Para llegar desde Cartagena hasta el corregimiento de Isla Fuerte hay dos opciones: se puede tomar una lancha motorizada, que se demorará ocho horas de viaje sobre el mar; o, en su defecto, un bus que durará seis horas viajando hacia el corregimiento de Paso Nuevo (San Bernardo del Viento, Córdoba), donde se puede contratar una lancha que se demorará cuarenta minutos para arribar al destino.
A pesar de estar más cerca del departamento de Córdoba que de Bolívar, Isla Fuerte es la última isla del sistema insular de Cartagena. Se cree que el territorio podría tener uno dos mil habitantes, entre población permanente y población flotante, la mayoría estudiantes que residen en la Ciudad Heroica y regresan en temporadas de vacaciones.
Según los relatos de los habitantes de la tercera edad, Isla Fuerte podría tener más años de refundada que Cartagena, puesto que allí vivieron, en primera instancia, los indígenas zenúes, quienes posteriormente fueron saqueados, masacrados y desterrados por los invasores españoles.
Estos últimos, una vez extrajeron el oro de las tumbas de los antepasados zenúes, abandonaron la isla, que duró mucho tiempo deshabitada, hasta que llegaron los afrodescendientes de la isla de Barú. Y es esa la etnia que predomina actualmente en el corregimiento.
Desde un principio, la pesca se erigió como el renglón económico más fuerte de la isla, al cual se le sumó la agricultura, dada la fertilidad de sus campos. Pero, con el paso de los años, se adicionó el turismo atraído por las arenas blancas, el mar azul, la tranquilidad de la isla y la hospitalidad de los habitantes.
Es así como la mayoría de las viviendas están acondicionadas para recibir huéspedes, a pesar de que no hay alcantarillado sino pozas sépticas; no existe el acueducto sino almacenamiento de aguas lluvias y extracción de agua gorda de las entrañas de la tierra; no hay gas natural sino cilindros de gas propano, que duran un mes y deben comprarse a 180 mil pesos la pipeta; y la energía eléctrica, aportada por panales solares, solo funciona en el día.
En la noche, las calles se vuelven oscuras y en algunas viviendas, dependiendo de la capacidad económica de los propietarios, funcionan las plantas a gasolina, que solo tienen fuerza para impulsar una nevera y máximo dos bombillos.
Leris Zúñiga Navas, la representante del Consejo Comunitario, recuerda que hace treinta años el Gobierno Nacional instaló una planta que proporcionaba energía eléctrica durante todo el día, con lo cual los pescadores podían conservar sus productos por varios días y comercializarlos con toda la calma del caso. Cualquier día, la planta se dañó y nunca más fue reparada.
“Pero ahora –lamenta--, el que viene de la faena de pesca debe vender sus productos rápidamente y sin regatear con precios. La otra opción que le queda es cocinarlos para el consumo familiar o para la venta en los hospedajes”.
En los últimos años la lucha de los habitantes se ha encaminado a que el Gobierno elimine los paneles solares (cuyo mantenimiento es costoso) y los reemplace por otra planta eléctrica que resista los embates del clima y que sus repuestos puedan conseguirse en el mercado colombiano.
Los habitantes creen que la lejanía de Isla Fuerte es el principal factor que influye en que el poblado sea silencioso y pacífico, pero al mismo tiempo se constituye en dificultad como cuando los docentes de la Institución Educativa Isla Fuerte se desesperan y solo esperan que transcurran tres años para marcharse y no volver jamás.
“Y los comprendemos: están muy lejos de sus familias y de sus intereses particulares. Pero la parte negativa para nosotros consiste en que no hay una continuidad en el proceso educativo. Por eso nuestros estudiantes son los que menos puntaje obtienen en las Pruebas Icfes; y por consiguiente, su entrada a la universidad pública es casi que imposible. Esto último explica por qué hay tantos jóvenes viviendo y estudiando en Cartagena”.
Vilma Cuadrado Barrios, otra integrante del Consejo Comunitario, anota que los usuarios están inconformes con el servicio de salud que se presta en el único establecimiento con que cuenta el pueblo, “porque algunos servicios de primer nivel hay que recibirlos en otras poblaciones, lo que significa costos y peligro para las poblaciones infantil y tercera edad”.
El pueblo tiene doce sectores, pero entre ellos solo hay tres calles pavimentadas, cuyas obras quedaron inconclusas y afectadas por la interinidad en la Alcaldía de Cartagena, de la cual también se espera que invierta en un escenario deportivo digno, puesto que por el momento solo existe un terreno sin adecuación donde se practican varias disciplinas en las condiciones más rústicas.
“Sin embargo –advierte Janis Valdelamar, otra gestora afro--, de aquí han salido dos atletas internacionales, quienes en todas partes representan al departamento de Antioquia, porque la Gobernación de allá fue la que les dio la mano cuando descubrió que tenían talento”.
Leris Zúñiga afirma que por no existir una buena relación entre la Inspección del corregimiento y el Consejo Comunitario, no se han podido implementar las leyes ancestrales, “que no necesitarían de policías, porque nosotros mismos controlaríamos el comportamiento de los nativos y la entrada de los foráneos. Pero ahora mismo a la población puede entrar cualquiera, comprar un terreno barato y quedarse a vivir, sin que nadie lo regule. Y eso podría acabar con la identidad de la isla”.
En cuanto a la población infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respalda una guardería en una vivienda alquilada, donde los niños sufren hacinamiento, “a pesar de que tenemos un terreno que fue donado por una monja para hacer un centro comunitario. Como en ese tiempo no había escuela, lo destinamos a eso. Después, el Distrito construyó la Institución Educativa, pero ahora la rectora del colegio no quiere devolvernos la antigua sede”, protesta el Consejo Comunitario.
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