Los reductores de velocidad no pueden estar en cualquier vía

04 de julio de 2017 12:00 AM

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De la noche a la mañana un reductor de velocidad apareció en la vía principal del barrio Almirante Colón.

El ‘policía muerto’ fue construido con concreto y pintado con amarillo y negro para alertar a los conductores que se movilizan por la vía. Ocupaba la mitad de la carretera, y aunque en el barrio nadie asumía directamente su construcción, se conocía que la intención era completarlo hasta el otro extremo de la carretera.

También se sabía que el objetivo de la instalación de la estructura era lograr que los vehículos disminuyeran la acostumbrada velocidad con la que van por la zona, como forma de prevención ante accidentes de tránsito, pero además como una herramienta para mitigar la ola de inseguridad que afecta a esa comunidad, ya que la avenida principal es la ruta de rápido escape de delincuentes en moto tras cometer hurtos.

“En esta vía se presentan muchos atracos y como Junta de Acción Comunal (JAC) dirigimos tres cartas al DATT (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte) solicitando los reductores, además de señalización, pero no han sido atendidas. Los vecinos que viven cerca a la avenida principal, que son los más afectados con la inseguridad, se reunieron y decidieron construir el reductor de velocidad, aunque sin las medidas necesarias. Pero la solución a esto es que las autoridades atiendan nuestro pedido”, explicó Ronald Turizo, vicepresidente de la JAC.

El ‘policía muerto’ pretendía ser una suerte de obstáculo para los ladrones, no obstante, no dejaba de ser un método para solucionar problemáticas por cuenta propia, sin la autorización de autoridades pertinentes.

En barrios como Olaya Herrera, Los Jardines, entre otros, han ocurrido situaciones similares a las de Almirante Colón, en las que las comunidades han decidido construir reductores de velocidad como mecanismos de protección. Sin embargo, la instalación de estos elementos no está permitida a particulares y ni en cualquier vía, ya que estas determinaciones obedecen a distintos criterios contenidos en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, según explicó Julio Padilla Ramos, coordinador de señalización del DATT.

“Por ningún motivo la comunidad debe construir estos reductores, no está permitido (…) Hay puntos de la ciudad programados para intervenir, pero la comunidad nos está pidiendo en muchas calles sobre todo por la inseguridad, para evitar que las motos circulen a exceso de velocidad y huyan. Nos han llegado las solicitudes y las tendremos en cuenta, pero como autoridad de tránsito no podemos ser partidarios de que la ciudad se llene de elementos que impidan la libre movilidad, además de que no hay capacidad financiera para llegar a todas las comunidades e instalar reductores de velocidad en todas las vías. El principal criterio para instalar reductores son los niveles de accidentalidad”, anotó.

CRITERIOS A SEGUIR
En el caso de Almirante Colón, el DATT precisamente instaló la semana pasada nuevos reductores de velocidad en plástico en la vía principal y demolió el construido por la comunidad. “Los resaltos deben tener una medida y diseño que minimicen su impacto con el vehículo, pero las comunidades tienden es a buscar un maestro de obra que, sin atender las medidas, lo construye generalmente de manera cilíndrica, lo que provoca un impacto muy fuerte. Cuando se construyen estas estructuras sin las medidas debidas, el impacto de estas con los vehículos genera una onda de choque que se transmite a las viviendas que están a los lados, por lo que cuando estas estructuras son realizadas con un diseño inadecuado terminan afectando de cierta forma a la comunidad”, manifestó Padilla Ramos.

De acuerdo al Manual de Señalización Vial, para la construcción de un resalto “se requiere siempre de un estudio de ingeniería de tránsito que demuestre la conveniencia de su instalación y el tipo de resalto a utilizar. El estudio técnico de ingeniería debe contener como mínimo: estudio de volúmenes y composición vehicular, estudio de volúmenes peatonales, estudio de velocidades, análisis de diseño geométrico, análisis de siniestralidad y determinación del sitio de ubicación del resalto”. Además precisa que “el resalto, según su diseño, es capaz de reducir la velocidad promedio hasta a 30 km/h, lo que los hace especialmente aptos para vías urbanas de carácter local y de uso de suelo predominantemente residencial y/o donde se ubican establecimientos educativos. Sin embargo, no son adecuadas para las vías urbanas de velocidad máxima igual o superior a 70 km/h y no se aplican en autopistas ni carreteras, a menos que estas últimas pasen por una zona residencial donde la velocidad máxima sea limitada a 60 km/h o menos”.

Algunos de los criterios anteriores, por ejemplo, fueron aplicados recientemente para el caso de la avenida del Lago, en donde se instalaron reductores de velocidad del tipo bandas alertadoras transversales, debido a que este año ocurrieron allí por lo menos tres volcamientos de vehículos, pese a la señalización en la zona.

DIVERSOS TIPOS
El coordinador de señalización del DATT comenta que en casos en los que se considera necesario, la entidad instala reductores de velocidad como bandas sonoras, que se arman con estoperoles (tacos de aluminio) y tachas reflectivas; bandas alertadoras trasversales, constituidas en grupos de bandas blancas que modifican la superficie de rodadura de la calzada y producen un efecto vibratorio en el  vehículo cuando este pasa sobre ellas; y resaltos portátiles, elaborados en caucho, plástico o cualquier otro tipo de material sintético de bajo peso y de alta resistencia al impacto.

Los reductores de velocidad construidos en concreto, a los que suelen llamar ‘policías muertos’ o ‘policías acostados’ y que pueden ser de tipo trapezoidal (pompeyano) o parabólico, son considerados obras civiles en vía pública, por lo que para el caso de Cartagena, corresponde a la Secretaría de Infraestructura avalar y llevar a cabo su construcción. “En esos casos, el DATT apoya solo haciendo un estudio técnico. Un ejemplo son los construidos en la cuarta avenida de Manga, que fueron asumidos por el Distrito”, afirmó Julio Padilla Ramos. 

SIN SANCIONES

Julio Padilla explicó que se dificulta sancionar a quienes construyen arbitrariamente reductores de velocidad, ya que estos se realizan de manera clandestina y casi nunca hay un responsable directo. “No se puede elevar una denuncia contra desconocidos porque eso no prospera”, dijo el funcionario, recordando además que para la remoción de estas estructuras también se deben apropiar recursos.

Padilla también anotó que en los puntos en los que se ha detectado alta accidentalidad se proyectan intervenciones con resaltos a través de un contrato de señalización (por cerca de $3700 millones) que se está ejecutando para toda la ciudad. A pesar que son obras que no están contempladas inicialmente, toca incorporarlas”.
 

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