Cartagena


Linchamientos: síntoma de una autoridad frágil

Si bien expertos y algunos cartageneros han rechazado los episodios en los que la ciudadanía se toma la justicia por su mano, reconocen que hay muchos factores que contribuyen a que esto sea más frecuente.

MARTÍN CARVAJAL CHAMORRO

03 de junio de 2019 10:00 AM

En lo que va del 2019, han ocurrido tres linchamientos: uno en marzo y dos en mayo. Juan Carlos Quiaro García y John Deiver Galán Torres fueron las últimas dos víctimas. Quiaro, al parecer, había acuchillado a un vigilante en el barrio San Pedro, mientras que Galán, presuntamente, intentó atracar a una mujer. En retaliación, ambos fueron perseguidos por multitudes que los golpearon hasta causarles la muerte.

Entre 2014 y mayo de 2019, en Cartagena ocurrieron 19 linchamientos. Según el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), el fenómeno no estaba tipificado en las estadísticas policiales anteriores a esas fechas, sino que se agrupaba junto con los casos de “violencia interpersonal”, de tal manera que es imposible conocer su incidencia en años pasados. Cuando El Universal consultó a algunos ciudadanos si pensaban que linchar a una persona estaba justificado, todos respondieron que no, que los asuntos de criminalidad deberían dejarse en manos de las autoridades competentes y que las culpas y las penas deberían depender de la Ley. Esto lleva a hacerse un pregunta: ¿si los ciudadanos linchan, entonces es por qué no confían en las autoridades y en la ley?

Antecedentes y ecos

Francisco Flórez Bolívar, historiador de la Universidad de Cartagena y magíster de la Universidad de Pittsburgh, cuenta que los intentos de linchamiento fueron una de las cosas que más lo sorprendieron cuando llegó por primera vez a la ciudad en 1999 (hace 20 años). “El fenómeno era motivo de análisis en algunas de nuestras clases cuando yo era estudiante universitario”, afirma. En ocasiones, cuando va al trabajo, sigue encontrándose con grupos que persiguen a un presunto criminal.

Según Flórez, el fenómeno de tomar la justicia por cuenta propia no es nuevo ni para Cartagena ni para el resto del país, sino que viene desde la conformación de Colombia: “Lo que se observa en el siglo XIX es un Estado económicamente débil y azotado por guerras civiles y disputas regionales. Si revisamos la segunda mitad del siglo encontramos personas buscando ejercer justicia por sus propios medios, a través de ejércitos privados”.

“A lo largo del siglo XX, surgieron varios actores armados ilegales que se convirtieron en una fuente de legitimada para ciertos territorios y fueron moldeando en los colombianos la idea de que los conflictos no se dirimen confiando en la ley, sino por cuenta propia”, explica el historiador. “Una de las condiciones que definen al Estado moderno es la presencia de un aparato burocrático fuerte que le permita ejercer justicia y sustentar la ley: el del Estado colombiano fue frágil desde el comienzo”.

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Una mirada psicológica

Elsy Domínguez de la Ossa, magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Manizales, comenta que pudo observar cómo el ladrón que había asaltado su casa fue perseguido por grupo de personas, al punto que “la Policía tuvo que intervenir, porque si no, lo mataban”. Para ella, que las personas intenten hacer justicia de esa forma es desafortunado, pues es muestra de que “en nuestra cultura se ha naturalizado la violencia”.

“El nuestro es un ambiente caótico, pareciera que los cartageneros no se sienten parte de una comunidad, ni de la ciudad”, comenta Domínguez. Según ella, la falta de oportunidades educativas y económicas y los incumplimientos del Gobierno resultan en una atmósfera de “frustración” que va acompañada de una falta de modelos y herramientas para manejar sanamente los conflictos. Dice que esa frustración merma la capacidad introspectiva de las personas, y que las vuelve más agresivas. Así, “ante un episodio de injusticia, si además hay un grupo de personas que comparten la agresividad, ese sentimiento se expresa a través de una violencia generalizada”.

Cifras y leyes

De los 19 linchamientos registrados por el Cosed entre 2014 y hasta la fecha, la mayoría ocurrieron en los barrios El Pozón (3), Olaya Herrera (3) y Bayunca (2). El año más violento en este sentido fue 2017 (9); el mes que reportó más casos fue diciembre (6), y el domingo (6) presentó el mayor número de muertes. En cuanto a la modalidad, la mayoría se dieron en espacios públicos (16) y mediante arma blanca (10), o contundente (8).

Según el equipo investigativo del Cosed, conformado por Freddy Goyeneche, Jerry Pardo y Oswaldo Mármol, los estudios muestran que este tipo de hechos tienden a darse especialmente en barrios donde la presencia del Estado, en términos de inversión social y seguridad, es poca. Se trata de áreas de estratos bajos donde se conjugan la pobreza, la deserción escolar y el desempleo, de tal manera que delitos como los robos tienen más peso social de lo que tendrían en barrios de estrato alto.

Además de eso, los investigadores afirman que el pie de fuerza (cantidad de policías por zona) de la ciudad se encuentra distribuido de forma irregular: “Está más concentrado en zonas que ahora lo necesitan menos”, es decir, que hay una mayor proporción en áreas como el Centro de la que hay en barrios como Olaya Herrera.

El linchamiento no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal, de manera que las personas que intenten linchar a otra serían juzgadas por lesiones personales u homicidio. Según afirma Álvaro Salgado González, abogado especialista y magíster en derecho penal, la Ley estipula varios recursos que, en teoría, deberían garantizar que los ciudadanos no recurrieran a este tipo de violencia, que generalmente “queda impune”.

Reconoce que las fallas del sistema penitenciario y judicial, las desigualdades socioeconómicas de Cartagena y el desconocimiento de ciertos matices de la ley por parte de los ciudadanos, dificultan el acceso a la autoridad y generan desconfianza en la población.

En primer lugar, “el Estado no puede tener un policía en cada cuadra para garantizar el orden permanente y los CAI están zonificados y son estacionarios”, lo cual se traduce en que la Policía, con frecuencia, llega tarde al lugar de los hechos.

Además, “el sistema penal acusatorio colapsó en el país, porque no hay centros carcelarios que den abasto para recluir la cantidad de personas que delinquen, con frecuencia ocurren retrasos y vencimiento de términos, sin mencionar las deficiencias en el manejo de las detenciones domiciliarias”. En este clima de demoras e impunidad en la práctica, algunos deciden hacer justicia por su mano.

El abogado Salgado concluye afirmando que lo más peligroso de tomarse la justicia por cuenta propia es que es muy fácil acusar a alguien y dirigir una multitud contra esa persona. En el 2018, por ejemplo, se conoció el caso de un sujeto que fue linchado en Bogotá gracias a una cadena de chat con información falsa donde se hablaba de una supuesta banda dedicada al secuestro de menores. “Esos son actos verdaderamente lamentables, porque cualquiera puede decir ‘allá va fulano, que acaba de delinquir’, y no es cierto”.