Lo que no podemos perder de vista en Cartagena, pese al coronavirus

23 de marzo de 2020 12:00 AM

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Corredor Portuario ¿en estudio?

Desde el 16 de diciembre de 2019 cuando fue adjudicada a la firma KMA Construcciones la Asociación Público Privada (APP) para la ejecución del Corredor Portuario y Turístico, poco se sabe sobre el futuro de la megaobra. De acuerdo con la ley, solo queda pendiente la firma del contrato, que debía hacerse máximo 30 días después de la adjudicación, sin embargo, el alcalde William Dau Chamatt, quien desde siempre ha manifestado su rechazo al proyecto, a la fecha no ha anunciado qué pasará realmente con este.

Además, se interpusieron al menos cinco recursos legales para no permitir la firma del contrato, estos inicialmente suspendieron todo trámite, no obstante la mayoría de estos procesos ya han fallado a favor de KMA construcciones, originador del proyecto.

La decisión más reciente se conoció el pasado 4 de marzo, cuando el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena de Indias dejó en firme la improcedencia de la acción de tutela presentada por los señores Nixon Torres Cárcamo, Óscar Antonio Bonilla y Fidian García, contra la Alcaldía de Cartagena, por la adjudicación de la APP.

Con esta se levantó definitivamente la medida provisional de suspensión del trámite de autorización y /o suscripción de la APP del Corredor Portuario, por lo que se entiende que el proceso podrá continuar su curso.

Pese al silencio de la administración en cuanto a este proyecto, también se supo que la oficina jurídica de la Alcaldía habría puesto una denuncia por supuesta falta de información en el expediente del proyecto, en dicha denuncia se lee que “con el fin de poder hacer el estudio obligado para poder decidir de manera informada y sustentada sobre la eventual suscripción del contrato estatal, es necesario adelantar el trámite de reconstrucción del expediente previo a esta decisión”, lo cual indica, más allá de la denuncia, que la administración está adelantando el estudio de este proceso, por lo cual pronto se pudieran tener resultados.

Erick Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial (Vejuca), precisó que aún están pendientes una demanda de nulidad y una petición de revocatoria directa que a la fecha no han sido respondidas y que podrían cambiar el futuro de la firma del contrato.

Transcaribe sigue sin recursos

Aunque por estos días de cuarentena poco se usa el sistema de transporte masivo Transcaribe, no se puede olvidar que el desequilibrio financiero de la entidad sigue latente, y lo tiene al borde de una crisis que podría dejar a los cartageneros sin este medio de transporte.

Pese a que el alcalde William Dau hace pocas semanas decretó el aumento de la tarifa en $100, es decir dejándola en $2.600, esta sigue siendo insuficiente para mantener la operación de todo el sistema pues en promedio la tarifa técnica (lo que cuesta la gasolina, conductores y en general mover el bus) estaría en $3.280, es decir, 680 pesos por encima de lo que se paga actualmente.

En medio de la crisis financiera, dos de los operadores de Transcaribe, han recordado al Distrito que este entre sus obligaciones contractuales está pagarles la diferencia entre la tarifa técnica y la de pasajero, sin embargo, a la fecha no se ha definido de dónde saldrá el dinero para cubrir la diferencia entre las tarifas, por tanto los operadores han contemplado incluso terminar unilateralmente el contrato, como se lo permite la ley lo cual obligaría al Distrito a pagarles más de 700 mil millones de pesos.

Vale la pena recordar, que gran parte del descalabre financiero de Transcaribe, se debe a que el Distrito no ha girado los recursos que se comprometió para la chatarrización de buses y así comenzar la implementación de nuevas rutas del sistema.

Para cumplir con esta obligación, en varias administraciones han presentado al Concejo el proyecto de acuerdo que busca otorgarle facultades al alcalde para celebrar operaciones de crédito público hasta por $20 mil millones como fuente de financiación al proyecto de SITM, recursos que serán destinados a la chatarrización de los buses de servicio público, y así poder aumentar la flota del sistema y cubrir más barrios de la ciudad, sin embargo, en las cuatro ocasiones en que ha sido presentado, los miembros del Concejo rechazaron el proyecto.

Aunque este año el alcalde Dau se comprometió con el Ministerio de Transporte a presentar este proyecto una vez más al Concejo de Cartagena, aún no lo ha hecho y lo cierto es que las primeras sesiones del concejo culminaron y por lo pronto no se vislumbran sesiones extraordinarias, aunque fueron anunciadas por la administración.

Electricaribe sale, y llega EPM

En medio de uno de los momentos más adversos que atraviesa el país debido al coronavirus, se realizó la subasta de Electricaribe, la cual había sido aplazada en tres oportunidades. Tras dos años estirando la solución para acabar con el dolor de cabeza que suponía para los usuarios el mal servicio prestado por Electricaribe, el Gobierno finalmente adjudicó la operación y distribución de la energía eléctrica de la costa a EPM y al Consorcio Energía de la Costa, integrado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin American Corp.

El mercado que abarca siete departamentos que suman más de 10 millones de usuarios quedó divido así: el segmento integrado por los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, conocido como Caribe Mar, será manejado por EPM; mientras que el segmento Caribe Sol estará al mando del Consorcio Energía de la Costa con clientes de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Tras la subasta, este martes los ganadores suscribirán los contratos de adquisición de las acciones y activos de Electricaribe en los respectivos segmentos de mercados y en los meses siguientes – se estima que en 3 o 4 meses- se iniciarán los trámites legales para la conformación de las dos empresas que garantizarán la continuidad del suministro del servicio de energía eléctrica en el Caribe.

Mientras esos trámites se consolidan, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará el proceso de intervención de Electricaribe, como lo ha hecho desde 2016, hasta formalizar su liquidación, conforme lo establece el marco legal.

Los nuevos operadores asumirán los planes de inversiones y de reducción de pérdidas orientados al mejoramiento de redes, estaciones y subestaciones y de la infraestructura en general, así como la tecnificación de los sistemas de medición.

Los montos de inversión exigidos a un horizonte de cinco años ascienden a $3,2 billones para Caribe Mar y $2,6 billones para Caribe Sol. La proyección a 10 años es de $5,0 billones para Caribe Mar y $3,7 billones para Caribe Sol.

Avanzan contratos de Protección Costera

Desde 2018 cuando la Alcaldía de Cartagena declaró la calamidad pública en la ciudad por las inundaciones de agua de mar y la erosión que afecta a sectores como Bocagrande y el Centro Histórico, se hizo un convenio entre el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se incluyó un plan específico diseñado para atender dicha emergencia. Ahora, aunque la etapa de calamidad venció, el plan específico se encuentran vigente y contempla como eje el desarrollo del macroproyecto de protección costera.

Con este proyecto, que ha sido declarado de interés nacional y tiene 10 contratos que serán ejecutados en dos fases, se buscará retornar a la normalidad las condiciones de las zonas afectadas por la erosión, generar un proceso de desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas que son impactadas por el fenómeno.

De los ocho contratos de la primera fase, en la que se invertirán $160 mil millones, ya fueron adjudicados cinco, solo quedan pendiente el contrato de interventoría, obras y la implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

Para el contrato de obras fueron habilitadas 32 empresas, 17 nacionales (10 son empresas de Cartagena) y 15 internacionales, sin embargo, el pasado 19 de marzo, cuando se cerró la recepción de ofertas, solo se presentaron dos de las nacionales.

Estas fueron el Consorcio Protección Costera Cartagena y el Consorcio Intervención Costera Cartagena 2020. De acuerdo con el cronograma, la Ungrd publicará los resultados de la evaluación el primero de abril y el 21 del mismo mes se darán los resultados finales.

En cuanto a la interventoría, las ocho empresas habilitadas para presentar ofertas tienen plazo hasta el jueves 26, y el 27 de abril se entregarán los resultados finales.

Las obras que se construirán:

10 espolones perpendiculares a la línea de costa: seis estarán en Bocagrande y los otros cuatro entre las playas de Marbella y El Cabrero

Tres rompeolas a la altura del Centro Histórico, frente a la punta de Santo Domingo y dos más en el sector de La Tenaza.

Se dragarán cerca de 1 millón 600 mil metros cúbicos de arena y sedimentos, con los que se ganarán 80 metros de playa en Bocagrande y 50 metros en El Cabrero y Marbella.

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