Por presuntas irregularidades en contrato de concesión de peajes en Cartagena, la Contraloría General de la República (CGR) profirió fallo con responsabilidad fiscal por $9.550 millones contra tres exdirectores de Valorización Distrital, cuatro exgerentes de EDURBE y el contratista CONVIAL S.A. (Lea: Peajes: fallo de responsabilidad fiscal contra exgerentes de Edurbe y Valorización)

De acuerdo con la CGR, los llamados a responder fiscalmente por estos hechos cuentan con 5 días hábiles, a partir de la notificación de esta decisión para presentar sus respectivos recursos de reposición y en subsidio de apelación. “Se probó un detrimento para el Distrito de Cartagena de Indias y un beneficio para el concesionario CONVIAL S.A. por la suma de $9.550 millones”, informó la CGR. (También le puede interesar: El recaudo de peajes alcanzó $4,07 billones en el año pasado)

Los implicados en este caso son: Dionisio Arango Cantillo, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal, quienes fungían como directores de Valorización Distrital. Por este mismo proceso también deberán responder los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador, y la sociedad Concesión Vial de Cartagena (Convial).

Tras el fallo de la Contraloría, el Comité Cartagena sin Peajes, aseguró que la determinación reitera que la Tasa Interna de Retorno (TIR), ya se alcanzó. “Es el segundo control excepcional realizado por la entidad de control fiscal y es el tercer fallo emitido en este proceso. Eso confirma que la TIR se recuperó y que se han presentado muchas irregularidades”, dijo Fidian García, capitán No Más Peajes.

Y continuó: “El negocio fue tan atractivo que a través de un Otrosí número 8, firmado por Dionisio Arango Cantillo, cambian las reglas del juego. Él estuvo al frente de Valorización por tres días y el Distrito asumió obras conexas que estaban a cargo del concesionario. Esperamos la liquidación del contrato y el desmonte de las casetas, creemos que el detrimento asciende a una cifra muy superior”.

“Ese fallo ratifica todo lo que hemos venido luchando. Cuando nosotros nos fuimos a las vías de hecho era porque teníamos todo el material probatorio que hoy confirma la Contraloría. No hay excusa para que la administración elimine de manera inmediata el contrato de peajes y desmonte todas las estructuras de estos adefesios”, reiteró Barreto.

Y reiteró: “Esperamos que este fallo de segunda instancia ratifica que sí hay detrimento patrimonial pero hay que aclararle a los cartageneros que ese detrimento es hasta 2016, eso quiere decir que todos los funcionarios de Valorización, Edurbe y Alcaldía están inmersos a seguir en el proceso porque han continuado cobrando los peajes de manera ilegal”.

Barrero agradeció a todos los actores que han luchado contra el desmonte de los denominados “retenes vehiculares” en Cartagena.