El tema de los peajes es sin duda uno de los más importantes del 2021 en Cartagena. La Concesión Vial S.A., que opera hoy los peajes de Bazurto, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra, está en el ojo del huracán debido a la investigación de la Contraloría que señala un posible detrimento de $300 mil millones a Cartagena. Desde que se hicieron públicas estas revelaciones la ciudadanía no ha parado de exigir el desmonte de los peajes.
El alcalde de Cartagena William Dau ha estado presente durante todo el proceso apoyando y promoviendo el desmonte de los peajes de manera definitiva. Dau se ha sumado a los plantones que se han hecho contra los peajes, e incluso llegó a un acuerdo para que carros particulares, taxis y buses no paguen peaje hasta que avance el proceso de la Contraloría. Este acuerdo rige desde el sábado 13 de febrero.
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Tras el último anuncio del no cobro de peajes a estos vehículos, los transportadores (conductores y dueños de camiones) realizaron un plantón el jueves en los peajes de Manga, Ceballos y Mamonal por la no vinculación de ellos en el no cobro. Esta situación que generó caos en buena parte de la ciudad y muchas opiniones divididas porque algunos gremios, incluido el de taxistas, no estuvieron de acuerdo con que la medida no fuera para todos los vehículos y peajes de Cartagena.
Ante las críticas, el mandatario aseguró que este acuerdo no es el fin de su lucha para el desmonte total de los peajes, sino que se celebrará como un primer paso para ello. Lea “No he renunciado a las acciones legales para acabar contrato de peajes”: Dau
Los caminos de Dau
El Universal habló con Nausícrate Pérez, miembro del comité antipeajes y director ejecutivo de la escuela de abogados, capítulo Bolívar, quien explicó no solo el proceso que ha tenido el comité para llegar hasta aquí, sino lo que podría hacer el alcalde Dau para dar fin a este capítulo de una vez por todas.
Juicio de responsabilidad fiscal: Uno de los caminos que tiene la ciudad para darle fin a los peajes es un Juicio de responsabilidad fiscal con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que estén causando un detrimento al patrimonio del Estado. Pérez dice que hay dos procesos aquí: uno para la liquidación del contrato y otro para regresar el dinero del detrimento. “Deben devolver el dinero del que se apropiaron porque estarían operando fuera de contrato, pero esa es una diligencia de control fiscal distinta que también debe llevarse a cabo”.
Intervención de Edurbe y liquidación del contrato: “Edurbe ya debe haber cambiado su informe técnico-financiero y decirle a la concesión con todos los datos jurídicos y financieros que ya la TIR se cumplió. Y así se procesa de común acuerdo a liquidar el contrato y devolver lo que se le quitó al Distrito”, explicó Pérez, uno de los abogados que ha estado presente durante toda la investigación para demostrar las irregularidades en la ejecución del contrato.
Suspender unilateralmente el contrato: Si la concesión no accede a una suspensión bilateral, mediante la Ley 80 del 93, un alcalde puede de forma unilateral suspender el contrato y darlo por terminado cuando se defraude el patrimonio público. Luego habría que encontrar la manera de devolver el dinero que se perdió. “Al alcalde, la ley lo ampara. El artículo 160-A del Código Disciplinario Único establece que el Procurador General de la Nación, cuando hay defraudación del orden público puede solicitar la suspensión de un contrato para evitar que la defraudación sea mayor”, dijo el abogado, quien añadió que se le han dado todas las herramientas a la administración.
La historia antipeajes
Para la escuela de abogados y el comité antipeajes no ha sido fácil. Ha sido un proceso que se adelanta desde 2016 y apenas empieza a tener resultados este año con los resultados de la investigación sobre detrimento hecha por la Contraloría.
Nausícrate explica que para entender cómo terminar el proceso, hay que saber cómo inició, y eso fue durante el gobierno de Judith Pinedo (2008-2011), cuando se solicitó contratar una banca de inversión para determinar cuándo se terminaría la recaudación de los peajes, y en ese momento se habló de que sería para el 2015 aproximadamente, pero, supuestamente, con todo el desarrollo de la ciudad esa fecha pudo reducirse.
El número de carros matriculados en Cartagena, el uso obligatorio de los peajes por parte de las mulas, la congestión debido a las vías que ahora solo son de Transcaribe, entre otros aspectos que generaron un considerable aumento en el tráfico vehicular y, por ende, en la recaudación de los peajes.
En 2017 cuando se realizó una auditoría que determinó que los peajes ya habían cumplido la TIR, desde la Concesión se dijo en una audiencia del Concejo que los datos eran incorrectos y la auditoría no se hizo como correspondía porque el gerente de la Concesión se negó a pagar un supuesto soborno para alterar los datos, allí nació el Comité antipeajes. Desde entonces la insistencia no ha cesado para su desmonte definitivo.
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