Cartagena


Los detalles del regreso de la vendedora de patacón al Centro

LIA MIRANDA BATISTA

03 de septiembre de 2018 04:33 PM

Este lunes el popular puesto de patacones en la esquina de la calle Segunda Badillo volvió a ‘abrir’ sus puertas al público. El juzgado Tercero Laboral del Circuito falló a favor de Deyanira Pérez Vélez, vendedora informal desalojada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, en un operativo efectuado el pasado 11 de agosto.

La determinación judicial ordena a la Gerencia de Espacio Público que un término de 10 días proceda a verificar la situación personal, familiar, social, y económica de la señora Deyanira Pérez ofreciéndole según sus circunstancias “una alternativa económica, laboral o de reubicación”.

Así mismo el fallo ampara los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de esta vendedora que por más de 30 años ha sustentado a sus hijos con la venta de estos fritos. Ver fallo aquí 

“Cuando nos quitaron duramos tres semanas sin poder trabajar, pero hoy nos integramos gracias a este fallo de tutela. La gente nos ha recibido bien, otros sí nos han criticado, pero yo reclamo mi derecho al trabajo y reclamo la confianza legítima porque yo inicié este negocio junto a mi esposo, cuando él murió, quedé yo”, dijo la mujer.

La señora, de 69 años, espera continuar atendiendo este negocio que asegura “no le hace mal a nadie” y que se convierte ya en un referente gastronómico para turistas que se pasean por este sector de la ciudad.

“Los patacones son muy buenos, agradables, cada vez que paso por aquí y puedo compro uno para alimentarme de manera rápida y seguir con los compromisos del día”, afirmó Rodolfo Villadiego Becerra, comerciante. 

“Es bueno que haya regresado la señora Deyanira, porque este es un puesto que ya es tradicional. Muchos trabajadores y estudiantes vienen aquí a comerlos”, Luis Pájaro, trabajador.

¿Por qué la desalojaron?

Como se recordará, durante el operativo liderado por Espacio Público en el Centro Histórico, se ordenó el desalojo de los propietarios de esta venta ambulante por no estar incluida en el Registro Único de Vendedores (RUV), utilizar pipetas de gas en vía pública y no cumplir con las normas sanitarias para la manipulación de alimentos.

“Los infractores no adoptaban medidas higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen; estaban poniendo en riesgo la vida de las personas al utilizar cilindro de gas propano; arrojaban el aceite en el sistema de drenaje de aguas pluviales y no pudieron comprobar que tenían confianza legítima o permiso para ocupar el espacio público”, citaba el comunicado oficial.

De igual forma, esta dependencia dejó claro que el esposo de la señora identificado como Rogelio Rincón Torres, era quién tenía Confianza Legítima y, que tal y como lo establece la ley esta es intransferible y tampoco se hereda.

¿Qué está en juego?

El caso de la vendedora de patacones pone sobre la mesa la urgencia del Distrito por recuperar el espacio público para el peatón, una tarea que se torna compleja frente al fenómeno de informalidad que, según Cartagena Cómo Vamos, alcanzó un porcentaje de 55,3 por ciento en el 2017, es decir, más de la mitad de los ocupados en Cartagena se desempeñan en actividades informales como el rebusque.

Y aunque Deyanira Pérez lleva gran parte de su vida en este lugar, las condiciones en las que trabaja no son aptas ni para ella ni para sus clientes.

El decreto 1034 de 2004, en el artículo sexto prohíbe el uso de pipetas de gas en vía pública, un elemento clave que requiere la mujer para fritar los plátanos, razón por la que esta venta ha sido inspeccionada por miembros de la Policía Nacional para hacer cumplir la norma. 

Rafael Camacho Castillo, miembro de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), sostiene "todo tiene que basarse en la ley. Considero que estos vendedores que trabajan con frituras deben acatar medidas de seguridad porque muchas veces se pueden presentar accidentes lamentables". 

ElUniversal.com.co conoció que desde la Gerencia de Espacio Público acatarán la decisión judicial pero se alistan para interponer los recursos para tumbar dicha medida. 

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