Olga Liliana* era una de las mujeres del barrio Olaya Herrera que creen que el maltrato que reciben de sus parejas hace parte de los derechos que el marido tiene, por ser el proveedor del hogar.
También solía creer que únicamente los golpes se pueden considerar como “maltrato”, palabra que (para ella) nada tenía que ver con las restricciones a la libertad, los gritos, las palabras de alto calibre y el confinamiento a una vida de oficios domésticos, obligaciones maternales y complacencias sexuales.
Ella, al igual que sus vecinas más cercanas, habitan una de las zonas más precarias del gran Olaya Herrera, donde la ausencia de pavimento y los canales taponados de basuras son los elementos que componen ese paisaje urbano donde el tiempo parece haberse detenido en el miasma de la ciénaga de La Virgen.
Ahora, Olga Liliana integra un grupo de más de cuarenta amas de casa que asisten a los talleres llamados “Prevención y reducción de los factores de riesgo de violencia en las mujeres”, que organiza la Alcaldía de la Localidad 2, con el apoyo de la corporación Corsodimarp.
Los dirige la trabajadora social Shirley Cabrera Fajardo, la psicóloga Aida Rodríguez Torreglosa y el abogado Francisco Gómez Mejía.
Ellos aseguran que los talleres no solo ayudan a que las asistentes comprendan lo que es la violencia intrafamiliar y contra las mujeres; también otorgan herramientas para que las amas de casa conformen una red de veedoras que detecten estos casos, aconsejen a las víctimas y sepan dónde acudir para efectos de las denuncias correspondientes.
A Olga Liliana, al igual que a sus compañeras, todavía la cuesta trabajo hablar abiertamente y en público sobre los episodios de violencia que ha sufrido, “pero nuestra idea no es que ellas nos den detalles, sino que interioricen cuáles son los elementos que permiten identificar a tiempo un comportamiento violento por parte de la pareja”, advierten los profesionales.
Shirley Cabrera Fajardo, la trabajadora social, detalla que esas primeras charlas duran ocho días, después de las cuales se organizan las redes de apoyo que se dinamizan por Whatsapp o de manera presencial.
“El asunto --indica-- es que si las vecinas detectan un caso de violencia, pueden acercarse a la víctima y guiarla hacia las rutas de atención que ventilan esos hechos en sus propios barrios o fuera de ellos”.
Antes de iniciarse la capacitación, que debe durar 40 horas, la Alcaldía Local 2 y la corporación Corsodimarp realizaron una caracterización, la cual arrojó que el 40% de las mujeres incluidas presentan casos de violencia en cualesquiera de sus formas, no solo proveniente de la pareja sino también de padres y hermanos.
“El objetivo –informa la trabajadora social-- es capacitar a más de 300 mujeres de toda la Localidad 2, divididas en cuatro organizaciones de las cuales dos operan en el barrio El Pozón, una en el barrio La Esperanza; y la otra en el sector Zarabanda de Olaya Herrera. Cada organización debe tener un promedio de 70 mujeres vinculadas al proyecto.
Ada Rodríguez Torreglosa, la psicóloga, recalca que no siempre las mujeres se explayan en explicaciones sobre sus experiencias, “pero en cuanto exponemos nuestras teoría, las delatan sus gestos, sus formas de hablar, sus posturas, etc. Así las cosas, buscamos que aprendan a expresar esos sentimientos sin que se sientan nuevamente lastimadas”.
La misma metodología, según la psicóloga, propende porque las víctimas abandonen los complejos de culpa y dejen de sentirse inferiores, “pues sabemos que la violencia de pareja daña la autoestima, hasta el punto de que la víctima llega a creer que merece esos castigos y que no tiene derecho a quejarse. Nosotros les hacemos saber que todo ese imaginario es falso y que debe frenarse”.
La red de veedores funciona, además, como un disparador de la solidaridad comunitaria, “puesto que uno de los postulados de la violencia matrimonial reza que, supuestamente, ‘en cosas de marido y mujer, nadie se puede meter’; y eso, además de falso, ayuda a que el maltrato termine amparado por la impunidad”.
Francisco Vásquez Mejía, el abogado, cree que es fundamental que las amas de casa sepan sobre el modelo de Estado y el entorno legal en el que se están moviendo. “Por eso les brindamos orientación sobre la Constitución de Colombia y sobre las entidades que están destinadas a defenderlas”.
Esta ruta de atención a mujeres violentadas depende del tipo de hecho que se presente, que podría ser abuso sexual, maltrato físico, abandono de hogar o violencia económica, entre otros, los cuales ameritan siempre un acompañamiento jurídico para aminorar las consecuencias que podrían dejar esos acontecimientos.
“La Fiscalía, la Personería y las casas de justicia son las entidades que, en primera instancia, comienzan a activar esa ruta de atención a las mujeres violentadas”, dice Vásquez Mejía, quien reconoce que aún en estos tiempos muchas mujeres sufren cualquier tipo de maltrato, pero no lo denuncian porque desconocen las figuras, las entidades y los procedimientos para protegerse.
“Con esta capacitación –prosigue-- las apropiamos de herramientas, para que tanto ellas como su comunidad sepan de qué forma se deben frenar los abusos y cuáles son los derechos que deben prevalecer a la hora de empoderarse dentro de sus comunidades y en su núcleo familiar”.
Los tres profesionales informan que los talleres conllevan instrucciones para la creación de proyectos productivos, que les permitan a las víctimas independizarse económicamente, “ya que este último factor es determinante en la violencia marital. El hombre es quien responde económicamente por el hogar y muchas mujeres creen que por eso tiene derecho a ejercer cualquier tipo de maltrato sobre las personas que tiene a su cargo”.
*Nombre cambiado.
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