Problemas estructurales y coyunturales en la participación han denunciado recientemente líderes de la Mesa de Víctimas de Bolívar, luego de que el pasado 29 de diciembre no se pudiera concretar un Comité de Justicia Transicional convocado por la Defensoría del Pueblo de manera urgente. El motivo, denunciaron, habría sido la inasistencia del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, aunque desde la gobernación aseguran que no se logró el cuórum de las entidades convocadas.
A pesar de que ya se organizaron para un nuevo comité, el hecho dejó expuesta una situación que los líderes resumen en la falta de compromiso en la institucionalidad para darle participación a las víctimas y en problemas de planeación para acciones que se deberían haber hecho en la atención a víctimas. Los plenarios, explicaron, no se están dando con la regularidad que se indica en la Ley 1448 de 2011 y tampoco están cumpliendo su función.
Plenarios incumplidos
Gisella Acosta Díaz, vocera de la fundación Abriendo caminos, organización defensora de víctimas que hace parte de las mesas distrital, departamental y nacional, recordó a El Universal que la Ley 1441 establece que deben existir cuatro plenarios de las mesas al año y en el departamento esa frecuencia no se está dando.
Explicó Acosta Díaz que los que se han logrado han sido a través de la instauración de acciones de tutela e incluso desacatos. “No hay en realidad un interés notable por parte de las entidades para hacer efectiva la implementación de la política de víctimas, tanto así que la mesa anterior tuvo que recurrir en el 2015 a una tutela para que se le pudiera garantizar su derecho a participar en la implementación”, sustentó Acosta.
Como si no fuera suficiente, tampoco los plenarios que se logran cumplen sus funciones, pues en lugar de ser espacios para la toma de decisión, se han reducidos a espacios de quejas y reclamos por los incumplimientos.
“Como no se han cumplido los primeros compromisos, entonces en los plenarios resultan las quejas... total que no se llega a ningún plan real, ni se da una articulación con el plenario anterior”.
Descoordinación
Pero, ¿están en sintonía las solicitudes de los líderes con lo que está haciendo la Gobernación?
Según contó a El Universal la secretaria de Víctimas y Reconciliación de Bolívar, Marta Reyes, en diciembre del año pasado la mesa departamental elaboró un plan de acción, solicitando garantías de participación, realización de plenarios en las zodes y elementos logísticos para el funcionamiento de los comités. “Del plan de acción elaborado con la mesa anterior, estamos en la construcción del proyecto para conseguir los recursos y la financiación de lo que dialoguemos y logremos articular con la nueva mesa”, explicó Reyes.
Lo que dicen los líderes es otra cosa: el Plan de Acción Territorial (PAT) no es decisión de las mesas de víctimas y el que están trabajando en el departamento, está desfasado de la opinión de las víctimas ni concuerda con el Plan de Desarrollo departamental.
La alineación presupuestal
Esta situación se explicaría viendo la forma como funciona la Secretaría de Víctimas: aunque en Bolívar están registradas, a 30 de noviembre de 2017, unas 413 mil 56 víctimas, el presupuesto de esta oficina está en 400 millones de pesos para este año, lo que en palabras de la misma secretaria Marta Reyes, solo proyecta el manejo propio de la participación. “Todas las otras secretarías tienen su presupuesto y ellas también intervienen municipios y afectan poblaciones víctimas”, explicó.
Esta situación, sumada a la poca respuesta que los líderes han obtenido sobre los avances del PAT, les hizo preguntarse qué tan serio se está tomando la Gobernación el asunto de la participación.
“Pedimos en diciembre que nos hicieran un informe de rendición sobre el PAT que se aprobó en el 2015 y lo que nos trajeron fueron los ajustes que pretenden hacerle. Sin resultados de lo anterior”, explicó un líder.
Cuando se le preguntó a la secretaria sobre las intervenciones que las otras secretarías han hecho, Reyes argumentó que ese es un informe que todavía no tienen listo, pero que sí se está dando.
“Al principio fue un poco difícil la articulación con las diferentes secretarías, pero ya se ha ido superando y esperamos tener resultados consolidados de lo que se está haciendo”, puntualizó Reyes.
¿Así debería funcionar?
¿Con base en qué se está trabajando entonces si no hay claridad de los resultados obtenidos? Los líderes explicaron que otro de los problemas es que han hecho varios requerimientos a la entidad departamental para tener informes y no se obtiene nada, así que básicamente las víctimas no saben qué están recibiendo.
“En conversaciones que hemos tenido con los delegados y en investigaciones que ha hecho la fundación, la conclusión a la que hemos llegado es que el PAT está desarticulado del Plan de Desarrollo y por lo tanto -teniendo en cuenta que los planes que están cumpliendo las secretarías hacen parte del segundo - no se va a cumplir nada del PAT si no se conectan los dos planes”, puntualizó Acosta.
El caso de Mompox
Juan Manuel Galeano, integrante de la Mesa de Víctimas departamental y de la mesa de Mompox, aseguró que en este municipio las reuniones de víctimas tampoco han avanzado y se debe a la misma falta de compromiso institucional para gestionar los acuerdos. “No nos dieron el PAT ni la rendición de cuentas, pero es para que las víctimas no se den cuenta de que no lo están cumpliendo”, contó.
Según su denuncia, la alcaldía no hace las gestiones necesarias para conseguir recursos que sirvan para cumplir los planes, pero mucho peor, se hacen subregistros con atención a víctimas que en la realidad no se han dado o que han hecho.
A Bolívar lo rigen dos regionales de la Unidad para las Víctimas, la primera es Bolívar y San Andrés, la segunda la de Magdalena Medio, que atiende 9 municipios del sur de Bolívar.
La secretaria de Víctimas explicó que esta situación es una de las que dificultan la articulación de la oferta de la Gobernación, con las otras entidades. En el sur de Bolívar, contó la funcionaria, lo que hacen es articular con la Unidad de Víctimas y apoyar con ofertas de salud y educación.
Dar lugar a la participación
La razón de ser de la Ley 1441, recuerdan los líderes, son las víctimas y su participación. Por lo que invitan a los funcionarios de la Gobernación a que primero se atiendan los compromisos dados dentro de los comités y que se realicen de acuerdo a lo que establece la ley. “Debe haber un seguimiento a esos procesos, que haya una retroalimentación y que se tomen decisiones”.
La falta de articulación interinstitucional, por la que hasta ahora no se tienen registros claros de la incidencia gubernamental en las víctimas departamentales, debería mejorarse. “La Secretaría de Víctimas sustenta su existencia en que su función es articular las demás entidades para la ejecución de la política de víctimas, pero ahí se quedan. Entonces una de las invitaciones es que no solo intenten lograr eso sino que se cumplan las garantías de participación, que en este momento no se están dando”, sentenció Acosta.
Comentarios ()