Las respuestas de los exfuncionarios a las acusaciones de William Dau

07 de julio de 2020 10:00 AM

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Al finalizar la primera parte del ‘libro blanco’ de Dau, donde los secretarios y directivos de Fondo de Pensiones, IPCC, Ider, Dadis, Gestión del Riesgo, Familias en Acción, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Plan de Emergencia Social y Corvivienda, mostraron las presuntas irregularidades que encontraron en cada una de sus dependencias al hacer las respectivas investigaciones, señalaron que el desfalco por presuntos contratos irregulares es grande. Esto dejó un sinsabor, no solo en la ciudadanía, sino también en los funcionarios que laboraron en administraciones pasadas.

Lo mostrado por esta parte del gabinete de William Dau reflejaba, según indicaron, lo realizado el año pasado (2019) por algunos directivos de estas entidades, quienes habrían firmado contrataciones con Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esales) que existen solo en el papel.

Ante esto, un grupo de funcionarios de la anterior administración decidió pronunciarse sobre lo manifestado por la administración de Dau, y todos concordaron en que la información presentada no es real, por lo que están prestos a rendir cuentas ante los distintos órganos de control e investigación. Pedrito Pereira, exalcalde de la ciudad, también se pronunció sobre algunos puntos que fueron mencionados.

A. “No nos negamos a brindar información”

Pedrito Pereira, quien estuvo encargado en la Alcaldía de Cartagena por 14 meses, parte del 2018 y todo el 2019, indicó que él y los funcionarios que trabajaron en este periodo, siempre han estado prestos a las comunicaciones del actual gobierno con el fin de verificar cómo recibieron la administración y poder brindar más información.

“Con absoluta prudencia, quizás exagerada, observamos cada comunicación del actual gobierno referida al estado en el cual se recibió la administración. Nuestro talante democrático y el fin último de un buen gobierno para Cartagena, nos inspiró para brindar a quienes nos sucedieron el tiempo y el ambiente necesario para encontrar el rumbo adecuado, rumbo que hoy se ve bastante esquivo fruto de la improvisación, la falta de preparación y la falta de carácter y madurez de quienes están al frente de las más altas responsabilidades distritales”, aseguró.

El exmandatario además añadió que “no evadimos el debate, no nos negamos a brindar toda la información requerida, por el contrario, más allá de los términos legales del empalme, en algunos casos inobservados por la administración entrante, ratificamos con hechos este espíritu de colaboración”.

Respecto a lo ocurrido con el Colegio San Felipe Neri, Pereira señaló que “es importante aclararle a la comunidad que el contrato para la construcción del colegio no fue hecho en el 2019, era una contratación de años atrás. Lo que hicimos en la administración con acompañamiento del rector, cuerpo estudiantil y padres de familia fue resolver los inconvenientes de una contratación que venía del 2017, donde se adelantaron los trámites para el saneamiento y se buscaron los recursos para que el colegio fuera una realidad, pero desafortunadamente el tiempo no alcanzó para concluirla y esperábamos que con los recursos que se dejaron en educación e infraestructura pudieran continuar la obra, pues ya está totalmente legalizado”, comentó.

Sobre el ‘libro blanco’, Pereira indicó que “carece de rigor técnico, desconoce principios elementales de la administración pública, se emitieron juicios absolutamente subjetivos, no se sostiene sobre cifras oficiales, realmente es un compendio de tergiversaciones y expresiones desafinadas que solo revelan la incompetencia para afrontar los duros problemas de la ciudad”.

B. “Corvivienda no adjudicó subsidios”

El director de Corvivienda señaló el domingo presuntas irregularidades en el proyecto Ciudadela La Paz en sus etapas 3, 4 y 5, donde presuntamente las personas administradoras de las bases de datos habrían manipulado el sorteo para beneficiar a 172 personas inscritas pero no ganadoras, desplazando a las que legítimamente ganaron el subsidio.

Ante esto, Erika Barrios, exdirectora de esta dependencia, salió a desmentir lo dicho por Néstor Castro, el actual gerente de esta entidad, y explicó que es el Ministerio de Vivienda el encargado de realizar la adjudicación de los subsidios de vivienda y no Corvivienda.

“El pasado mes de noviembre de 2019, el Distrito de Cartagena tuvo la oportunidad de sacar la oferta de vivienda más grande de toda la historia, a través de Corvivienda, debido a las postulaciones que esta entidad presentó desde el año 2018 al Gobierno nacional a través de Minvivienda de las convocatorias 123 y 126 VIPA para favorecer a 1.824 hogares con falta de vivienda. Este número de subsidios fue el mayor en todo el país colocando a Cartagena como modelos de vivienda nacional. Aclaro que los subsidios de esta convocatoria no fueron adjudicados por Corvivienda, ya que según términos de referencia de la misma deben ser entregados por el Gobierno nacional, es decir Minvivienda. Corvivienda solo postula posibles beneficiarios, no ha entregado subsidios bajo esta convocatoria”, precisó.

Sobre los recursos que se invirtieron en este macroproyecto, explicó que “se gestionaron a través de un crédito que la administración distrital adquirió con el amparo de un porcentaje de los aportes que hace anualmente a la entidad por inversión, a través de un proceso de tasa compensada que genera una cuota muy por debajo de un crédito ordinario. Para ello, este macroproyecto debía pasar por una serie de minuciosas revisiones y filtros de diferentes entidades como Findeter, Fidubogota y Minvivienda”.

C. “No tienen fundamento”

Eso fue lo que dijo Laura Mendoza, exdirectora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, sobre los hechos expuestos por Fernando Abello, actual director, sobre presuntos malos manejos en esa dependencia.

“Los contratos expuestos no fueron ganados por los contratistas relacionados, toda vez que los mismos fueron celebrados en marco de régimen especial de calamidad pública, es decir, contrato entre particulares, atendiendo la capacidad jurídica y experiencia de los contratistas”, dijo la exfuncionaria.

Además recalcó que “los contratos fueron celebrados en diferentes períodos, en desarrollo de la calamidad pública por sequía, cuyos objetos corresponden a diferentes actividades en marco de los procesos de la gestión del riesgo. En una primera etapa, el día 18 de marzo de 2019 se celebraron 4 contratos en régimen de calamidad para la atención con ayuda humanitaria, fueron separados por su ítem o contenido, es decir: kits Alimentación, kits de Aseo, láminas de eternit y fibro cemento, y colchonetas, todos ellos con una misma finalidad de ayuda humanitaria”.

Así mismo, indicó que los elementos contratados fueron recibidos y registrados en almacén, situación que reposa en los expedientes contractuales. “Así mismo, las actas de entrega a beneficiarios fue suministrada a la administración entrante en el proceso de empalme”.

“Los procesos de capacitación y logística en marco de la calamidad por sequía celebrados el 22 de marzo de 2019, tienen enfoque diferencial entre la población objeto de capacitaciones y en los diversos factores y vulnerabilidad de los procesos de gestión del riesgo. La temporada seca 2018 - 2019 se prolongó durante la vigencia del año 2019, situación por lo cual el día 26 de junio de 2019 se reforzaron las actividades comunitarias de prevención y respuesta mediante tres contratos cuyos valores corresponden a la cobertura en población que se impactó de manera positiva, creando conciencia dentro de las diferentes comunidades en prevención de incendios, responsabilidad comunitaria, planes comunitarios de emergencia, primeros auxilios básicos, contra incendios básicos, entre otros”.

Agregó que los contratos fueron ejecutados en su totalidad, y se contó con acompañamiento de personal de la misma oficina. Además, en el proceso de empalme fueron entregados los soportes de ejecución, en donde reposan actas, planillas, registro fotográfico, informe técnico, entre otros.

D. “Contratos fueron auditados”

En su intervención, Kairen Gutiérrez, actual directora del programa Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), señaló que había encontrado presuntas irregularidades en algunos contratos realizados el año pasado con corporaciones y fundaciones, a los cuales no se les hizo ningún seguimiento.

Ante esto, Javier Posada Meola, quien fue director de este programa, señaló que la mayoría de los contratos con supuestas irregularidades que fueron mencionados por Gutiérrez, son de 2018 y estos fueron auditados por la Contraloría, institución con competencia funcional, sin que se encontraren hallazgos fiscales, disciplinarios ni penales.

“La directora del PES saca a relucir observaciones que nunca hizo al informe de entrega del cargo, es una actitud desleal porque no dio la oportunidad de aclararle sus inquietudes”, dijo Posada.

Señaló que el tipo de persona jurídica referenciado en el informe como contratista para las actividades del PES, en nada incidió en la naturaleza del proceso contractual porque no se trató de contratación directa, sino procesos de mínima cuantía, es decir seleccionados objetivamente.

“Para el año 2019, por cada proceso contractual que se nos asignó la supervisión establecimos un Equipo de Apoyo para garantizar de mejor forma la correcta ejecución de los mismos. Increíblemente la directora del PES hace omisión a la carpeta de Supervisión que hubiera resuelto las dudas que planteó en su intervención, carpeta de la cual conservamos copia y que la ponemos a su disposición nuevamente”, finalizó.

E. “Trabajé con la población”

Fernando Niño, exsecretario del Interior, manifestó que “las Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro (ESAL) apoyaron mi gestión en la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, para el cumplimiento de metas en los programas para las poblaciones de afrodescendiente e indígenas, víctimas y reintegrados, las cuales merecen un apoyo especial por ser comunidades con trato diferencial, y cumplieron objetivos importantes en la recuperación del tejido social en nuestras localidades. Los programas con las comunidades afrodescendientes, fueron liderados por Kairen Gutiérrez quien hoy es la directora del PES”.

F. “No tengo participación”

En su cuenta de Twitter, Juan Carlos Gossaín escribió que “desde el año 2006, cuando fui secretario General de la Alcaldía de Cartagena, no he tenido vínculo laboral o contractual de ninguna clase con el Distrito. No tengo participación de ninguna especie en fundaciones públicas o privadas. Fin”.

Esto después de que el alcalde William Dau mencionara su nombre junto a otras personas que estuvieron en administraciones pasadas, quienes deberían ser investigadas por los entes de control.

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