El edificio Aquarela sigue siendo el punto de quiebre entre el alcalde William Dau y la Procuraduría General de la Nación, pese a que ambos coinciden en que el destino final de la edificación debe ser la demolición. (Lea aquí: “Cartagena tiene un nuevo florero de Llorente y se llama Aquarela”: Dau)
Mientras que la Procuraduría y el Ministerio de Cultura esgrimen que la estructura debe demolerse ya que ocupa indebidamente espacio público y además “no cumple integralmente la norma de sismorresistencia” como lo ratificó la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en un estudio realizado, el alcalde Dau en reiteradas oportunidades ha asegurado que solo lo demolerá cuando haya una orden judicial que lo ordene y se tenga el respaldo de la Nación en las posibles consecuencias que esto pueda traerle al Distrito. (Le puede interesar: La respuesta de Mincultura al informe de la SIAB sobre Aquarela)
Su más reciente referencia al tema fue el pasado 20 julio en medio del inicio de las obras del proyecto Ciudadela La Paz.
“Lo vamos a tumbar una vez tengamos una resolución judicial, y una vez la Nación diga que responde por las acciones judiciales que se deriven de tumbar el edificio. Cartagena y los cartageneros nos negamos a asumir responsabilidad de las demandas que nos vienen encima si lo tumbamos sin tener sentencia judicial, sino por caprichos de funcionarios”, dijo Dau.
El Universal dialogó con Iván Darío Gómez Lee, procurador delgado para la Conciliación Administrativa, quien aseguró que el único responsable en este proceso es la Promotora Calle 47, consorcio a cargo de la obra y que el Distrito no ha sido señalado en ningún momento como responsable por las fallas y violación del espacio de la edificación, por tanto mucho menos se puede pedir corresponsabilidad de la Nación.
“Aquí no hay responsabilidad ni del Distrito ni de la Nación, la Procuraduría nunca ha hablado de alguna responsabilidad del Distrito, aquí lo que se demostró es la responsabilidad y actuaciones irregulares por parte de la constructora por la violación del espacio público y las normas técnicas”, indicó Gómez Lee.
Gómez lee aclaró también que las actuaciones de la Procuraduría han sido consecuentes con los informes presentados por cuatro procuradores Judiciales de Cartagena que asisten a las mesas de trabajo relacionadas con Aquarela, quienes en un oficio enviado a Gómez Lee el 9 de julio, advertían, entre otras cosas, que desde el 5 de junio se remitió al Inspector de Policía de la Comuna No. 2, Renzo Orozco, el informe de la SIC “en donde se le expresa específicamente que remita y dé a conocer el concepto para que la constructora tenga la oportunidad de controvertir u objetar”.
(Lea también: El caso Aquarela más allá de la demolición)
Y se resalta que del 5 de junio al 9 de julio, el inspector no había dado traslado a los constructores de la edificación Aquarela, como tampoco el alcalde de la ciudad.
Gómez dijo que “hemos dado plazo hasta la semana del 26 de julio para recibir el informe de las medidas que ha ejecutado el Distrito para el cumplimiento de la orden policiva y dependiendo de las medidas, se hará traslado por falta disciplinaria o no, a quien corresponda”.
El procurador delgado para la Conciliación Administrativa anotó que igualmente hay que recordar que el pasado viernes, el inspector de Policía de Cartagena, Renzo Javier Orozco, dio un plazo máximo de cinco días a la Promotora Calle 47 S.A.S, dueña del edificio Aquarela, para devolver los 619,49 metros que estarían siendo ocupados de manera indebida por la obra, por lo cual habrá que esperar que ocurre al cumplirse ese plazo.
Lo que dice la constructora
Es de resaltar que el consorcio constructor informó a través de un comunicado que para poder hacer efectiva la restitución se requiere una autorización que se encuentra en trámite en Secretaría de Planeación.
“Promotora Calle 47 SAS solicitó en el marco del debido proceso, la autorización para la intervención de la obra, la cual no fue otorgada, dado que se mantiene activa la medida cautelar adoptada en el marco de la Acción Popular instaurada por el Ministerio de Cultura. La constructora solicitó ante la Curaduría Urbana y su superior jerárquico, la Secretaria de Planeación de Cartagena, la modificación de la licencia de construcción, que en el momento se encuentra en trámite.
Adicionalmente, la constructora refiere que en la actualidad cursa un proceso contra dicho fallo policivo ante el contencioso-administrativo, el cual no ha concluido.
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