Las órdenes de arresto que encierran a la administración

18 de noviembre de 2019 12:00 AM
Las órdenes de arresto que encierran a la administración
Los derechos de petición y las tutelas atiborran, a diario y por centenares, los estantes de los despachos judiciales en Cartagena. // ARCHIVO-EL UNIVERSAL

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En Cartagena, como en todo el territorio nacional, todos los ciudadanos tienen derecho a presentar “peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”, para garantizar sus derechos fundamentales.

(Lea aquí: Procuraduría investigará a Pereira por caso Aquarela)

Estos derechos de petición son procedentes tanto para las entidades públicas como privadas, tal como lo expresa el artículo 23 de la Constitución Política.

Asimismo, el artículo 86 de la Constitución del 1991 puso a disposición de los ciudadanos la acción de tutela para reclamar ante los jueces, “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Esos derechos son la salud, la educación, el empleo, la seguridad, entre otros.

Si un derecho de petición no es contestado en 10 días, es procedente una acción de tutela; y en el caso de la tutela, su resolución debe ser cumplida en ese mismo periodo, por el despacho judicial.

De hecho, los derechos de petición y las tutelas atiborran a diario y por centenares, los estantes de los despachos judiciales en Cartagena.

El ejercicio judicial se ve ‘agobiado’ por la misión o el deber de los jueces de contestar las tutelas que proceden de manera directa o por derechos de petición sin respuestas.

El desacato

Pero no cumplir los fallos de tutela en los términos de ley genera los llamados desacatos. El incidente de desacato debe interponerse cuando se haya vencido ese término. No habrá desacato siempre que los alcaldes o los funcionarios demuestren que estaban adelantando las gestiones necesarias que permitieran el cumplimiento de lo ordenado mediante la acción de tutela.

El problema es que los desacatos contra el Distrito son el pan de cada día, y no porque, en muchos casos, no se estén buscando soluciones a los problemas sino porque se trata de situaciones complejas.

El no cumplimiento del incidente genera para el tutelado unas multas e incluso la concebida orden de arresto.

Esta medida ha sido controversial porque para algunos sectores, dichos arrestos no se cumplen y en nada ayudan a dar solución a los problemas que generaron la tutela cuya orden fue desacatada.

Por ejemplo si descontaminar la ciénaga de La Virgen es un proceso complejo, que durante muchas administraciones no se ha realizado, ordenar meter preso al alcalde de turno, y a quien le tocó en suerte asumir la orden de arresto, mucho menos coadyuva en dar solución al problema en sí.

Sin embargo líderes sociales reiteran que esos son los mecanismos que tienen a la mano los ciudadanos para hacer cumplir sus derechos.

“Los ciudadanos deben enterarse”

El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, consultado por este medio, explicó en perspectiva, lo que sucede en el Distrito, ya que durante el último año que ha estado en el encargo ha afrontado un sinnúmero de órdenes de arresto, la mayoría de situaciones heredadas de otros alcaldes.

“Es una situación compleja, yo creo que la ciudadanía debe enterarse, siempre se piden resultados y más resultados a la administración, pero no se enteran lo que vive el mandatario; a mí me parece que Cartagena necesita una situación estructural en materia jurídica, o en estos aspectos judiciales, no es posible que como mandatarios de turno tengamos que responder con nuestra libertad, por omisiones administrativas de hace varios años, y ¿cómo gobierna uno si todas las semanas me viene un desacato, por ejemplo, por el acueducto de Bocachica?; cómo sería en ese caso una contratación de aquí a diciembre sobre ese acueducto?”, expresó Pereira.

“Como ese hay desacatos de hace varios años, entonces yo sí creo que es bueno que la ciudadanía conozca a lo que se está sometiendo el alcalde de Cartagena; a los riesgos a los que se expone en detrimento de su capacidad para gobernar y planear la gestión”, agregó Pereira.

El mandatario reitera que esto cercena la capacidad en la función administrativa para ejercer sus funciones y cumplirle a la ciudadanía.

Órdenes de arresto

de todo tipo

Así las cosas, los incidentes de desacato se siguen presentando y los jueces siguen fallando. En septiembre por ejemplo el juzgado trece civil municipal de Cartagena declaró en desacato a Pereira y a su secretaria de Educación, Claudia Almeida, por no acatar un fallo de tutela que ordenaba la intervención de la Institución Educativa Técnica de La Boquilla. Hace poco debió afrontar decisiones del juez séptimo laboral de Circuito de Cartagena; del juez segundo laboral de pequeñas causas, entre otros jueces que ordenaron su arresto por tres días.

El mandatario propone una reestructuración en esa materia para afrontar esas situaciones y buscar salidas reales a los problemas que están generando las tutelas.

“Hace poco se habló de personas expertas en instaurar derechos de petición y tutelas contra las entidades, había incluso un ciudadano considerado el rey de las tutelas y derechos de petición por el exagerado volumen de estas, eso es una mala práctica que hay frenar; independientemente de que exista el mecanismo de la tutela, creemos que un arresto de tres días no sirve de nada, no soluciona nada, tampoco llenar de acciones los despachos; es una línea delgada entre lo justo y lo injusto, yo creo que en últimas es el juez, quién también vive una zozobra con la avalancha de tutelas, quién debe decidir lo que es justo porque se trata de los derechos de la gente”, apuntó el abogado Marlon Madiedo, consultado por este medio.

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