define la fecha de adjudicación del macroproyecto de $3,2 billones, diferentes sectores gremiales, económicos y ambientales de Cartagena están a la espera de la materialización de la Alianza Público Privada (APP).

David González Cardales, ambientalista y defensor de Derechos Humanos, le envió un oficio a la ministra de Ambiente, al ministro de Transporte, Guillermo Reyes; a la Cámara de Comercio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el que les explica la necesidad de la adjudicación del proyecto.

“Al día de hoy el canal del Dique tiene dos problemas: uno, el que genera su función hídrica, y el otro está contemplado en el mundo de intereses que se desprende dentro del marco de dicho megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, indicó.

“Es importante que la ministra se estudie de verdad el plan hidrosedimentológico, porque no se puede seguir dilatando la adjudicación. El canal del Dique es una fuente de energía viva, de donde se pueden desprender muchos megaproyectos para uso sostenible en lo ambiental, social, económico y otros, pero antes se debe resolver el gran problema que viene causando dicho canal a muchos ecosistemas”, agregó González Cardales.

Tutela

Adil Meléndez, defensor de las comunidades asentadas a orillas del canal del Dique, aseguró que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, que conoció la acción de tutela del Consejo Comunitario de Hato Viejo, “omitió tramitar la impugnación”, donde se pedía continuar con las medidas cautelares decretadas mediante un auto del 8 de septiembre de 2022 del juzgado.

“Se ha dejado a futuro y en meras posibilidades la realización de consultas previas en el área de influencia del corregimiento de Hato Viejo, pese a estar plenamente claro y demostrado que con la ejecución del proyecto se va a intervenir al territorio”, reiteró Meléndez.

Y continuó: “No se demostró que la Autoridad Nacional de Consulta Previa haya expedido acto administrativo por medio del cual se reconozca el derecho fundamental a la consulta previa, derecho de procedencia y oportunidad de la consulta previa del Consejo Comunitario De Hato Viejo”.

El 11 de noviembre juez Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena resolvió levantar la medida cautelar de suspensión del proyecto. “Declarar que dentro de la acción de tutela presentada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo, a través de su representante legal en contra del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Infraestructura, operó el fenómeno del hecho superado por carencia de objeto, no siendo, por tanto, necesario librar medidas de protección conforme a lo expuesto en la parte motiva. Segundo, ordenar el levantamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación del ‘Proyecto Ruta Fluvial 5G, Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, se lee.