Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID19 se han denunciado presuntos hechos de corrupción en los recursos destinados a atender la crisis, un gran reto para autoridades, entidades públicas, organismos de control, y en especial para la ciudadanía, que ha observado la situación con gran indignación.
Por esta razón, y pensando en pasar a la acción conjunta, siete organizaciones de sociedad civil –Transparencia por Colombia, -Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente y participativa y Corporación VIGÍA Cívica, Pereira – han sumado esfuerzos en la iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, para hacer un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de la crisis en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C.. Se espera trabajar de manera conjunta con otras organizaciones e iniciativas para lo cual se hace un llamado a que nos fortalezcamos como sociedad civil.
Para la alianza, es fundamental que la ciudadanía siga asumiendo un rol activo, articulado y propositivo que contribuya a generar mayor transparencia en el uso de los recursos. Por eso, como un ejercicio de Control Ciudadano estas organizaciones se articularon para identificar patrones en la contratación, utilizando fuentes oficiales de información: SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado, SISBEN, Procuraduría General de la Nación y Cuentas Claras.
Los hallazgos
Desde el 16 de marzo hasta el 14 de mayo, la contratación que se ha hecho en el país para atender la emergencia del COVID-19 presenta las siguientes características:
Se identificaron 9.206 contratos en todo el país relacionados con la crisis del Covid-19 por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos.
Bajo la causal de urgencia manifiesta se encontraron 4655 contratos, asignados por modalidad directa y que se encuentran estimados en 1,1 billones de pesos.
El 71% de la contratación, para la atención de la emergencia, se ha realizado en el nivel territorial, y equivale a 1,1 billones de pesos.
En Bogotá se concentra el 44% del valor total de la contratación de la emergencia, que incluye la contratación de las entidades nacionales, seguido de Antioquia (8,2%), Valle del Cauca (7,1%) y Atlántico (5,4%).
Las entidades que más han contratado son: Fondo Financiero Distrital de Salud (209 contratos), Sucre- Gobernación (94 contratos), Instituto Nacional de Salud (91 contratos), Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (82 contratos) y Caldas – Alcaldía Municipio de La Dorada (82 contratos).
A la fecha, se registran 7.613 contratistas, entre los cuales vamos a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.
Caso Bolívar
Funcicar presentò los resultados de la observación a la contratación que ha hecho la administración departamental de Bolívar durante la emergencia del COVID-19.
De acuerdo con esta organización, la Gobernación de Bolívar ha celebrado 57 contratos por un valor de $19 mil 594 millones para atención a la emergencia sanitaria por COVID-19. Estos procesos fueron publicados en SECOP I y SECOP II con fecha de observación hasta el 15 de mayo.
De acuerdo a lo observado, el 51% de esos recursos fueron destinados para dotación y equipos médicos, el 37% fue para la entrega de alimentos y utensilios, el 10% para servicio de transporte y el 2% se invirtió en elementos y/o servicio de limpieza y protección.
Pese a que los 57 contratos se celebraron por la modalidad de selección de contratación directa, solo el 12% de los procesos se dio por urgencia manifiesta y el 88% por convenios interadministrativos.
La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Bolívar y la Secretaría de Salud Departamental han sido las entidades que contrataron estos recursos COVID-19.
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