Las Colonias, el rincón de Manga que se va reduciendo

13 de marzo de 2019 12:00 AM

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Amín Torres Villeros, el fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector Las Colonias, en el barrio Manga, dice que hace unos diez años había ochenta niños en ese perímetro. Ahora no llegan ni a cincuenta.

Lo dice porque en las navidades y actividades cívicas del sector siempre era muy fácil llenar un espacio únicamente con niños y padres de familia, pero en los más recientes calendarios los líderes comunales se han visto en la necesidad de conseguir asistentes en los sectores vecinos.

Para Torres Villeros, esa reducción es un serio indicativo de que, dentro de unos años, el sector podría quedar convertido en una extensión de la Sociedad Portuaria, la Policía Metropolitana de Cartagena o de la proliferación de torres comerciales y residenciales que se vienen apoderando de Manga.

“Ya son varias las familias que han vendido sus casas. Y quienes las compran las transforman en oficinas o bodegas; o las derrumban totalmente para levantar un edificio”, afirma el líder comunal, y agrega que aún así su gremio no pierde el entusiasmo por las labores en bien de la comunidad.

Cree que el sector podría tener unos cien años de edad y asegura que, desde sus inicios, siempre ostentó el carácter popular que lo diferenciaba del resto del barrio, como todavía lo diferencia, porque en él predomina la clasificación de estrato dos y las viviendas cuya apariencia así lo ratifican.

Durante mucho tiempo hubo complejos habitacionales de esos que en Cartagena llamaban “pasajes”, donde vivían numerosas familias en inmuebles de madera, tejas de cemento y patios amplios de tierra que eran el sitio de encuentro de la vecindad.

Ese vecindario estaba compuesto, mayoritariamente, por pescadores y propietarios de embarcaciones marinas, quienes accedían a la bahía a través de lo que hoy es la carrera 26, la cual remataba a la orilla de las aguas, y ahí se encontraba con lo que hoy es la calle Real de Manga.

El tramo que funcionaba como embarcadero para los pescadores y para los pasajeros que viajaban hacia las zonas insulares, ahora está acondicionado con sillas fijas, caminos de cemento y jardines, que impiden que hasta la orilla de la bahía entre un carro, toda vez que se consideraba una vía pública.

Lo anterior ocurre porque hace más de 30 años ese tramo fue concesionado por el Estado a una empresa privada, aunque los miembros de la JAC de Las Colonias creen tener la posibilidad de recuperar el espacio por medio de recursos legales que aseguran ya están en curso.

Uno metros más adelante, pero en la calle Real, está otro tramo que también podría servir como acceso a la bahía, pero está tupido con un manglar que, por orden de las autoridades policiales, no se puede intervenir. Contiguo al sembrado hay un espacio que, según la JAC, fue donado hace muchos años a la comunidad por una empresa privada, pero hace quince años se lo cedieron a la Policía como parqueadero.

Pero no solo es esa calle la que despierta las inquietudes de los moradores. También está la carrera 24 A, al lado de la Estación 100, sede de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Esa vía –dice Torres Villeros— tiene el pavimento deteriorado, de noche es oscura y se anega en tiempos de aguaceros, pero lo peor es que, prácticamente, ya dejó de ser pública, porque permanece cerrada con las vallas de la Policía. En muchas oportunidades le hemos pedido a las directivas que la mejoren, pero no se ha podido”.

En la carrera 26, donde quedan parte de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), también hay una edificación donde funciona la Policía Antinarcóticos, con la cual la comunidad dice no estar muy contenta, “porque cierran la calle con conos y se forman unos tremendos trancones vehiculares, sobre todo en las horas pico”.

En la misma carrera 26, un poco antes de llegar a la Dian, hay una cancha, “de la cual a veces los agentes de Antinarcóticos quieren sacar a los muchachos, dizque por seguridad”; y también funciona un parque, “que fue construido por nosotros y sin ayuda del Estado o de la empresa privada”.

En cuanto a servicios públicos, los habitantes afirman que lo único que les preocupa son las partes penumbrosas del sector, queja que han llevado a las empresas Electricaribe e Iluminemos S.A., pero hasta ahora no se ha logrado ningún mejoramiento.

Niños y jóvenes cuentan con dos planteles educativos privados, varias rutas de busetas y taxis colectivos, pero con ningún centro médico.

“Otra de las luchas más fuertes que tenemos consiste en impedir que nos suban el estrato, porque si eso sucede entonces tendremos que irnos todos”, dice Amín Torres.

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