Cartagena


Los millonarios litigios que enfrenta Cartagena

La Agencia Jurídica del Estado está acompañando al Distrito en varios procesos jurídicos que suman más de $2 billones y ponen en riesgo las finanzas de la ciudad.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

17 de noviembre de 2020 10:00 AM

Bolívar es el tercer departamento con la cifra más alta de pretensiones por líos jurídicos. Los 12.760 procesos que se adelantan en los diferentes municipios suman $32,5 billones, que representan el 8,1% del valor de las demandas en el país.

Una parte de esas demandas, exactamente 2 billones de pesos, las enfrenta Cartagena. Por eso, en junio de 2020 el Distrito y la Agencia Nacional Jurídica del Estado (ANDJE) firmaron por primera vez un acuerdo para que esta última preste asistencia, asesoría y acompañamiento en prevención del daño antijurídico, mecanismos alternos de solución de conflictos, defensa o litigio y gestión del conocimiento. En el marco de ese convenio, durante la semana pasada el director de la ANDJE, Camilo Gómez Alzate, visitó la ciudad para revisar la agenda con el alcalde, William Dau, y explicar el estado de los principales procesos que involucran al Distrito. “Estamos acompañando al alcalde y dándole apoyo a la ciudad para que los aspectos jurídicos permitan una defensa sólida de los intereses de los cartageneros y de todos los colombianos, porque a Cartagena la tenemos que proteger todos”, dijo Gómez.

Agregó que además de Aquarela, el caso más sonado, también se está brindando asesoría en el proceso de los edificios de Los Quiroz, embargos y prevención del daño jurídico.

Aquarela

El concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado respecto al edificio Aquarela fue el detonante para que la Alcaldía de Cartagena anunciara, con total convicción, que demolerá la torre.

A su vez, esta decisión generó que Promotora Calle 47 SAS, constructora de la torre uno del proyecto habitacional, instaurara ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de reparación directa en contra del Estado.

Al respecto, Gómez Alzate manifestó que va a hacer acompañamiento “en todos los procesos jurídicos, tanto como demandantes como demandados, e iniciaremos todas las acciones jurídicas que sean necesarias para que se restituya ese bien tan preciado que es el patrimonio cultural”. (Lea aquí: Tras orden de demolición, constructora de Aquarela demanda al Estado)

Los Quiroz

En la misma línea de las edificaciones, la agencia también ha puesto a consideración del Distrito un conjunto de recomendaciones tendientes a fortalecer la estrategia de defensa judicial en el caso de las construcciones de los Quiroz.

“Los demandantes acusan al Distrito de actuar tardíamente en el ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, desconociendo el probado músculo financiero que de tal robustez le permitió a los constructores obstaculizar y neutralizar no solo a las autoridades distritales, sino a otras entidades como las notarías que protocolizaron y los bancos que financiaron. En efecto, el accionar de los constructores fue determinante, imprevisible e irresistible para la producción del daño”, dice el informe de la agencia.

De acuerdo con la ANDJE, las demandas de reparación directa se interpusieron por parte de compradores del proyecto, acumulando 7 procesos distintos.

Ante este panorama se espera que con el apoyo de la agencia se logre “desvirtuar la responsabilidad del Distrito por el error insuperable al que fue inducido, respecto de construcciones adelantadas sin el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y bajo el amparo de licencias obtenidas de manera irregular”.

San Francisco

En agosto de 2011, un fenómeno de remoción de tierra derribó el sector Lomas de San Francisco, dejando a más de 6 mil personas sin un techo. Desde entonces, los damnificados vienen enfrentando una batalla jurídica al demandar al Ministerio de Vivienda y al Distrito de Cartagena ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta omisión de tomar medidas correctivas para evitar el deslizamiento de tierra.

Actualmente hay una condena en segunda instancia por perjuicios inmateriales por daños morales de 40 SMLMV para 2.469 propietarios y poseedores, y de 20 SMLMV para cada uno de los 3.585 integrantes de los núcleos familiares.

Además, por perjuicios materiales se deben pagar $21.919.617.822 para 270 personas que según el Tribunal acreditaron estos perjuicios. “El 24 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió nueva sentencia en la que con base en indicios, dio por probados dichos perjuicios morales y además dejó en firme el resto de las declaraciones y condenas del fallo inicial”.

Caso juez Cabarcas

Contrario al anterior caso donde el demandado es el Distrito, en este figura como víctima. Se tata del proceso que se adelanta contra el exjuez 6 Laboral del Circuito de Cartagena a quien la Fiscalía lo acusó por afectar, en favor de terceros, las finanzas del Estado en más de 40 mil millones de pesos.

El exfuncionario fue condenado por acceder a demandas contra el Instituto de Seguros Sociales, que buscaban el reconocimiento y pago de más de 90 pensiones de jubilación vitalicias, a personas que no cumplían los requisitos para ser pensionadas por estas cuantías.

“Producto de las acciones constitucionales de tutela, disciplinarias y penales se han recuperado para el Estado la suma de $10.731’150.017, que se encontraban a órdenes del proceso ordinario y ejecutivo laboral 13001-31-05-006-2011-045; y $13.087’435.591 que se encontraban a órdenes del proceso ordinario ejecutivo laboral 13001-31-05-006-2010-00451”, dice el informe de la ANDJE. Aunque la decisión fue a favor, y se obtuvo la condena por los delitos de peculado y prevaricato por omisión, se apeló la decisión para obtener una condena por prevaricato por acción. Actualmente se están adelantando trámites para obtener condenas en contra de los abogados involucrados con el fraude.

Electricaribe

Aunque este caso puntual de Electricaribe no es directamente contra Cartagena, involucra a toda la Costa Caribe y al país.

Hace unos dos años la empresa Naturgy demandó al Estado por 1.626 millones de dólares al considerar como una expropiación la intervención estatal sobre Electricaribe. Ante las pretensiones, el país contrademandó sustentando que la empresa de energía se encontraba en un estado financiero crítico que le impedía brindar un buen servicio a los siete departamentos de la Costa Caribe. La pandemia ha retrasado el fallo.

Panorama a nivel nacional

El director de la Agencia Jurídica del Estado aseguró que la Nación enfrenta demandas por 429 billones de pesos, distribuidas de la siguiente manera: 341.665 litigios por 401 billones de pesos; 70 procesos arbitrales por 5 billones de pesos; 16 procesos de arbitraje internacional por 22,9 billones de pesos y 1.125 casos ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

“El mayor volumen de demandas son por temas pensionales, de cesantías y prestaciones laborales. Las más cuantiosas son por perjuicios causados a particulares en contra del Estado y algunos temas contractuales”, indicó Camilo Gómez.

El 56% de los procesos tienen pretensiones que no exceden los 50 millones de pesos. El 72,3% de las pretensiones se concentran en 944 procesos. Esas pretensiones superan los 33.000 SMMLV (290,2 billones de pesos).

Respecto a la temporalidad de las demandas, de acuerdo con el reciente informe, el 52,4% de los procesos activos se han admitido en los tres últimos años. Sin embargo, los más costosos tienen una antigüedad mayor a 5 años.