Cartagena


Los hallazgos que deja la auditoría a la Contraloría de Cartagena

El Universal tuvo acceso a un documento donde se plasman los hallazgos de la Auditoría General de la República tras unas denuncias del alcalde Dau.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

20 de diciembre de 2020 12:00 AM

Luego que el pasado 3 de noviembre la Auditoría General de la República comenzara una auditoría exprés a la Contraloría de Cartagena, a raíz de las denuncias que hizo el alcalde William Dau de presuntos actos de corrupción, finalmente se conocieron los hallazgos en el órgano de control fiscal.

En un documento de 35 páginas, los auditores dieron a conocer tres hallazgos relacionados con información inexacta, demoras en traslados de procesos a responsabilidad fiscal y dudas en trámites.

Información inexacta

El primer hallazgo de la Auditoría hace parte de la denuncia por presuntas ilegalidades en el nombramiento de funcionarios en la Contraloría Distrital.

De los cuatro contratos examinados se pidió información sobre el nombramiento y posesión del actual director de Responsabilidad Fiscal, Acciones Judiciales y Jurisdicción Coactiva, pues no aparecía la experiencia obtenida entre el 2012 y el 2015 y tampoco los documentos soportes de estudios académicos y experiencia profesional, necesarios para cumplir con los requisitos exigidos del cargo.

“Una vez comunicado el informe preliminar, los documentos fueron adjuntados al ejercicio del derecho de contradicción, lo que afectó el análisis y evaluación de los documentos soportes para el nombramiento y posesión del funcionario en cuestión”.

De acuerdo con la auditoría, la situación se presentó por debilidades en el control de la información reportada de acuerdo con las resoluciones expedidas en la materia, generando errores en el análisis y evaluación de la gestión de la Contraloría.

De igual manera, deja por sentado que es deber de la Auditoría ejercer la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales, por lo cual el tema de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos corresponde definirlo a la autoridad competente, en este caso a la Procuraduría General de la Nación.

Retraso en
traslado de hallazgos

El 28 de enero de 2020 la Contraloría dio a conocer el informe de auditoría al Fondo de Pensiones de Cartagena (vigencia 2018), en el cual se expusieron 28 hallazgos administrativos, 24 con alcance fiscal con cuantía de $5.148´109.554. Sin embargo, según la información reportada por el órgano de control fiscal, los hallazgos fueron trasladados a Responsabilidad Fiscal el 28 de agosto de 2020, es decir, siete meses después de presentado el informe y un año después de haber recibido la denuncia D-042-2019 que dio origen a uno de los hallazgos.

“Con esta actuación se contravienen los principios de celeridad y eficacia de la función administrativa, el principio de oportunidad de la vigilancia y el control fiscal consagrado en el Decreto 403 de 2020 y la resolución interna 027 de 2019 que adoptó el PGA 2019 en el que estableció un término máximo de 15 días hábiles para el traslado de hallazgos. Además, con la conducta anterior pudo estar incurso en las sanciones que al respecto establece el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, numerales 1 y 2”.

Añadió la Auditoría que la situación se presentó por la falta de control y seguimiento en el proceso auditor, “evidenciando falta de diligencia y celeridad en el impulso de las acciones para el inicio de las actuaciones procesales en el resarcimiento del patrimonio público y exponiendo a que se configure el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción fiscal”.

Además, también se halló una situación similar en la auditoría regular a Corvivienda, vigencia 2019, pues el informe fue comunicado en octubre, y a corte del 4 de noviembre la Contraloría no reportó traslado de hallazgos.

“En el informe preliminar se configuran 12 observaciones administrativas, 3 con posible incidencia disciplinaria y 4 con posible incidencia fiscal en cuantía de $1.465.318.913. Sin embargo, en la mesa de trabajo realizada en el mes de octubre de 2020, se determinó retirar del informe definitivo cinco hallazgos administrativos, tres de ellos con posible incidencia fiscal”.

Según el documento, en el informe preliminar se configuraron observaciones sin el suficiente material probatorio o con deficiencias en los elementos fácticos y jurídicos para el inicio de actuaciones procesales, generando una efectividad del 58% de las observaciones, que finalmente son configuradas como hallazgos y del 25% de las que tienen incidencia fiscal.

Las denuncias que no prosperaron

Además de los hallazgos antes expuestos, es menester resaltar que hubo dos denuncias en las cuales no se halló ninguna irregularidad en la auditoría exprés.

La primera está relacionada con la suspensión a la secretaria General, Diana Martínez Berrocal, que fue apartada del cargo luego de una solicitud del contralor Freddys Quintero en el proceso de responsabilidad fiscal contra Cynthia Pérez.

Respecto a esto, la Auditoria General no halló irregularidades ya que “si bien el contralor Distrital de Cartagena ejerció una potestad discrecional en el ejercicio de sus funciones, no es procedente predicar arbitrariedad en la decisión de suspensión, pues la misma se encuentra adecuada a los fines de la norma que autoriza el ejercicio de dicha facultad, y guarda proporcionalidad con los hechos”.

La otra denuncia que no tuvo alcance fue el audio publicado por el alcalde, William Dau, en el cual “el actual contralor buscaba el respaldo necesario de los concejales para quedarse en el cargo como titular”.

De acuerdo con la Auditoría, el audio no permite determinar quién hace las afirmaciones, a quién se refiere y la fecha en que se grabó.

“La Auditoría General de la República no tiene competencia para determinar la veracidad de la prueba presentada o si la misma fue obtenida acatando los requisitos legales. El denunciante (Dau) argumenta en su denuncia que estos hechos ya son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Se añade que una vez se realice el informe final correspondiente al trámite de esta denuncia, será trasladado a esa entidad, “para que si a bien lo considera pertinente incorpore como prueba, en las actuaciones que dicho ente adelante al respecto”.

Caso Cynthia Pérez

Otra de las investigaciones que solicitó auditar el burgomaestre es el proceso de control fiscal que se adelanta contra Cynthia Pérez, ex primera dama del Distrito, a quien se le señala de causar un detrimento patrimonial al recibir un salario que, presuntamente, no era consecuente con su formación.

Aunque se observó que la entidad obtiene conclusiones acordes a lo probado y garantizó el derecho de defensa de los involucrados, sin extralimitarse en sus funciones, según la Auditoría, el hallazgo en este proceso es que el procedimiento que tiene estipulado la Contraloría no referencia con claridad el traslado al proceso auditor, responsabilidad fiscal o entidad competente. “La denuncia tramitada para responder lo concerniente al contrato cuestionado, en forma, fue tramitada de manera directa, pues se le asignó a un asesor externo para que diera su trámite, pero en fondo se le dio el trámite de un proceso auditor que contó con informe preliminar, contradicción al mismo e informe final, generando los correspondientes hallazgos de auditoría”. En ese mismo sentido, el documento añade que se genera confusión en los ciudadanos o entidades controladoras sobre la forma en la que se tramitan peticiones en el organismo de control. “No es claro cuándo van a proceso auditor, llámese auditoría especial, regular o exprés, ocasionado por no seguir con rigurosidad lo que establece la ley, al momento de redactar los procedimientos”.